La investigación judicial sobre el robo del teléfono móvil de una colaboradora del líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, seguirá siendo secreta al menos un mes más, hasta 9 días después de las elecciones generales del 10-N. El auto de prórroga de secreto firmado por el juez Manuel García Castellón, del Juzgado Central de Instrucción Seis, fechado el 18 de octubre de 2019, viene así a retrasar nuevamente que las partes -y el público general- puedan conocer los detalles de esta investigación.

La existencia de esta pieza separada en el marco del caso Tándem, investigado por la Audiencia Nacional, fue dada a conocer en marzo de este año, y tanto el partido morado como la exasesora de Iglesias en el Parlamento Europeo que da nombre a la pieza -Dina Bousselham, hoy integrante de la gestora que pilota Podemos Comunidad de Madrid- decidieron personarse de inmediato. Desde entonces, el secreto se ha ido prorrogando todos los meses.

El juez ha decidido prorrogar un mes más el secreto de esta pieza a petición de la Fiscalía -la única que tiene acceso a la causa en esta situación-. El auto al que ha accedido Público explica que esta medida "es imprescindible para asegurar la protección del valor constitucional de la justicia, a la vista de la marcha de la investigación", y destaca que esto no supone ninguna "restricción" para el derecho de defensa, que podrá ser ejercido una vez levantado el secreto. 

Por su parte, fuentes de la dirección de Podemos critican la decisión de Castellón, y subrayan que "siempre" hay "coincidencias en estos temas" a las puertas de "momentos electorales cruciales", esto es, algo antes de las elecciones generales de noviembre.

También tildan de "excepcional" el mantenimiento del secreto de sumario. "Iba a ser levantado hace un par de meses", afirman, recordando que se daba por hecho que el magistrado tomaría esta decisión antes del verano. 

La información del teléfono de Bousselham, robado en noviembre de 2015, fue utilizada en 2016 por distintos medios digitales, que desvelaron comentarios vertidos por el líder de la formación morada en conversaciones personales, así como informes confidenciales y otros datos del partido.  

El terminal fue hallado en el domicilio del excomisario José Manuel Villarejo Pérez, en prisión provisional desde hace casi dos años -los cumple el 5 de noviembre-, acusado de cometer múltiples delitos. De hecho, el juez Castellón celebrará este viernes una vista para decidir si mantiene encarcelado a Villarejo. 

Entre otras cosas, en la causa se investiga cómo y quién ejecutó el robo, y si Villarejo actuó motu proprio, o si por el contrario fue un encargo para el Ministerio del Interior de Jorge Fernández Díaz, en el marco de las operaciones de la policía política que operó bajo el paraguas del Gobierno de Mariano Rajoy.