Tras la reunión al más alto nivel que se ha celebrado este jueves por la ten el despacho del presidente de la Generalitat, Quim Torra, JxCat y ERC han alcanzado este jueves por la tarde un acuerdo para desbloquear el voto delegado de los diputados suspendidos por el Tribunal Supremo. La resolución, dictada por el juez Pablo Llarena antes del verano, establece que los diputados procesados ​​deben dejar de ejercer sus funciones parlamentarias hasta que termine el proceso judicial. 

El acuerdo pasa por que los cuatro diputados de JxCat afectados —Carles Puigdemont, Jordi Sànchez, Jordi Turull y Josep Rull— presenten un escrito individual en el que avalen el documento que a su vez ha registrado esta mañana el portavoz de su grupo, Albert Batet, anunciando que "continuará votando en representación" suya. 

El acuerdo ha sido ratificado por la Mesa del Parlament pese a que los letrados de la institución no han avalado el acuerdo alcanzado entre Junts per Catalunya (JxCat) y ERC. A su entender, "no subsana los errores" sobre los que ya habían alertado antes de la formalización del acuerdo. 

Pero dado que la opinión de los letrados es consultiva y no vinculante, la Mesa ha decidido ratificar el acuerdo.

El letrado mayor del Parlament, Joan Ridao, y el secretario general del Parlament, Xavier Muro, habían alertado este jueves por la mañana a JxCat de que sus cuatro diputados suspendidos debían presentar un escrito firmado por cada uno de ellos, en el que designaran explícitamente a un sustituto o, de lo contrario, sus votos no se podrán contabilizar en el plenario.

Los letrados consideraban así que el formato del escrito de JxCat no es válido, dado que no se habla explícitamente de "designar" a un sustituto para que ejerza su voto, la fórmula que precisamente utilizaron el pasado martes los diputados republicanos Oriol Junqueras y Raül Romeva, ambos en prisión preventiva.

Si bien el acuerdo entre JxCat y ERC contempla que los cuatro diputados entreguen un escrito firmado por cada uno, como pedían los letrados, finalmente se ha mantenido la fórmula utilizada por Batet en su escrito y que los letrados insisten en que "no subsana los errores" detectados.

Meses de negociaciones

Este acuerdo ha costado meses de negociaciones y el cierre del Parlament hasta este octubre. Junts per Catalunya consideraba que la delegación de voto para los presos y exiliados que ya obtuvieron al inicio de la legislatura era suficiente, sin necesidad de más trámites. También creía que estos trámites suponían acatar la suspensión ordenada por Llarena.

ERC, por su parte, quería evitar nuevos conflictos judiciales, con la vista puesta especialmente a salvaguardar el presidente de la Cámara, el republicano Roger Torrent. El matiz es que los diputados procesados ​​firmarán un documento en el que manifiestan que siguen delegando su voto como hasta ahora. Esta fórmula permite presentar el acuerdo como que no ha habido acatamiento de la decisión de Llarena. 

Ahora, el principio de acuerdo permitirá que sobre las 17.00 horas de este jueves se de inicio al pleno que debía haber tenido lugar esta mañana. Será el diputado Albert Batet el encargado de hacer valer la votación de los procesados de JxCat, tal como lo había estado haciendo hasta ahora.

Este jueves, Puigdemont ha defendido desde Amsterdam la posición de su grupo: "El pleno del Parlamento ha decidido no suspender, por lo tanto nosotros ejerceremos por la vía más útil nuestros derechos. Somos diputados a todos los efectos", ha dicho el expresident catalán.

Diferencias evidentes

El debate de política general mide el grado de sintonía y confianza entre JxCat, ERC y la CUP tras varios días de desavenencias entre ellos. Las diferencias estratégicas entre JxCat, ERC y la CUP son evidentes, incluso más allá de lo que atañe a los diputados suspendidos por el Tribunal Supremo. Como consecuencia, los anticapitalistas de la CUP han enrocado en la oposición más dura mientras que los dos socios de Gobierno muestran posicionamientos contrarios, se saltan los pactos y ponen de relieve las tensiones entre los dos grupos.

El otro punto de discordia estratégica ha sido la fecha fijada por el presidente de la Generalitat, Quim Torra, para debatir sobre autodeterminación con el Gobierno central. Torra dio un plazo de un mes a Pedro Sánchez para plantear un referéndum durante su intervención en el debate de política general de este martes. Sin embargo, el presidente catalán no hizo constar esta apuesta a la carta enviada a la Moncloa para proponer una reunión entre las dos instituciones, rechazada por el gobierno central.

El ultimátum también se contradice con la propuesta de resolución acordada entre ERC y JxCat que insta al diálogo "bilateral" con el Gobierno español "basándose en el derecho a la autodeterminación", que se someterá a voto este jueves . Las intervenciones de los republicanos durante el debate de política general que se ha celebrado estos últimos tres días ha insistido en la vía del diálogo, ralentizar los tiempos del independentismo por ejemplar la base y no poner condiciones sobre la mesa, nada que ver con lo que ahora defienden sus socios de Gobierno.

Quim Torra ha vuelto a reiterar su defensa por el ultimátum por sus redes sociales, donde asegura que "dejará de dar al presidente Sánchez ningún tipo de estabilidad en el Congreso a partir de noviembre".