El Partido Popular que dirige Pablo Casado lleva más de dos años bloqueando la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y de las principales instituciones del Estado, como el Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo y la cúpula de RTVE. Tanto los vocales como el presidente del órgano de Gobierno de los jueces se nombran cada cinco años y deben acordarse por tres quintos del Congreso —210 votos—, por lo que es necesaria la colaboración del principal partido de la oposición. El actual CGPJ se conformó en diciembre de 2013, cuando el PP de Mariano Rajoy ostentaba una holgada mayoría absoluta.

La dirección del PP asegura ahora que están cerca del acuerdo con el Gobierno para renovarlo porque el PSOE ha aceptado una de sus principales exigencias: que Unidas Podemos no forme parte de la negociación. "Creemos que es el camino adecuado para fortalecer las instituciones, porque el pirómano no puede elegir al bombero", ha señalado este lunes el número dos del PP, Teodoro García Egea, en la Cope.

El secretario general de los populares ha asegurado que el partido que dirige Pablo Iglesias "no va a estar" ni va a "tener personas" en el CGPJ, pero esa afirmación es inexacta. Los morados nunca han formado parte de las negociaciones —que han 'pilotado' el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, y el portavoz judicial del PP, Enrique López—, pero sí tendrán presencia en el órgano de Gobierno de los jueces, como ya han aclarado desde el Ejecutivo. Según ha podido saber Público, podrán elegir entre dos y tres asientos.

Las fuentes consultadas en el PP por este diario dan por sentado que se llegará a un acuerdo esta misma semana —o la próxima, a más tardar—, y explican que el cambio de posiciones se debe a la ausencia de citas electorales y a la necesidad de dar una imagen de "seriedad" y "estabilidad". La dirección del PP insiste en la idea de que Podemos no estará, pero reconocen en privado que "no pueden hacer nada" si han negociado previamente con el PSOE un reparto conjunto, aunque sí pueden activar el botón del veto, especialmente si aparecen nombres como el de Ricardo de Prada, uno de los jueces que hizo caer a Rajoy en 2018, o el de Vicky Rosell, exdiputada de Podemos.

Esta será la tercera vez que el Gobierno de Sánchez y el PP ultiman un acuerdo después de haber estado a punto de cerrarlo en dos ocasiones —en noviembre de 2018 y en agosto de 2020—. En ambos casos se frustró por la negativa de la dirección de Casado, al que beneficia la mayoría conservadora actual. A esos acercamientos les siguieron múltiples excusas para justificar su 'no' a la renovación del Poder Judicial. Público las recopila a continuación.

La 'filtración' tras el WhatsApp de Cosidó

Era noviembre de 2018 y quedaba un mes para que el mandato del CGPJ caducara; las negociaciones entre la entonces ministra de Justicia Dolores Delgado y su antecesor, Rafael Catalá, por parte del PP, estaban prácticamente cerradas. Desde un primer momento, algunos conservadores criticaron el acuerdo por  "favorecer a los socialistas", pues once de los veinte candidatos "eran progresistas". El PP cedió a cambio de tener la presidencia "de su lado". El conservador Manuel Marchena, un magistrado conocido por su afinidad en favor del PP, era el designado para presidir el citado organismo.

Poco después (y puede que para 'tranquilizar' a los más escépticos) llega el mensaje de WhatsApp del entonces portavoz del PP en la Cámara Alta, Ignacio Cosidó, a todos los senadores de su grupo. En él, tacha el pacto de "jugada estupenda" y muestra su satisfacción con la elección de Marchena como nuevo presidente. "Controlando la sala segunda desde detrás y presidiendo la sala 61", señala. Un mensaje que se filtró a la prensa y que casi le cuesta el puesto a Cosidó, que dejó de ser portavoz tras las elecciones autonómicas del 2019.

Lejos de rectificar, Casado culpó al Ejecutivo de Sánchez de una realizar una "filtración interesada" del nombre de Marchena a algunos medios "sin conocimiento del PP ni del interesado". "En ese momento Sánchez hiere de muerte el pacto", argumentó el líder del PP. Después de ese intento, Génova esgrimió que había que volver a la ley previa a 1985, que la ministra de Justicia debía dimitir y también se escudó en la celebración de las elecciones generales para bloquear la negociación.

Podemos, el principal argumento del PP para no pactar

Casado ha encontrado en Unidas Podemos su principal argumento para no renovar el órgano judicial. En septiembre de 2020, Sánchez reveló que el Ejecutivo entabló en el mes de mayo negociaciones con el PP para la renovación del CGPJ. "Se había llegado a un acuerdo al 99% que, incomprensiblemente, el PP rompió en agosto", afirmó el socialista. Casado, por su parte, no admitió que el pacto estuviera tan cerrado, aunque sí la intención inicial, y aseguró que lo que cambió es la actitud de Unidas Podemos en agosto, cuando estalló el escándalo por la huida del rey Juan Carlos de España.

A partir de ese momento, los morados se convirtieron en la excusa de la dirección de Casado. Primero fueron los "ataques de Podemos" a la monarquía, después su presunta imputación por financiación irregular, pese a que el PP es el único partido que está condenado en firme por ese motivo. Los populares también argumentaron que no podían pactar con una formación que "quiere romper el orden constitucional" y que "ataca al poder judicial". 

Las formaciones independentistas también sirvieron a Casado para justificar su negativa. En víspera de la campaña para las elecciones vascas, el líder del PP criticó que Unidas Podemos quisiera gobernar con Bildu en Euskadi y lo citó como un motivo más para no pactar la renovación del CGPJ. Asimismo, censuró que Podemos quisiera pactar con las formaciones independentistas la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, algo que finalmente ocurrió en el mes de diciembre. 

El PP ya tenía previsto pactar tras las catalanas

Las fuentes consultadas por Público en las filas populares en el mes de diciembre ya apuntaban a que sería "difícil" cerrar el acuerdo antes de las elecciones catalanas, pese a que el ministro de Justicia ya aseguraba entonces que lo único que quedaba pendiente era "hacerlo público". El PP lo negaba. "No es verdad", aseguraba la portavoz de los conservadores en la Cámara Baja, Cuca Gamarra. "No existe un acuerdo de renovación", apostillaba López. Por su parte, García Egea, "descartó absolutamente" que la renovación se fuese a producir antes de final de año.

Con los Presupuestos Generales del Estado (PGE) a punto de aprobarse en el Congreso, una voz de la dirección del PP reconocía a este diario que "no podían permitirse" que el Gobierno de coalición se apuntara "otro tanto" con la renovación del Poder Judicial y del resto de organismos. Además, de esta manera los populares evitaban que tanto Cs como Vox utilizaran este acuerdo para desgastarles de cara a la campaña catalana. Como parte de esta estrategia, añadieron un nuevo motivo para bloquear la renovación del CGPJ: el supuesto indulto que el Ejecutivo iba a conceder a los presos del procés.

El Gobierno, por su parte, señalaba ya entonces que los nombres propuestos ya estaban decididos, sin vetos cruzados, y con un consenso prácticamente cerrado. En este aspecto, indicaban que solo quedaba un paso: que el PP lo confirmara públicamente. Algo que, todo apunta, ocurrirá en los próximos días.