El Tribunal Supremo ha sentenciado que el Gobierno debe aprobar antes de seis meses la normativa necesaria para que se puedan actualizar los sueldos de 877 funcionarios titulares de organismos de investigación científica.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal ha estimado el recurso de una veintena de investigadores de organismos públicos contra la inactividad reglamentaria del Gobierno, que ha incumplido su obligación de desarrollar la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación.

Del desarrollo de esa norma, que el ejecutivo deberá tener listo antes de seis meses, depende una parte de las retribuciones de 877 funcionarios provenientes de la Escala de Investigadores Titulares de los Organismos de Investigación que, con el sistema anterior a la Ley, no tenían complementos por méritos investigadores (quinquenios) y de excelencia científica del complemento específico (sexenios).

Los recurrentes, funcionarios de carrera, aducían que, a pesar de que la ley prevé que el nuevo régimen de carrera profesional y retributivo entraría en vigor el 1 de enero de 2014, la Administración no ha hecho lo necesario para ello.

El Gobierno no negó la inactividad, pero entendía que concurría una causa legal que no permitía el cumplimiento, concretamente las limitaciones de incremento de gasto público de las leyes de presupuestos para los años 2014 y 2015, normas que establecen un mandato explícito y general de estabilidad y control del déficit.

Sin embargo, el Supremo aprecia que "la Administración incumple un claro deber legal".

El Gobierno "burla las leyes"

Los científicos han señalado que la sentencia supone un "espaldarazo" a sus reivindicaciones y les da la razón cuando denunciaban que el Ejecutivo "burla las leyes vigentes con excusas insostenibles". Así lo ha señalado, Mariana Albentosa, portavoz de la plataforma 5s6s (quinquenios y sexenios), que agrupa a más de 400 científicos afectados de los organismos públicos de investigación.

Para Albentosa, la sentencia deja muy claro que la ley debe cumplirse con efectos de 1 de enero de 2014 y no con efectos de 1 de enero de este año "como pretende imponer el Ejecutivo" a través de la disposición adicional 37 del proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 2018, actualmente en fase de tramitación.

Según esta plataforma, en el citado proyecto de presupuestos aparece una disposición adicional que "abre la puerta" al cumplimiento de la ley de la ciencia en relación a las escalas científicas y equiparación de salarios, pero "recortando retroactivamente los derechos de los investigadores y penalizándolos por la inactividad del Gobierno durante los últimos siete años".

Antes de conocer la sentencia, los afectados se habían dirigido a todos los grupos, a los que se pidió que presentaran y apoyaran enmiendas a la citada disposición adicional para incluir la fecha de efectos que figura en la ley de la ciencia (1 de enero de 2014) y "no la que ha incluido el Gobierno para despojarnos de cuatro años de derechos consolidados".

En este sentido, la portavoz de la plataforma ha explicado que solo el Grupo Parlamentario Socialista ha presentado una enmienda a tal efecto, así que se van a dirigir al resto para que apoyen ese texto.

"De no hacerse así nos obligan a recurrir la disposición adicional 37 al Tribunal Constitucional para no perder definitivamente esos derechos", ha subraya esta investigadora.