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MADRID.- "Con 45 años, ¿a dónde vas? Entregas un currículo en una empresa y dices que toda tu vida has sido militar y no te quieren", manifiesta Fernando Tello, exsoldado. "Hay muchas propuestas de asociaciones y grupos políticos, unas serán más interesantes, otras menos... Pero la solución no es echarlos a la calle", afirma David Thovar, también exsoldado. Ambos iniciaron una marcha a pie desde Badajoz a Madrid para protestar por la situación de los militares de tropa y marinería que, por ley, deben abandonar las Fuerzas Armadas a los 45 años sea cual sea su condición física o preparación técnica.

Tello y Thovar llevan caminando desde el 11 de noviembre y esperan llegar a la capital el próximo día 26, cuando la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME) ha convocado una concentración frente a la sede de la Defensora del Pueblo. Allí, junto a todos los militares que quieran unirse, entregarán una queja a la titular, Soledad Becerril, denunciando que son discriminados en su puesto de trabajo por cuestión de edad. 
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La Ley de Tropa y Marinería, que empuja a los miembros de esta escala al desempleo al cumplir los 45 años, entró en vigor en 2006, bajo el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Solo permite quedarse en el cuerpo a aquellos que antes de llegar a esa edad adquieran la condición de militar de carrera. Algo que, según las asociaciones profesionales militares, solo consigue un 5% de los 80.000 soldados y marineros de las Fuerzas Armadas. El resto son despedidos. Los primeros afectados empezaron a salir hace dos años, cuando los que se alistaron tras la total profesionalización de los ejércitos en 1990 soplaban las velas de su 45º cumpleaños. 

El Estado otorga una asignación a los despedidos de 600 euros al mes, que no cuentan para la pensión ni otorgan seguridad social

Diez años después de la concepción y redacción de la Ley de Tropa y Marinería, la situación de aquellos a los que ampara es dramática. El mercado laboral, entonces boyante, no puede absorber ahora a los miles de profesionales de las Fuerzas Armadas que están saliendo en masa cada año. Condenados al desempleo por el Estado, disponen del subsidio de paro y, cuando lo agotan, una asignación de 7.200 euros al año. 600 euros al mes no contributivos: no cuentan para la pensión ni dan acceso a la seguridad social. 

Según los cálculos de AUME, en diez años la factura que el Estado tendrá que pagar por las asignaciones de estos ex soldados y marineros llegará a los 10.000 millones de euros.

La ley, negociada por el entonces ministro socialista José Bono, contempla que Defensa debe ofrecer una formación complementaria que prepare a los militares para su futura vida como civiles. Algo que el secretario general de AUME, Jorge Bravo, denuncia que "no se está dando en ningún caso". "El Estado procede rigurosamente con su despido, pero no está cumpliendo la parte de la ley en la que se comprometía a formarlos", añade.

Dispuestos a llegar al Tribunal Europeo de Derechos Humanos

Existen precedentes de la queja que los miembros de AUME y el resto de militares que deseen hacerlo expondrán el próximo sábado ante la Defensora del Pueblo. Otras dos asociaciones representativas de la escala de tropa y marinería llevaron el caso ante Soledad Becerril en 2015. "La defensora del pueblo no podía hacer nada porque la ley se publicó en el 2006 y han pasado todos los plazos legales para pedir una revisión o pedir paralización por incumplir los derechos constitucionales", explica a este medio Antonio Martínez, presidente de AMTM. 

Estas dos asociaciones —la Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME) y la Asociación de Militares de Tropa y Marinería (AMTM)— están recorriendo ya los cauces legales para llevar el caso de los soldados despedidos a los 45 años ante el Tribunal Constitucional y, de ser necesario, ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Confían en que la reciente jurisprudencia de la sala internacional les ayude en su propósito. 

Subcomisión en el Congreso para tratar el caso

La diputada socialista Zaida Cantera propondrá este jueves en la comisión de Defensa del Congreso crear una subcomisión para decidir qué hacer con los soldados y marineros españoles. El objetivo último es redactar una nueva ley, una necesidad en la que la mayoría de los partidos del hemiciclo están de acuerdo, aunque difieren en el fondo y forma que esta debería adoptar.

La creación de la subcomisión será previsiblemente aprobada con el apoyo de todos los partidos, tal y como sucedió en la anterior legislatura fallida. A partir de ahí llegan los desacuerdos: Podemos y Ciudadanos son partidarios de integrar a todos los militares en una sola de ley (en la actualidad hay dos, la de tropa y marinería y la Ley de Carrera Militar, que engloba a los militares permanentes, a los oficiales y a los suboficiales) y que cada miembro de las Fuerzas Armadas tenga las mismas oportunidades que los demás de desarrollar toda su carrera profesional en el cuerpo.

"Hay que ser realista con la situación que vive España y no con una utopía", afirmó Zaida Cantera en una reunión con asociaciones militares

En el otro extremo se sitúan PP y PSOE. Los conservadores son partidarios de tratar el tema en la subcomisión, pero no de reformar una ley que criticaron duramente en el momento de su negociación en 2006. El PSOE, por su parte, pretende reformar la norma, pero no cambiar su fondo. "Hay que ser realista con la situación que vive España y no con una utopía", afirmó Zaida Cantera recientemente en una reunión con asociaciones militares. "A mí me encantaría decir que todos los que se alisten van a poder desarrollar toda su carrera en las Fuerzas Armadas, pero eso no es viable, porque supondría un envejecimiento excesivo", expuso.

Preguntados en la citada reunión sobre la posibilidad de adoptar una medida transitoria para evitar que más militares vayan la calle, tanto Cantera como el portavoz del PP en la comisión de Defensa, Ricardo Tarno, se mostraron rotundamente contrarios. Las soluciones deberán llegar a través de la subcomisión, y mientras el Congreso debate, miles de personas seguirán siendo despedidas por Defensa por cumplir 45 años y sin haber recibido la formación para la vida civil que la ley les promete.