La legislatura arranca el martes en el ámbito parlamentario con la constitución de las Cortes. En la sesión, los diputados jurarán o prometerán sus cargos, con el fin de formalizar su condición de parlamentarios, y elegirán a los miembros de la Mesa del Congreso, el órgano de gobierno de la Cámara Baja.

El ciclo político se inicia con varias incógnitas dada la actual aritmética parlamentaria: la situación de bloqueo que se vive desde hace meses, la incertidumbre sobre la investidura de un Gobierno, las leyes pendientes de las anteriores legislaturas y, sobre todo, el papel real que jugará la extrema derecha en la Cámara, dada su condición de tercera fuerza política.

Los 52 escaños de Vox les dan a los de Abascal una capacidad que va más allá de lo testimonial y de lo discursivo; sin en abril la extrema derecha veía el Congreso como una caja de resonancia para sus postulados, tras los comicios de noviembre su margen de actuación es mayor.

El primer indicio de su relevancia se dará en la propia sesión constitutiva de las Cortes, a la hora de elegir la Mesa del Congreso. En este órgano, al igual que en el resto de órganos del Parlamento, el PP será decisivo en el peso que finalmente tenga Vox. El PSOE y Unidas Podemos tienen el objetivo de que los de Abascal no entren en la Mesa, un objetivo que es compartido por casi todos los grupos del arco parlamentario.

Los socialistas negociaron con los de Pablo Casado para tratar de excluir a la extrema derecha del órgano a cambio de más puestos para los conservadores. Desde el principio, el PP se negó a participar en la operación, pero si la semana pasada anunciaban que su intención era la de utilizar sus votos en su propio beneficio (para asegurarse los dos asientos que le corresponderían), en la actualidad se plantean una alianza con Vox para garantizar una entrada de los de Abascal en la Mesa con la que poder restar fuerza a PSOE y Unidas Podemos, arrebatándoles la vicepresidencia primera del órgano.

Esta posible alianza en el espacio conservador podría marcar el principio de una cooperación parlamentaria que garantizaría a Vox posiciones incluso más ventajosas que las que le otorgan sus 52 escaños y que, en definitiva, harían más fuerte a la extrema derecha. Al reparto de la Mesa le suceden otras negociaciones para distribuir puestos en los distintos órganos del Parlamento.

Las comisiones parlamentarias suelen protagonizar buena parte de estas negociaciones, que se centran en dos aspectos fundamentales: el número de diputados que la componen y las Mesas que dirigirán sus trabajos. La aritmética de las comisiones tiene que referenciarse, en buena medida, en la del Pleno, por lo que si un grupo o un bloque es mayoritario en el hemiciclo, no puede ser minoritario en una comisión. Sin embargo, aunque se debe regir por la proporcionalidad del Pleno, el número de diputados nace de un acuerdo entre grupos y puede ser variable, por lo que se pueden reducir y aumentar márgenes en las mayorías para decantarlas.

Vox, a por Igualdad y Memoria Histórica

Las mesas de las comisiones, al igual que la del Congreso, dirigen y coordinan los trabajos que se llevan a cabo: fijan los calendarios para tramitar leyes, ordenan los debates y eligen a los ponentes y comparecientes (sobre todo en las comisiones de investigación). 

Durante la XII Legislatura (2016-abril de 2019), el Congreso abrió un total de cinco comisiones (la de utilización partidista del Ministerio del Interior, crisis financiera en España, presunta financiación ilegal del PP, accidente ferroviario ocurrido en Santiago y accidente del vuelo JK 5022 de Spanair). En algunas de ellas (sobre todo en la de la utilización del Ministerio del Interior y en la que investigaba la financiación del PP) la mesa fue un elemento clave a la hora de, por ejemplo, solicitar la comparecencia de personas implicadas de alguna forma en el asunto.

Algunos grupos, como Unidos Podemos o Ciudadanos, pidieron que se citara a personas como Mariano Rajoy, Ignacio Cosidó o Florentino Pérez en la comisión de investigación sobre las finanzas del PP, pero el órgano concluyó sus trabajos con el fin de la legislatura sin citarlas, ya que la mesa no introdujo de forma oficial su comparecencia en el calendario (a pesar de tener algunas de ellas pactadas entre los grupos).

Si el PP y Vox unen sus fuerzas (143 escaños) podrían repartirse algunas de las presidencias y de las secretarías de las mesas de las comisiones, sobre todo si Cs acaba formando parte de la posible alianza estratégica de las derechas, que tendría una fuerza de 153 escaños. El resto de grupos deberían alcanzar amplios acuerdos para restar enteros a la ultraderecha y rebajar su capacidad de influencia en los trabajos de la Cámara. 

En parlamentos autonómicos como el andaluz, Vox ha llegado a acuerdos con el PP para presidir comisiones como la de Igualdad o la de Memoria Histórica, órganos donde es la extrema derecha la que dirige los trabajos. Pero la influencia de los de Abascal no se limita solo a las comisiones y a la Mesa del Congreso, sino que el mayor impacto se puede producir en la aprobación y el freno de algunas leyes que quedaron pendientes de las legislaturas pasadas.

En la XII Legislatura, presidida por Rajoy y por Pedro Sánchez, la mayoría de PP y Ciudadanos en la Mesa bloqueó el trámite de numerosas iniciativas sociales, como la reforma de la ley de mordaza. Con su desbloqueo, algunas comisiones se afanaron en agilizar sus trabajos para completar la tramitación de estas leyes en una legislatura que, ya a finales de 2018, comenzaba a apuntar hacia su fracaso.

La reforma de la ley de seguridad ciudadana, la ley de eutanasia, la ley de igualdad de trato y no discriminación, la ley de igualdad LGTBI o la aplicación de las medidas urgentes del Pacto de Estado contra la Violencia de Género terminaron por fracasar con el adelanto electoral. La mayoría de estas normas se tramitaban en la Comisión de Igualdad, cuyos miembros, con los primeros síntomas del fracaso de la legislatura, advirtieron de la necesidad de culminar el trámite de las reformas ante el ascenso de una extrema derecha que en ese momento solo se había institucionalizado en Andalucía.

Sin embargo, en la mayoría de estas normas no existía un consenso amplio en lo referente a algunos puntos legislativos, por lo que la agilización de sus trámites se quedó en las intenciones. Las posiciones de Vox respecto a temas como la violencia machista o la igualdad LGTBI no solo hacen, de entrada, prácticamente imposible un consenso amplio, sino que podrían dificultar una tramitación que ya demostró no ser fácil cuando la ultraderecha no tenía presencia en la Cámara Baja. En este contexto, cobra una relevancia crucial el PP que, de momento, parece decantarse por cooperar con la ultraderecha en el Parlamento.