MADRID.- "No sé por qué razón sale ahora (el dictamen). Es un misterio, no lo sabemos y si tiene o no intencionalidad". El vicesecretario de Organización del PP, Fernando Martínez-Maíllo insinuó así este miércoles que la reciente publicación del informe del Consejo de Estado que culpabiliza al Ministerio de Defensa de Federico Trillo del accidente del Yak-42 podría deberse a una venganza política. Pero la propia institución ha desmontado su particular 'teoría de la conspiración'.

Fuentes del organismo que preside José Manuel Romay Beccaría han mostrado, en conversaciones con este diario, su sorpresa por las declaraciones de los conservadores que apuntan en esa dirección y han asegurado que el Consejo se ha limitado a cumplir con los plazos habituales de publicación de sus dictámenes. 

El dictamen sobre la responsabilidad patrimonial del Estado en la falsa identificación de los cadáveres fue aprobado por el Consejo el pasado 20 de octubre. En aquel entonces, el Gobierno de Mariano Rajoy todavía estaba en funciones. 

El nuevo Ejecutivo necesitó su tiempo en reorganizarse para poder estudiar el dictamen. Una vez el departamento que ahora dirige María Dolores de Cospedal resolvió al respecto, el Consejo de Estado ya estaba autorizado para publicarlo. 

El PP se sorprende de que el informe se emita 13 años después del accidente. Fue el propio Gobierno quien lo pidió al Consejo de Estado, en mayo de 2016

Pese a todo, en el PP alientan las sospechas sobre un presunto complot contra Trillo. El exministro de Aznar pretende volver (y hay quien asegura que incluso presidir) al Consejo de Estado, a cuyo cuerpo de letrados pertenece, una vez se produzca su cese en la embajada de Londres. Y sus excompañeros en el partido -que le muestran todos sus respetos tras su gestión del caso de los trajes de Francisco Camps- pretenden lanzar dudas sobre la intencionalidad de la publicación, justo ahora, del informe que le salpica y no favorablemente. 

"Todos pensábamos que el tema Yak-42 ya se había sustanciado suficientemente", defendió Maíllo en su entrevista en RNE. Tras recordar que Trillo compareció varias ocasiones en el Congreso, el vicesecretario del PP recordó que ya hubo cinco resoluciones judiciales que, con "absoluta claridad", exoneran de responsabilidad civil y penal a los altos cargos de Defensa que había entonces. Los conservadores se preguntan, así, por qué después de 13 años, el fatídico accidente ha vuelto a saltar a los medios.  

Sin embargo, fue el propio Gobierno quien pidió al Consejo de Estado un informe sobre la responsabilidad del Estado que habían solicitado los familiares de las víctimas tras los errores de identificación de los cadáveres. La solicitud del Ejecutivo se presentó en mayo de 2016. El Consejo de Estado dictaminó al respecto el 20 de octubre. Y se ha conocido ahora, siempre según fuentes de la alta institución, por los motivos ya esgrimidos anteriormente.