La teniente coronel auditor Mercedes Alba Rodríguez ha pasado en apenas un año de ser la titular del Juzgado Togado Militar número 11 de Madrid a encargarse de la atención a los militares heridos o víctimas de acoso. No obstante, su nombre fue noticia en 2017 cuando decidió archivar el caso de un teniente que llamó "puta" y "zorra" a una sargento al considerar que son "meras expresiones malsonantes y soeces, pero que en ningún caso presentan entidad penal".

La juez militar es la nueva directora de la División de Igualdad y Apoyo al Personal de la Dirección General de Personal del Ministerio de Defensa, tal y como recoge el Boletín Oficial del Estado, que en su edición del pasado lunes anunciaba su nombramiento (curiosamente, sin mencionar su empleo militar). Desde noviembre del pasado año, momento en el que abandonó el juzgado, trabaja en el Ministerio de Defensa. Sucede en el nuevo puesto a la coronel María Begoña Aramendía.

En 2017, exoneró a un oficial denunciado por una mujer, sargento entonces, por una serie de hechos que tuvieron lugar en una cena de despedida en un club militar. El teniente quiso que la militar enseñase sus tatuajes, ella se negó y agarrándola por la cintura el hombre dijo que estaba “dura como una puta”. Luego el teniente la llamó “zorra” al negarse a invitarle a una copa.

La suboficial también afirmó haber recibido mensajes del teniente a su teléfono móvil con contenido denigrante (“tu sigue llevando canalillo” o “es que no te vendes bien ese cuerpo”), entre otros comportamientos reprochables.

Pero la entonces juez no consideró que esas acciones supusieran delitos de acoso sexual o laboral ya que, a su juicio, “existía entre ambos una relación que iba más allá de lo estrictamente profesional” y la supuesta amistad “diluye esa connotación ofensiva que podrían tener los términos empleados”.

El siniestro de Hoyo de Manzanares

Mercedes Alba Rodríguez también fue la juez que archivó hasta en tres ocasiones el sumario del dramático siniestro que tuvo lugar en febrero de 2011 en la Academia de Ingenieros de Hoyo de Manzanares, en Madrid, cuando cinco militares murieron al estallar explosivos caducados en un ejercicio de entrenamiento. Otros dos militares —el teniente de Infantería de Marina José M. Candón y el sargento primero Raúl A. González— resultaron heridos.

La juez acordó el archivo en dos ocasiones y desestimó su reapertura en 2017; en todos esos casos tuvo que intervenir el Tribunal Militar Territorial de Madrid, tras los recursos interpuestos por las partes y para "garantizar con plenitud un nuevo pronunciamiento respetuoso con los principios de publicidad, contradicción e inmediación judicial".

Esa actuación del juzgado fue duramente criticada por el coronel en la reserva Santiago Casajus, quien perteneció al Cuerpo Jurídico Militar durante 33 años en las Fuerzas Armadas y ahora escribe en su blog personal. En él, llega a criticar la actitud "absolutamente pasiva durante la tramitación de las diligencias previas".

Imagen de una de las salas del Tribunal Militar de Madrid. TMT

Ella también abrió diligencias en el caso de la muerte del cabo malagueño Francisco Javier Soria Toledo en enero de 2015 en el sur del Líbano, desplegado como casco azul de la ONU y víctima de un proyectil de las tropas israelíes. El asunto terminó recayendo en la Audiencia Nacional, mientras que el propio Gobierno no tardó en exculpar al ejército israelí para consternación de los familiares del fallecido.

Años antes, en 2013, desde su juzgado desestimó el 'habeas corpus' (puesta a disposición judicial inmediata) pedido por la defensa del entonces presidente de la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME), el subteniente Jorge Bravo, sancionado con un mes y un día de arresto en un centro disciplinario militar por sus declaraciones sobre los recortes en Defensa. Este caso llegó al Tribunal Supremo, que declaró nula la sanción en una "histórica sentencia" —en palabras de Bravo a este diario— en la que reconocía por primera vez el derecho de los militares a criticar públicamente a los mandos, siempre "con moderación y respeto" y con "mesura".

Funciones que requieren "sensibilidad"

Entre las funciones que deberá desempeñar Mercedes Alba Rodríguez a partir de ahora, se encuentran la de reconocer los derechos y conceder las prestaciones de clases pasivas, coordinar la política social para el personal militar y coordinar las políticas de igualdad. De hecho, es la secretaria permanente para la igualdad entre mujeres y hombres en las Fuerzas Armadas

También tiene responsabilidad en las áreas de dependencias y acción social de Defensa. Y se encargará de la unidad de apoyo a heridos y familiares de fallecidos. Bajo su dirección se encuentran la Oficina de Atención a la Discapacidad en las Fuerzas Armadas y la Unidad de Protección frente al Acoso del Órgano Central.

El abogado asesor jurídico de la Junta Directiva de AUME, Mariano Casado, opina a título personal que la división tiene una función clave en las Fuerzas Armadas porque sus decisiones afectan en lo personal.

"Creo que es muy importante que ese cargo requiere tanto un alto nivel de conocimiento técnico como una gran dosis de sensibilidad, precisamente por los temas que toca: mujer, familia, etc.", comentó Casado por teléfono a Público, y agregó: "Tiene muchos retos por delante y ojalá potencien sus competencias para que pueda coordinar las políticas de igualdad y apoyo al personal —lo que incluye heridos y discapacitados— en los tres Ejércitos".

Público ha tratado de contactar con Mercedes Alba Rodríguez a través del Ministerio de Defensa, pero no se ha recibido respuesta hasta el momento. 

La bandera española a media asta ante la fachada del Ministerio de Defensa, en una imagen de 2015. EFE