Josep Jover (Terrasa, 1955) es un abogado especializado en propiedad intelectual y derechos humanos y gestor de conflictos. Se le ha conocido con varios sobrenombres: algunos le han llamado "abogado de los indignados", puesto que lideró la comisión jurídica del 15-M en Barcelona desde su nacimiento, participando en procesos ante la justicia europea como el céntimo sanitario o las cláusulas suelo. También se le ha llamado pirata tras encabezar como candidato independiente las listas del Partit Pirata de Catalunya en las autonómicas de 2010 y 2012 y en las generales de 2011. Aunque su apodo más conocido es "el enemigo de la SGAE", ya que fue el letrado que representó la demanda de María Méndez contra el canon digital, que culminó con la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE declarándolo ilegal.

Ahora su cliente es ERC. Su contrato llega hasta el 2 de octubre, y su misión ha sido diseñar la estrategia jurídica para defender el procés independentista catalán y a los políticos que lo han impulsado. En el borrador de dicha estrategia, que será publicado bajo licencia libre y al que ha tenido acceso Público, Jover y el equipo multidisciplinar que coordina argumentan que los recursos del Gobierno ante el Tribunal Constitucional son inútiles: sólo el Tribunal de Justicia de la UE tendría la competencia para decidir si el referéndum es legal o no.

¿En qué se basan para afirmar que el Tribunal Constitucional no tiene la competencia para parar el referéndum?

Hay toda una serie de temas que salen de la Constitución española y se van hacia Europa. Cuando se van hacia Europa hay un plus de derechos fundamentales que se coloca encima de la Constitución española. Entre esos pedazos de soberanía que se han ido está la soberanía territorial.

En el momento que la UE ha legislado sobre la materia, España pierde la soberanía. El art. 2 y el art. 6 del Tratado de Funcionamiento de la UE dicen que cuando la UE legisla, el Estado pierde la soberanía. Ha legislado sobre cómo ha de ser la soberanía territorial y, por tanto, ha legislado sobre cómo deben ser las estructuras de los estados. Con eso es suficiente.

La UE no ha legislado sobre la independencia de una parte de un Estado miembro. En ese caso, ¿no se mantendría la soberanía nacional?

No, porque ya ha legislado sobre cómo debe ser Europa. No hace falta que legisle expresamente sobre ese tema puntual.

Hay, por ejemplo, una Carta sobre cómo se ha de desarrollar la autonomía de las regiones. Por lo tanto, legislar lo ha legislado. Lógicamente no ha legislado diciendo que los catalanes se puedan independizar, pero es el mismo procedimiento por el cual no se opuso a que los escoceses convocaran un referéndum de independencia.

¿No demuestra el caso escocés que la competencia para permitir un referéndum de autodeterminación es nacional, como entonces del Gobierno británico?

No, esa competencia no era del Gobierno británico. Lo que pasa es que la UE mientras no se interponga en sus objetivos, se dedica a lo suyo. Lo que hizo el Gobierno británico fue decir "ya pacto yo". Ya está. Pero la UE sobre eso ha legislado.

El Gobierno español ha transferido competencias a la UE, competencias que ya no puede asumir como propias. Muchos de los procedimientos que ha interpuesto ante el TC debería haberlo hecho ante el TJUE, porque el TC no tiene ya esta soberanía. El matiz no es el mismo.

La legislación de la UE sobre cohesión territorial no regula el derecho de autodeterminación…

Bueno, pues que lo dictamine la Unión Europea. Pero como ha legislado sobre la materia hay dos cosas que caen encima: una es que el tribunal que decide sobre ello es el TJUE, y la otra es que la norma que hay que poner encima de la mesa es la Carta de Derechos Fundamentales de la UE.

El artículo 11 de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE que habla de la libertad de expresión, y también en su punto segundo sobre la libertad de prensa, prohíben hacer nada contra la libertad de expresión (es el único aspecto de la Carta que hace una prohibición a los estados). Es decir, a nuestra manera de entender, prohíbe hacer nada contra la convocatoria de un referéndum.

Es libertad de expresión. Como se señala en nuestro dictamen, primero está el derecho a la democracia y después está el derecho al ordenamiento jurídico. Por lo tanto los juristas, que en esto tenemos una especial manía, entendemos que primero está el derecho a convocar el referéndum y después la normativa que pueda tener el Estado sobre ello.

¿Y ese mismo principio no podría invocarlo el Gobierno español aludiendo a que la Generalitat está usando mecanismos que están fuera de la democracia española?

Que lo invoque, e inmediatamente se le preguntará: ¿usted tiene competencia para decidir sobre ello? Pregúnteselo al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, porque eso no atañe al Estado español.

Se estaría pidiendo al TJUE que se posicione ante una cuestión que es claramente política, no judicial.

El TJUE, en el momento en que hay una Carta de Derechos Fundamentales, es un tribunal político también. Hay una constitución de derechos que está en el Tratado de Funcionamiento de la UE y en la Carta de Derechos Fundamentales, y en la Convención Europea de Derechos Humanos del Consejo de Europa.

La meta es que el sea el TJUE el que defina si existe o no un derecho a la autodeterminación con esas convenciones en la mano.

Exactamente. Es decir: si el derecho a la autodeterminación que quieren ejercer los catalanes tiene una implicación de derecho comunitario o no.

El documento con la estrategia jurídica para lograr ese fin se publicará bajo licencia creative commons.

Sí. Es importante reseñar que nosotros (el equipo) no seremos abogados de nadie. Nuestro encargo es crear herramientas jurídicas, que hasta ahora no han existido, para ponerlas a disposición de todas las defensas, Con carácter de licencias libres. Si alguien viene a contratarnos como equipo de abogados... diremos que no.

Han presentado