Todo apunta a que este lunes el Gobierno de Pedro Sánchez reconocerá de manera formal a Juan Guaidó como presidente de Venezuela, después de que se autoproclamase presidente del país latinoamericano, con el apoyo manifiesto de Trump y, posteriormente, el de otros estados del continente. El lunes se cumplirán ocho días desde que el presidente del Gobierno presentó ante los medios el ultimátum a Maduro: si no convoca elecciones, España mostrará sus afectos oficiales al líder de la Asamblea Nacional.

Esta situación adentra a España en un terreno desconocido hasta la fecha, ya que al reconocer a Guaidó, la embajada venezolana en España contará con personal designado por el Ejecutivo de Nicolás Maduro, que para Sánchez dejaría de ser el presidente legítimo. A esto, se debe sumar el hecho de que se espera que el autodenominado "presidente interino de Venezuela" envíe a sus propios embajadores. Algo que ya ha hecho en otros países de Latino América.

Por ello, ante esta situación inédita, Exteriores está preparando acciones ante el peor de los escenarios, tal y como informa este sábado El País.  En el momento que España reconozca a Guaidó como presidente legitimo, Sánchez no tendrá más remedio que retirar la inmunidad diplomática a Mario Isea, actual embajador de Maduro en España.

Además, Exteriores podría bloquear todas las cuentas corrientes de la embajada venezolana para ponerlos a disposición de Guaidó. En cualquier caso, es preciso recordar que, sujeto al principio de reciprocidad, el Ejecutivo español podría esperar a que la embajada española en Venezuela estuviera sometida a prácticas hostiles para impulsar este tipo de medidas.

Según informa El País, Por el momento Exteriores ha optado por agrupar en un mismo espacio a todas las legaciones diplomáticas de las que dispone en Venezuela. De este modo, se busca paliar la inseguridad que proporciona la dispersión.

Además, ha enviado a la embajada de Caracas a un equipo del Grupo Especial de Operaciones de la Policía Nacional. En cualquier caso, la problemática de esta situación tiene que ver con la capacidad de reacción de España en caso de que se produzcan detenciones de ciudadanos españoles, tal y como ocurrió esta semana con un grupo de periodistas de la Agencia Efe.