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La Fiscalía mantiene los seis años de cárcel y 21 de inhabilitación para Laura Borràs

El Ministerio Público ha rebajado a dos años la condena que solicita para su amigo Isaías H., beneficiario de los contratos que presuntamente la líder de Junts adjudicó a dedo.

Laura Borràs
La expresidenta del Parlament, Laura Borràs, en la tribuna de invitados durante la sesión de control al Govern este pasado miércoles. Andreu Dalmau / EFE

La Fiscalía ha mantenido en la fase final del juicio a la presidenta de Junts, Laura Borràs, la petición de condenarla a seis años de prisión y 21 de inhabilitación por presuntamente fraccionar 18 contratos cuando dirigía la Institució de les Lletres Catalanes (ILC).

En cambio, en el trámite de conclusiones finales del juicio en el Tribunal Superior de Justicia de Cataunya (TSJC) las fiscales han rebajado la petición de penas para los otros acusados, Isaías H. y Andreu P., porque han confesado.

El motivo de la rebaja, ha argumentado la Fiscalía, es la aplicación de la atenuante de confesión a estos dos acusados, quienes en su declaración ante el tribunal confesaron las presuntas irregularidades y delataron a Laura Borràs, al admitir que los contratos se adjudicaron a dedo y que siguieron instrucciones de la presidenta de Junts sobre cómo ocultarlo.

En ese sentido, la fiscal Anticorrupción Teresa Duerto ha recordado que los acusados, a quienes atribuye los delitos de prevaricación y falsedad documental, "han declarado reconocer los hechos y la participación", lo que ha sido de vital "importancia para aclarar los hechos" enjuiciados.

Además de las penas de cárcel, la fiscal ha rebajado de 21 a 7 años y ocho meses de inhabilitación la condena para Isaías H., además de 2.100 euros de multa, mientras que a Andreu P. se la ha reducido a cuatro años y tres meses de inhabilitación y 2.250 euros de multa.

Su petición de condena para Borràs se mantiene en los mismos términos: seis años de cárcel, 21 de inhabilitación y multa de 146.000 euros por los delitos de prevaricación y falsedad documental por adjudicar presuntamente a dedo a su amigo 18 contratos menores entre marzo de 2013 y febrero de 2017, cuando dirigía la Institució de les Lletres Catalanes (ILC).

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