MADRID.- "Ni un euro público tiene que ir para financiar a la Iglesia ni a ninguna otra confesión religiosa". Así ha resumido el candidato de IU-Unidad Popular a la Presidencia del Gobierno, Alberto Garzón, su propuesta para un Estado "100% laico". El dirigente de IU ha elegido para presentar este punto de su programa electoral un punto neurálgico para la Iglesia, las puertas de la catedral de La Almudena de Madrid, un templo en el que "son habituales las visitas de representantes públicos, un ejemplo representativo de lo que queremos evitar", ha dicho Garzón.

El diputado por Málaga ha expuesto sus medidas al respecto junto los representantes de la asociación Europa Laica Francisco Delgado y Juanjo Picó. La plataforma, que funciona como un observatorio sobre el laicismo, calcula que el Estado destina a financiar a la Iglesia católica unos 11.110 millones de euros al año a través de subvenciones directas (250 millones), exenciones y bonificaciones fiscales (2.000 millones) o mantenimiento de patrimonio en manos del clero (600 millones), junto a otras partidas como el salario de los profesores de religión en escuelas públicas (4.900 millones), los funcionarios capellanes o la asignación del IRPF destinada a ONGs y fundaciones dependientes de la Iglesia (100 millones en 2013).

Para Garzón, los "privilegios" de la Iglesia católica son una de las "enormes fallas" de la Constitución de 1978, que según él "consiguió un avance democrático notable tras 40 años de dictadura" pero dejó "muchos elementos sin tocar", entre ellos, la separación total entre Iglesia y Estado. "Tras casi 40 años" desde la Transición, ha añadido, "la sociedad está suficientemente madura para rediseñar la Constitución y el propio Estado", por eso propone modificar varios artículos de la Carta Magna para "garantizar la independencia efectiva del Estado con respecto a cualquier confesión religiosa".

"El El Estado es laico. Ninguna convicción particular, ideología o confesión religiosa tendrá carácter estatal", propone IU 

En concreto, su candidatura ─que hace suyas las propuestas de Europa Laica─, pretende la modificación parcial del artículo 16 de la Constitución, de manera que se eliminen "las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones", que en él se especifican. Según la propuesta de IU, "el El Estado es laico. Ninguna convicción particular, ideología o confesión religiosa tendrá carácter estatal".

Sacar la religión de las aulas y batalla contra la educación concertada

Al mismo tiempo, piden que se cambie el artículo 27, relativo a la religión en la educación pública. En este punto, Garzón defiende una "educación 100% pública y 100% laica", por lo que da la batalla contra la escuela concertada, "que recibe dinero público pero su gestión es privada, y muchas con un ideario totalmente católico. Según los cálculos de Europa Laica, el Estado destina unos 4.300 millones de euros al año en financiar estos centros privados católicos que, en muchas ocasiones, se ha construido en terrenos públicos cedidos por el Estado.

"El suelo público tiene que ser sólo para las escuelas publicas. Hay que acabar con los privilegios de los centros concertados para que no haya ninguno y se excluya el adoctrinamiento", ha afirmado Garzón, que detalla "garantías suficientes para que el profesorado de la escuela concentrada pasase a la pública sin que se mermen los derechos de quienes han aprobado unas oposiciones".

Frente a las inmatriculaciones, desamortizaciones

Otro de los ejemplos más claros de esos privilegios que Garzón denuncia son las conocidas como inmatriculaciones de bienes de la Iglesia. "La Iglesia se ha auto-otorgado terrenos y patrimonio que eran públicos durante la dictadura", ha explicado el dirigente de IU, por lo que su formación exige que, una vez que la Ley Hipotecaria ha sido modificada y la iglesia católica ya no tiene consideración de corporación de derecho público, "el Estado debe declarar como actos nulos todas las propiedades rústicas y urbanas registradas por la Iglesia católica por dicho procedimiento, restituyéndolas a su anterior situación registral", además de elaborar el necesario listado y balance de todo lo inmatriculado por la iglesia católica desde 1946 hasta junio de 2015.

En esa línea, IU-Unidad Popular defiende una desamortización de bienes paulatina "y para uso público del patrimonio de la Iglesia católica" cuando el Estado éste participe en su mantenimiento y restauración, "como viene obligado por acuerdos bilaterales y por la actual Ley de Patrimonio vigente".

Por otra parte, la propuesta por un Estado Laico de IU incorpora antiguas reivindicaciones la anulación los Concordatos del 53, 76 y 79 con la Santa Sede y los firmados con otras confesiones religiosas  y de los Acuerdos concordatarios del Estado español con la Santa Sede de 1976 y 1979, además de aquellos que se han firmado con otras confesiones religiosas, la derogación en el Código Penal de los artículos 522 a 525, que tipifican como delito la "supuesta ofensa a los sentimientos religiosos", suprimir la validez civil de los matrimonios y nulidades matrimoniales religiosas o la eliminación de capillas, símbolos y/o representantes religiosos en ceremonias y lugares públicos