El Gobierno de Mariano Rajoy se ha buscado un aliado en Catalunya para que le ayude a frenar el reto soberanista. La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, se ha reunido este miércoles en el Congreso con la líder de la oposición en dicha Comunidad, Inés Arrimadas, que se ha arrogado el papel de portavoz de la mayoría silenciosa que no estaría de acuerdo con los planes independentistas del Govern.

El encuentro sirvió para lanzar un claro mensaje al president, Carles Puidemont. Si él no quiere dialogar de nada más que del referéndum, el Ejecutivo iniciará la vía de los pactos con la oposición catalana y la sociedad civil para llevar a cabo otro tipo de medidas. 

De hecho, tanto la también portavoz de Ciudadanos como el secretario de Estado para las Administraciones Territoriales, Roberto Bermúdez de Castro, han reconocido que, durante la hora y pico de reunión que mantuvieron ambas dirigentes, hablaron más de Economía que de independentismo. 

Fue en ese ámbito en el que Arrimadas se alzó portavoz de los catalanes. Tras criticar la ausencia de Puigdemont en la Conferencia de Presidentes del pasado 17 de enero, ella sí quiso hablar con la Administración central de financiación autonómica como garantía del Estado de bienestar y de infraestructuras, como el Corredor Mediterráneo o el sistema de Cercanías catalán.

"No puede ser que cuando se hable de financiación autonómica, Catalunya no esté representada por la irresponsabilidad de Puigdemont", se lamentó. "Nosotros sí queremos dialogar. Yo no vengo a pedir la desconexión, sino mejores conexiones para los catalanes", sentenció en un tono casi electoralista, tras considerar que ella sí tiene la suficiente "categoría reconocida", como jefa de la oposición, para solicitar al Gobierno "medidas que son competencia del Gobierno, no de la Generalitat", se excusó.

Pese a todo, el Ejecutivo central rebajó en parte las expectativas de Arrimadas como principal interlocutora del Gobierno en Catalunya. Para empezar, Sáenz de Santamaría la recibió en el Congreso y no en Moncloa, como estaba previsto en un principio. Después, Bermúdez de Castro dejó bien claro que, en el caso de que el Govern de Junts pel Sí no designe a ningún experto para la comisión que se creará entre todas las Comunidades Autónomas para acordar un nuevo sistema de financiación, será el propio Gobierno (y no Arrimadas) quien lo designe.

No obstante, la nueva alianza -aunque sea simbólica- entre PP y Ciudadanos también sirvió al Gobierno para afear, por comparación con Arrimadas, la actitud de Puigdemont: "No ha vuelto a preguntar por su documento de propuestas, sólo por el referéndum", le afeó Bermúdez de Castro al president. 

El número dos de Sáenz de Santamaría se refería a las 46 peticiones que el presidente de la Generalitat puso encima de la mesa de Rajoy en su último encuentro bilateral; "45+1", como las califica el Gobierno. "Nosotros estamos dispuestos a hablar de todo con todo el mundo, donde quieran y cuando quieran", aseguró Bermúdez de Castro, negando la ruptura total del diálogo con la que se ha especulado.

Eso sí, matizando que hace referencia sólo a las 45 primeras que, según él, Rajoy ya ha estudiado y preparado. "Son ellos [la Generalitat] quienes están intentando reventar las relaciones al querer hablar sólo de 1 [el referéndum]", culpó a Puigdemont, obviando el inmovilismo habitual del presidente con este tema.

"El referéndum no se va a celebrar"

"El referéndum no se va a celebrar". Así lo ha repetido el propio Mariano Rajoy este miércoles en los pasillos de la Cámara como respuesta a la información de El Mundo que apuntaba a la posibilidad de que el Gobierno esté barajando "medidas drásticas" contra Catalunya. 

Los rumores sobre la posible aplicación del artículo 155 de la Constitución que podría llegar a suspender la autonomía de Catalunya han estado siempre encima de la mesa. Y, aunque el 9-N no llegó a producirse y la reacción del Gobierno central se limitó a recurrir a los tribunales -incluido el Constitucional-, hoy Europa Press adelantaba también un presunto plan de Rajoy para tomar "medidas coercitivas" como precintar las urnas en caso de que Puigdemont convoque finalmente la consulta.  

Bermúdez de Castro ni confirmó ni desmintió la noticia. "¿Puede garantizar que no se van a colocar las urnas?", le preguntaron. "Puedo garantizar que el referéndum no se va a celebrar", respondió a la gallega.

- "¿Tiene el Gobierno un plan de medidas para evitar que se celebre el referéndum?"

- "No tenemos unos pasos predeterminados, pero cada vez que la Generalitat da un paso [hacia la desconexión], el Gobierno actúa"

Y ahí se quedó todo. "El Gobierno responderá de forma proporcional" a las decisiones que, progresivamente, vaya tomando la Generalitat. "Obligaremos a todos a cumplir la ley", insistió en el mantra del PP sin especificar los métodos para hacerlo.

De todas formas, el secretario de Estado para la Administraciones Públicas dijo estar convencido de que Junts pel Sí y la CUP "no van a forzar tanto la máquina como para llegar a verse fuera de la legalidad vigente". De nuevo una opinión similar a la de Arrimadas, que dijo tener esperanzas en "no tener que llegar a una situación tan extrema" como la de la suspensión de la autonomía. 

Esta vez, a diferencia de la reunión de Santamaría con Oriol Junqueras, parece que la tarde no se convirtió en un diálogo de sordos. Y es que el matrimonio PP-C's parece seguir de luna de miel.