La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, ente del Gobierno de España, ha abierto un expediente sancionador contra la empresa pública Cetursa, participada mayoritariamente por la Junta de Andalucía, que gestiona la estación de esquí de Sierra Nevada, por la sustracción de 363.000 metros cúbicos de agua –unas 120 piscinas olímpicas– para elaborar nieve artificial.

De este modo consta en el expediente, al que ha tenido acceso Público: "[Se ha incumplido] la concesión de aguas públicas […] al tener cinco tomas de aguas superficiales. cuatro en el rio Monachil y una en el arroyo Cauchiles, encontrándose únicamente dos de ellas autorizadas".

Cetursa, según la CHG, no ha respetado "el periodo temporal autorizado ni los caudales mínimos circulantes (caudales ecológicos) en el río Monachil […] Todo conlleva una detracción de 363.000 metros cúbicos de recurso sin autorización".

El artículo 116 de la Ley de Aguas establece que "la derivación de agua de sus cauces sin la correspondiente concesión o autorización" es una infracción administrativa. La norma establece cuatro tipos de sanciones, leves, menos graves, graves y muy graves, con multas que van desde los 10.000 euros hasta el millón.

La vicepresidenta Teresa Ribera, que tiene las competencias de Medio Ambiente es quien firmaría una sanción grave y el Consejo de Ministros el que impondría la muy grave, según la ley. La CHG tiene ahora un año –si no hay retrasos– para decidir qué hacer.

Este no es el primer expediente que se abre contra Cetursa, que ya ha sido sancionada en otras ocasiones. Ecologistas cree que al menos durante quince años la estación de esquí ha obtenido más agua de la permitida y que la CHG ha hecho la vista gorda en numerosas ocasiones.

Evaporación de la nieve

La empresa pública ha reclamado más agua por los cauces oficiales, pero aún no ha recibido respuesta definitiva. La CHG, según Cetursa, es consciente "de la demora de una decena larga de años en resolver la solicitud por modificación de la concesión".

En su respuesta a la CHG, la empresa pública alega en tres direcciones. Por un lado, recuerda que la estación de esquí es estratégica para la economía de la provincia: "Si no abre sus pistas, por las circunstancias que sean, no se formalizan más de 7.000 contratos de trabajo y el PIB de una de las provincias más pobres de España se vería mermado en más de 650 millones de euros".

Por otro lado, aseguran que las medidas tomadas por la CHG "están totalmente injustificadas, puesto que desde el mes de marzo no ha habido bombeo alguno para llenar las balsas".

Y también argumentan que "hay menos nieve natural fuera de pistas y la nieve producida y pisada tarda más en derretirse", por lo que "subsiste durante tiempo solo la nieve de las pistas, nieve que supone un depósito extra que beneficia a los regantes del rio Monachil".

Ecologistas en Acción analiza, por el contrario, que hasta un tercio de la nieve en superficie en Sierra Nevada se evapora, por lo que el argumento de que es bueno para los agricultores no sirve. De este modo, el río pierde agua y los regantes también.

La diputada por Granada de Podemos en el Congreso, Martina Velarde, reclamó esta semana al Gobierno una investigación exhaustiva al respecto del uso de agua para hacer nieve en Sierra Nevada.