"No renunciar a nada es no renunciar a nada". Con esta frase, el ministro portavoz Iñigo Méndez de Vigo ha dejado caer que el Gobierno no descarta ni siquiera la aplicación del artículo 155 de la Constitución para frenar el desafío soberanista de Catalunya.

"Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general", reza la Carta Magna. Es decir, que el Ejecutivo central puede obligar a la Generalitat a cumplir la ley y, en caso de desobediencia, éstos podrían incurrir en delitos contemplados en el Código Penal y, por lo tanto, ser sancionados por ello.

Aunque el Gobierno de Mariano Rajoy nunca ha admitido esa posibilidad abiertamente, siempre ha dejado caer que estarían dispuestos a aplicarlo en caso de que sea necesario. "El Gobierno no renuncia a nada", insistió el portavoz, aclarando que las medidas que tomen serán "proporcionadas" pero "firmes".

Méndez de Vigo tampoco especificó si el PP cuenta con el apoyo de PSOE y Ciudadanos para llevar a cabo una opción extrema como esa. "Nadie ha hablado de la aplicación de ninguna medida. El diálogo es permanente y el presidente les propondrá las medidas que en cada momento tenga que tomar", se limitó a responder tras agradecer el apoyo que tanto Pedro Sánchez como Albert Rivera ratificaron ayer.

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, que ha mandatado a Rajoy para que recurra al Tribunal Constitucional (TC) la ley de transitoriedad en cuanto ésta sea publicada en el Diari Oficial de Catalunya, el también titular de Educación, Cultura y Deporte hizo un "llamamiento a la concordia", pero no dudó en amenazar no sólo al Govern de Carles Puigdemont y los miembros de la Mesa del Parlament que han impulsado la aprobación de las leyes de desconexión (referéndum y transitoriedad) sino también a los cientos de alcaldes que ya se han mostrado dispuestos a ceder locales para que se celebre la consulta prevista para el próximo 1 de octubre (1-O).

"Serán colaboradores necesarios de una ilegalidad y tendrán que aceptar las consecuencias de la misma. Espero que recapaciten, lo piensen y rectifiquen", sentenció recordando que el TC enviará notificaciones a todos los Ayuntamientos catalanes para advertirles de las consecuencias de participar en un referéndum "ilegal".

Una advertencia que Méndez de Vigo ha extendido a cualquier ciudadano que, como voluntario, participe en la organización de la consulta. "Esa comunicación ya se la hacemos nosotros [el Gobierno, y no el TC] a todos: el que participe o colabore en un referéndum ilegal, sabe que es ilegal", zanjó.