“Mi familia lleva cinco años sufriendo, porque no es fácil desenmascarar estos montajes de un Estado de Derecho que no es tal. Prevalece la palabra de la ‘autoridad’ ante la de cualquier ciudadano, la fiscalía lo valida a pesar de que se trata de un derecho fundamental como es el de la huelga y, como no tengas testigos o pruebas para demostrar que están engañando, tienen la capacidad de llevarte a la cárcel”, asegura Juan Carlos Asenjo, presidente del comité de empresa de los trabajadores de Coca Cola en la fábrica de Fuenlabrada. 

Hoy será juzgado en Móstoles (Madrid) por atentado contra la autoridad, acusado por la fiscalía de agredir a unos agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP) de la Policía Nacional durante la huelga general de marzo de 2012. La medida estrella del recién inaugurado gobierno de Mariano Rajoy era la reforma laboral, que sacó a la calle a los ciudadanos convocados por sindicatos y partidos políticos. 

Asenjo podría ir dos años a prisión, pero se muestra tranquilo y contundente: “Sé que voy a salir absuelto porque es un montaje policial, pero quién repone el daño que nos han hecho a mí y a mi familia. Ha sido una persecución política”.

Presos políticos

El sindicalista recuerda que ese día “nosotros nos manifestábamos por las políticas laborales del Partido Popular, no era una huelga de empresa y estaba convocada en toda España. Si hay detenciones en una huelga general, y además falsas como es en este caso, lo que están coartando es el ejercicio de la huelga y se están encarcelando a personas por tener determinada posición política. Cuando esto pasa fuera de España nos escandalizamos, pero aquí no denunciamos la realidad de lo que está pasando y es que hay presos políticos”.

A las 9 de la mañana de ese 29 de marzo, una veintena de trabajadores se colocaron en la mediana que hay a la salida de la fábrica de Coca Cola en Fuenlabrada (Madrid), "porque había camiones y carretilleros y gente que no la había secundado. No llevábamos nada en las manos ni teníamos actitud agresiva. Enseguida aparecen cuatro furgones de Policía y el mando, con aires destemplados, dijo que teníamos unos minutos para quitarnos de en medio”.

Asegura Asenjo que la Policía no medió con los huelguistas ni les identificó o detuvo a alguien concreto por tener un comportamiento violento: “La jefa de Recursos Humanos había bajado a la puerta antes de que llegaran, supongo que los llamó ella, porque el responsable se le acercó, ella le hizo un gesto, y el policía alertó al resto y nos disolvieron a porrazos. Los compañeros grabaron vídeos que muestran que no tengo nada en las manos y como la policía me coge del cuello y me tira al suelo sin mediar palabra. Fueron cinco minutos de caos, hasta que finalmente quedamos dos en el suelo a consecuencia de los golpes".

A su compañero, Alberto Pérez Mayoral, fue a buscarle el Samur a la fábrica de Coca Cola mientras que Juan Carlos Asenjo llegó por su propio pie al hospital. "Tenía lesiones en la pierna que le había producido el mando policial y los médicos me preguntaron cómo me lo había hecho, lo conté, y creemos que fue el propio hospital quien debió pasar el parte a los juzgados”.

Quince días después tres policías de paisano paran a Asenjo cuando va a entrar en su domicilio por la noche y “me dicen que les acompañe a comisaría que me van a detener y, claro, yo les pregunto si traen una orden judicial o qué. Al día siguiente acudo a la comisaría con mi abogado y nos encontramos el montaje que habían preparado, me acusan de ser yo quién ha agarrado al policía por el cuello, de tirarlo al suelo, que le he dado patadas y que tiene un montón de lesiones”.

Para Juan Carlos Asenjo, "lo que ha hecho el Gobierno es utilizar todos sus poderes, incluida la fiscalía, para coartar con las armas del Estado de Derecho un logro de la clase trabajadora, la huelga. Están creando presos políticos y hay que denunciarlo con las palabras reales”.

Los trabajadores de la embotelladora de Coca Cola, en una concentración delante de la sede nacional del PP, el pasado diciembre. EFE

Juicios con oportunidad empresarial

Unos meses después de la huelga general, el 14 de noviembre y también en una protesta por la reforma laboral detienen a Alfonso Fernández Ortega "Alfon" es detenido. En 2015, el Tribunal Supremo ratificaba la condena de prisión del joven madrileño. Es decir, en tan solo tres años juzgado y ratificado. Pero Juan Carlos Asenjo lleva ya cinco a espera de juicio y este sale cuando el conflicto de Coca Cola está en una fase delicada con casi 200 familias resistiendo en Fuenlabrada.

En diciembre de 2013 la empresa decidió cerrar la embotelladora, en un movimiento empresarial entre Coca Cola España y el consejo de la multinacional en Atlanta, que exigía fusionar las empresas por continentes para crear macroempresas fuertes y grandes con una sola junta de accionistas. El resultado fue Coca Cola Europa Partners que abastece a España, Francia, Inglaterra, Alemania y cuya principal accionista es Sol Daurella.

En enero de 2014 se ejecutó el plan, aunque no tenía sentido el cierre porque Coca Cola da beneficios, y denunciamos el ERE. "Fuenlabrada en concreto era la joya de la corona, 'la perla', según la definía el ex presidente Marcos de Quintos y actual vicepresidente del consejo en Atlanta", recuerda Asenjo. Habían invertido 40 millones de euros. Era la embotelladora más grande y la mejor preparada.

“La cierran por la pelea accionarial entre los embotelladores españoles y bajo el apelativo de ‘sinergias’ deciden destruir Madrid, porque éramos la plantilla más grande, así destruían mayor cantidad de salario y trabajadores y rentabilizaban para la segunda parte de la fusión, que era unirse con los europeos”.

Los 'espartanos', como se conoce ya al comité de empresa de Coca Cola Fuenlabrada, consiguieron que en 2015 la Audiencia Nacional declarase nulo el ERE y obligó a la empresa a readmitir a los trabajadores con sus mismas condiciones y a pagar los salarios no percibidos. Meses después el Tribunal Supremo ratificó íntegramente la sentencia.

Perdido el caso, Coca Cola dio un nuevo giro en su estrategia y anuncia que va a reabrir Fuenlabrada pero como centro logístico y no como embotelladora, porque ha desmantelado la fábrica. “Entonces la Audiencia Nacional admite que volvamos a trabajar pero no a nuestros puestos de trabajo, como decía la sentencia, si no en unos nuevos, con salarios más bajos, menos horario y peores condiciones laborales. La empresa mintió a la Audiencia porque Coca Cola había desmantelado Asturias, Alicante y Palma, pero en Fuenlabrada los trabajadores mantuvimos un campamento a la espera de la ejecución de la sentencia. “
 
Cuando reingresan, de los 600 puestos de trabajo directos aún quedaban 237 trabajadores porque el resto había aceptado las condiciones del ERE o se habían jubilando. "La empresa aceleró el desmantelamiento y ahora sólo queda una línea de producción completa, con un trabajo poco efectivo que antes hacían empresas secundarias y no se atiende a ningún cliente. En una fábrica de 250.000 metros cuadrados estamos reducidos en un pequeño espacio de 5.000 metros cuadrados. El interés de la empresa es desgastarnos, para que al final la gente se vaya y así poder desmantelar Fuenlabrada”.

Sólo quedan 172 'espartanos', que siguen peleando con denuncias particulares en las que apelan a que las condiciones de trabajo no son las que recogen las sentencias que les dan la razón, porque como asegura Juan Carlos Asenjo: “La Justicia ha permitido a un empresario con una condena por incumplir derechos fundamentales, que se ponga la toga y diga cómo cumplir una sentencia”.