"No valoramos 'dimes y dirites'". Esa es la postura oficial del Gobierno de Mariano Rajoy, que hoy ha salido en defensa de la Fiscalía y ha defendido la "independencia" de la Justicia. 

El portavoz del Ejecutivo no quiso responder sobre los presuntos chivatazos recibidos por el expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, antes de ser detenido ni sobre las presuntas presiones del jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Manuel Moix, para paralizar la investigación de la Operación Lezo.

Iñigo Méndez de Vigo se limitó a recordar que dicho caso se encuentra bajo secreto de sumario y puso en duda la veracidad de dichas informaciones. "No tengo idea de lo que hay de cierto en ellas y no hacemos valoraciones de suposiciones ni de lo que dicen otros", insistió en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Es más, incidió en que "la Fiscalía es independiente" y, aunque no negó la posibilidad de que el Fiscal General del Estado, José Manuel Maza, acuda al Congreso a dar explicaciones, afeó a la oposición que intente "sembrar la duda sobre el sistema judicial español". "Eso no es bueno. El Estado de derecho es una garantía de nuestra democracia", defendió. "La Justicia funciona en España. Hay que dejar a los jueces que hagan su trabajo sin injerencias y respetar sus decisiones. Y respetar también la presunción de inocencia. Todos tenemos que hacer un esfuerzo por guardar la calma", pidió. 

Asimismo, afeó veladamente a PSOE y Podemos que se hayan personado en la causa del desvío de fondos del Canal de Isabel II como acusación popular. "EL Gobierno no tiene opinión sobre ello", inició su discurso. Pero siguió para lanzar una pulla: "Es responsabilidad de ellos. Serán ellos los que respondan ante los ciudadanos si esa es la función de un partido político o no", añadió, contribuyendo a la campaña del PP que busca, precisamente, limitar la figura judicial de la acusación popular.

Y, pese a los escándalos, a los que se une también la citación de Rajoy como testigo en el caso Gürtel, Méndez de Vigo no cree que afecten a sus negociaciones para aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) ni para el resto de la legislatura. "El Gobierno continúa la negociación con todos los grupos para aprobar los PGE y, no es fácil, porque está en minoría, pero seguimos adelante", valoró el portavoz. Y, tras una retahíla de leyes anticorrupción (ley de financiación de partidos, la de transparencia o la eliminación de indultos a imputados por corrupción, entre otras), concluyó: "Este Gobierno ha luchado, lucha y luchará contra la corrupción".