La delegada del Gobierno en Madrid, Concepción Dancausa, ha sido imputada por un presunto delito societario por su actuación en Mercamadrid cuando era concejala del Ayuntamiento de la capital. El Juzgado de Instrucción nº 15 de Madrid también ha incoado diligencias previas para investigar a otros 15 exmiembros del Consejo de Administración de la empresa municipal.

En el auto se les comunica la denuncia formulada contra ellos por la Fiscalía y les advierte de que figuran como investigados (imputados), y que además ofrece acciones a los posibles perjudicados de Mercamadrid, informa el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

Además de Dancausa, también ha sido imputado Pablo González ─hermano de Ignacio González, en prisión provisional por otra causa de corrupción, el caso Lezo─; el exprimer teniente de alcalde del Gobierno municipal de Ana Botella, José Enrique Núñez; y el exdirector general y la exvicepresidenta segunda de Mercamadrid José Manuel Torrecilla y María Dolores Flores, respectivamente. El resto de investigados, todos miembros del Consejo de Administración de Mercamadrid, son: María Jesús Prieto Jiménez, Manuel Beltrán Pedreira, José Antonio Crespo Albelda, Pablo J.M. del Amo Serrano, Silvia Llerena Muñoz, Marta Fernández-Pirla Martínez, José Ignacio Ortega Chacón, Manuel Troitiño Pelaz, Fernando Gomar Sánchez, Juan María López Álvarez y José Domingo Rodríguez Losada.

Tras conocer su imputación, la delegada del Gobierno ha declarado sentirse "muy tranquila" y convencida de que aclarará con el juez lo que tenga que aclarar, aunque también ha lanzado un pequeño dardo envenenado. "Me sorprende lo que está pasando en este país en muchas cosas, pero no especialmente mi caso. Estoy tranquila pero preocupada por la deriva que están tomando muchos casos en los que a veces la Justicia está haciendo política y no es bueno", ha afirmado.

Preguntada por las peticiones de dimisión, Dancausa ha indicado que primero se tendrá enterar de lo que le acusan antes de dimitir. "Yo estoy nombrada por el Gobierno y me puede cesar cuando quiera. Mi cargo está a su disposición, como ha estado desde hace 20 años", ha dicho. La representante del Ejecutivo central ha presentado un escrito de alegaciones en el juzgado con documentación con la que espera demostrar que la denuncia "es infundada porque, sorprendentemente, omite hechos esenciales".

Por último, Dancausa se ha mostrado "convencida" de que la denuncia se archivará. "Entonces analizaré el ejercicio de todas las acciones legales que me asisten en Derecho para resarcirme del daño reputacional y moral que esta denuncia pueda causarme", ha advertido.

El Ayuntamiento de Madrid llevó a la Fiscalía en enero de 2016 el informe con las conclusiones de la investigación que realizó para averiguar si antiguos gestores de Mercamadrid, participada por el Consistorio en un 51%, cometieron delito al firmar un acuerdo extrajudicial "lesivo" que le costó 623.000 euros al año.

En su denuncia, la Fiscalía solicita al juez que se tome declaración en calidad de imputados a los 16 antiguos gestores de la empresa municipal por los acuerdos de transacción y contratos de arrendamiento suscritos por Mercamadrid con la empresa Merca Ocio 22 S.L., que habrían supuesto un "importante perjuicio patrimonial" para la primera, "a la vez que un enriquecimiento ilícito para Mercaocio".

Para la Fiscalía, el "enriquecimiento ilícito" de Mercaocio obedece a que Mercamadrid dejó de ingresar 698.397,70 euros por cánones impagados, al tiempo que asumió la obligación de pagar a dicha empresa 592.208 euros más IVA desde el 1 de octubre de 2013, cantidad que dos años más tarde ascendió hasta los 623.377 euros y cuya obligatoriedad de pago abarca hasta 2032. En total, hasta octubre de 2016, Mercaocio recibió 2.255.349 euros "para obtener el uso de dos salas ─de su propiedad─ que no destina a actividad alguna y que, por tanto, no le proporcionan beneficio alguno", según la Fiscalía.

Por último, la denuncia recoge un informe del Ayuntamiento de Madrid donde se pone de manifiesto que el precio pactado por el arrendamiento de las dos salas era un 81% superior al precio de mercado y deja bien claro que en el "momento actual" no consta "si se ha efectuado la compensación de rentas con cantidades adecuadas convenida, ni si Mercaocio ha abonado con posterioridad a octubre de 2013 los cánones correspondientes a los derechos de superficie construidos".

En ese extenso informe municipal, se narraba que Mercamadrid asumió el pago de un alquiler de unas naves a Mercaocio durante veinte años para evitar un litigio judicial. "Mercamadrid resolvió de forma claramente lesiva para su patrimonio el impago de la empresa adjudicataria", apuntaba el escrito presentado. Las naves "no tienen uso alguno en la actualidad ni fácil arrendamiento a terceros, lo que provoca un drenaje de aproximadamente el 10% del beneficio anual" de Mercamadrid", señalaba la denuncia.

Así, el documento detallaba que "si el acuerdo se mantiene hasta su fecha de vencimiento, Mercamadrid habrá pagado más de 11 millones de euros por el alquiler de unas naves que ni le sirven ni le dan rentabilidad" lo que "es una cantidad superior a lo que supuestamente habría pagado a Mercaocio si hubiese perdido el litigio". En la denuncia también se ponían en conocimiento de la Fiscalía otras operaciones como la realización de la ampliación de las infraestructuras de Mercamadrid por una inversión de más de 77 millones de euros.