El Partido Popular ha cambiado de líderes pero no de estrategia. Al menos, respecto a lo que Catalunya se refiere. En el año 2005, con Mariano Rajoy en la oposición tras la victoria de José Luis Zapatero el año anterior, el conservador impulsó mociones en todos los parlamentos autonómicos y consistorios municipales contra el proyecto de nuevo Estatut catalán. Rajoy lo anunció tras reunirse con los presidentes de las comunidades gobernadas por el PP y los líderes regionales de la formación, que se unieron para hacer oposición a los planes de Zapatero también desde sus autonomías.

Los populares votaron en contra, tanto en el Parlament catalán como en el Congreso, de esta reforma estatutaria y en el año 2006 iniciaron una campaña de recogida de firmas para pedir que se celebrase un referéndum sobre el Estatut a nivel nacional. Ese mismo año, tras su aprobación en la Cámara Baja y la posterior validación con el 72,9% de los votos en Catalunya, el Partido Popular presentó un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Supremo.

15 años después, un PP liderado por Pablo Casado sigue la misma estrategia y prepara una ofensiva institucional contra el actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para desgastarle también desde el plano municipal. Este mismo jueves el secretario general de los populares, Teodoro García Egea, ha anunciado que su formación llevará mociones a los 8.000 ayuntamientos de España para que el PSOE se retrate ante el "pago político" que, a su modo de entender, quiere realizar Sánchez, al conceder indultos a los líderes del procés.

El número dos del PP ha acusado a Sánchez de querer "reescribir" la sentencia de la justicia sobre el juicio del 1 de octubre, pese a que los indultos son instrumentos legales que han utilizado tanto gobiernos del Partido Popular como del PSOE y que no anulan un delito: lo que hacen es conmutar parcial o totalmente, la pena de prisión. El PP quiere que Sánchez "se dé cuenta de ha perdido el pulso de la calle" y que "ha llegado demasiado lejos" con esos "indultos políticos" que, a su entender, solo buscan su permanencia en La Moncloa.

Al igual que hizo Rajoy en su día, el propio Casado ya ha anunciado que su formación también recurrirá al Tribunal Supremo si Sánchez decide indultar, total o parcialmente, a los políticos independentistas y que actualmente se encuentra en prisión. Sin embargo, no está claro que puedan formalizarlos al no estar personados en la causa que derivó en la condena de los doce dirigentes del procés. Solo Vox se personó como acusación popular.

Los presidentes del PP se alinean contra los indultos

Al igual que hicieron en 2005, los presidentes autonómicos se han alineado para protestar contra estos hipotéticos indultos. La presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso ha acusado al Gobierno de Sánchez de no tener "escrúpulos" y de buscar su permanencia en el poder "sin importar el peaje que paga España". La dirigente conservadora ha acusar a Sánchez de querer "controlar" y "deslegitimar" las instituciones y convertir a sus adversarios "en disidentes".

El gallego Alberto Núñez Feijóo ha opinado que Sánchez incurrirá en una "equivocación histórica" si se asumen "con naturalidad" los indultos para los políticos catalanes condenados, como sugiere el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo. Feijóo ha asegurado que entiende las dificultades aritméticas del Gobierno en el Congreso, pero que "no todo vale".

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha afirmado que "indultar a quien no se arrepiente y amenaza con reincidir está en las antípodas de la equidad". "La Constitución y la Justicia en España fundamentan la esencia misma de la concordia y son la garantía de igualdad de todos ante la Ley", ha afirmado a través de su cuenta de Twitter.

El PP recurre a las mentiras para desacreditar a Sánchez

Si por Pablo Casado fuera, se celebrarían elecciones generales mañana mismo, aunque él no tiene el poder de convocarlas. Las últimas encuestas revelan que el líder del Partido Popular se sitúa por primera vez por delante del PSOE desde que llegó a la presidencia de la formación hace casi tres años. Y para el conservador ese es motivo suficiente para declarar que la legislatura "ha entrado en vía muerta", pese a que Sánchez ha ratificado su intención de agotar su mandato —apenas ha pasado un año y medio desde que se constituyó el Ejecutivo de coalición, en enero de 2020— y sus socios parlamentarios no quieren, tampoco, romper relaciones.

En ese sentido, Casado afirmó que si Sánchez concede estos hipotéticos indultos, la legislatura, directamente, habrá acabado. En esa ofensiva de querer forzar el adelanto electoral, presenta a Sánchez como un presidente que "alarga la legislatura artificialmente", sugiriendo la idea de que el socialista no tiene potestad de seguir en La Moncloa —pese a que su mandato podría durar de manera legal hasta finales de 2023— y tiene que cumplir "deudas políticas" con los independentistas para seguir ejerciendo el cargo.

El líder de la oposición también trata de visibilizar los indultos como instrumentos que no son legales, y obvia que su formación los ha utilizado para exonerar a terroristas, asesinos, policías torturadores y cómplices de agresión sexual y también políticos corruptos, entre otros. Sin embargo, para Casado, lo que hipotéticamente podría hacer Sánchez al conceder estos indultos "no se ajusta a la ley".

También se pronunció en esa dirección el exconsejero de Justicia de la Comunidad de Madrid y persona de confianza de Casado, Enrique López, que llegó a afirmar que "la concesión de estos indultos sería una humillación al Estado de derecho y al titular de la soberanía nacional que es el pueblo español". López, que fue vocal del Consejo General del Poder Judicial, afirmó que la figura del indulto es un acto discrecional del Gobierno que no puede ser "arbitrario e injusto".