Este viernes está siendo un día tortuoso para Irune Costumero. La noticia sobre la aparición del cadáver de una de las niñas raptadas por su padre en Tenerife ha revuelto a esta madre vasca, que, tras la celebración del juicio contra la Diputación Foral de Bizkaia y cuatro de sus funcionarios por la retirada de la custodia de su hija para dársela al padre, espera una sentencia favorable.

Y eso, pese al trato recibido en la vista oral, con una fiscal que parecía más bien la abogada defensora de los acusados y que llegó a acusar a Irune Costumero de querer aprovecharse del feminismo. Pese a todo, esta madre cree que "con las pruebas" que se han aportado, "la sentencia tiene que ser favorable".

La fiscal, Rosario Ramírez Ruiz, hizo una defensa a ultranza del falso síndrome de alineación parental --conocido como SAP--. Hasta la jueza tuvo que pedirle que se tranquilizara ante el furor de su exposición. La fiscal pide la libre absolución de los cuatro acusados.

La fiscal Rosario Ramírez, en la carrera fiscal desde 2001, fiscal delegada de Cooperación Internacional de la Fiscalía Provincial de Bizkaia, afirmó en dos ocasiones durante la vista oral que el SAP existía, incluso aludió al psiquiatra Richard Gardner, padre de la infundamentada teoría del síndrome de alineación parental, rechazada por la Organización Mundial de la Salud por carecer de base científica, y que aboga por entregar al padre acusado de abusos la custodia de los hijos.

"El SAP existe", insistió la fiscal Ramírez, que inexplicablemente desconocía que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) rechaza este falso síndrome y que la nueva Ley de la Infancia prohíbe utilizarlo en los procesos de custodia de hijos e hijas, porque que siempre perjudica a las madres, acusadas de influir en los niños contra los padres. "Esta fiscal es el paradigma de la autonomía de los fiscales, es el ejemplo de que desde la Fiscalía General del Estado (FGE) no existen órdenes previas sobre cómo debe actuar un fiscal en un proceso", aseguran fuentes fiscales.

Precisamente este jueves la nueva fiscal de Sala delegada de Violencia sobre la Mujer, Teresa Peramato, ha hecho unas declaraciones sobre el SAP, al que ha tildado de "maltrato infantil", al arrancar a los niños y niñas de los brazos de sus madres. Es el caso de Irune Costumero y de su hija, de casi 6 años. Cuatro años lleva sin ella, desde que en agosto de 2017 la Diputación de Bizkaia se la arrebató por considerar que estaba influyendo en la niña para que rechazara al padre; algo que han descartado los peritos que han declarado en el juicio.

Este juicio celebrado en la Audiencia Provincial de Bizkaia, que hace dos días quedó visto para sentencia, es crucial porque ha sentado en el banquillo a los responsables de la Administración por retirar la custodia a una madre en base al SAP, un concepto que aún pervive en los protocolos de actuación de los servicios sociales de algunas comunidades, como Euskadi. "Está muy mal que la Diputación de Bizkaia utilice en sus protocolos de valoración el SAP, a sabiendas de que es un falso síndrome. Pero que la fiscal del caso haga gala de la defensa y existencia de ese constructo para culpabilizar a la madre, es violencia institucional hacia dos ciudadanas, madre e hija", opina Altamira Gonzalo, vicepresidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Themis. 

El auto de procesamiento sostiene que "los imputados decidieron de manera arbitraria, injusta y en contra de la ley dictar una resolución administrativa para privar de la custodia de su hija a la madre, utilizando motivos inexistentes con un procedimiento ilegítimo y en contra de la jurisprudencia de los tribunales".

Los acusados --el diputado foral de Acción Social y tres funcionarias-- se enfrentan a una petición de cárcel de cinco años y ocho meses por ejecutar una orden que cambiaba el régimen de custodia compartida para entregar a la niña al padre. "El fiscal interviene en el proceso penal en defensa de los intereses de la ciudadanía y este proceso se rige por el principio acusatorio: si no hay acusación del fiscal y no hay acusación particular, no habrá condena. Menos mal que Irune Costumero estaba personada como acusación particular", clama Altamira Gonzalo.

La vicepresidenta de Themis cree que la fiscal Rosario Ramírez "no ha defendido ese bien común de la ciudadanía, que en este caso estaba representado por esa niña a la que separaron violentamente de su madre". Según Altamira Gonzalo, la fiscal debía ser conocedora del "rechazo de todas las comunidades científicas, nacionales e internacionales, al SAP, así como de las reiteradas recomendaciones del CGPJ para su rechazo en los juzgados".