El Juzgado de Instrucción número 3 de Gandía (València) ha iniciado diligencias previas tras la última denuncia del pasado mes de julio por el exalcalde 'popular' de la localidad, Arturo Torró hacia el actual primer edil, el socialista José Manuel Prieto, la exalcaldesa y ministra de Ciencia en funciones, Diana Morant, y una letrada municipal; en relación con el edificio okupado de la calle Perú, 57.

Se trata de un inmueble en el que, durante el periodo de alcaldesa de Morant en 2015, se paralizó el desahucio de una vecina y su familia. Un hecho que, según la empresa Inmuebles Reunits de Catarroja, constructora del edificio, y la oposición, aseguran que contribuyó a que se okuparan más viviendas y se degradara la construcción.

Torró, que fue alcalde de Gandia entre los años 2011 y 2015, denunció a Prieto, Morant y la abogada jefe de los servicios jurídicos municipales por los delitos de prevaricación, fraude contra la administración, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos.

El juzgado ha abierto ahora diligencias previas por los presuntos delitos atribuidos presuntamente a los tres cargos. También da cuenta al fiscal y al Ayuntamiento de Gandía para que, en el plazo de diez días, entregue copias de todas las sentencias y resoluciones judiciales adoptadas en relación con este asunto, según el extracto de la notificación del juzgado, facilitado por el propio Torró.

Los socialistas lo califican de "denuncia política"

Ante esta decisión, el consistorio de Gandía ha subrayado que la apertura de diligencias es "un paso lógico de una denuncia absolutamente política" y ha recalcado que la Justicia ya le ha dado la razón al Ayuntamiento en cuatro ocasiones en este asunto.

Además, señala que en una de ellas un juzgado de lo contencioso eximió de toda responsabilidad a las autoridades de la ciudad. El consistorio recuerda que Torró está condenado por la Audiencia de València a tres años y medio de prisión y a seis años y medio de inhabilitación por malversación en la adjudicación de los servicios de comunicación audiovisual del Ayuntamiento.

El consistorio se remite a la comparecencia pública de Prieto, cuando el pasado mes de julio se anunció la denuncia en la que advertía que "no consentiría que se jugara con el dinero de los gandienses", y hacía hincapié en que se trataba de "un tema ya juzgado, con sentencia firme en mayo de ese mismo año".

Prieto asegura tener a la Justicia de su lado

El edil socialista acusa al exalcalde Torró de pretender "favorecer" a un empresario en contra de los intereses municipales, en concreto, del concesionario de la explotación de 39 viviendas de la calle Perú, cuyo contrato resolvió el consistorio "por incumplimiento" y en el que incidía en que la Justicia les ha dado la razón en cuatro ocasiones.

El primero, un proceso donde la empresa pedía el rescate de la concesión para que se hiciera cargo el Ayuntamiento y una indemnización, en el que el juzgado dictó resolución a favor del consistorio.

Un segundo, en el que se impugnó la reclamación del Ayuntamiento contra la empresa para que satisfaciera la deuda pendiente y reparara el edificio –tras ser okupado–, y en el que la justicia consideró que la deuda debía pagarse por la empresa y no procedía la reparación.

La tercera ocasión llegó a raíz de la reclamación de la mercantil no conforme con la incautación de la garantía por parte del consistorio, y en el que igualmente el Tribunal Superior de Justicia del País Valenciá (TSJCV) dio la razón al consistorio.

Por último, el cuarto proceso fue por la reclamación judicial por la que la empresa pretendía derivar la responsabilidad por lo ocurrido en 2015, cuando Morant paró el desahucio de la mujer. En este caso, la Justicia eximió a la exalcaldesa de la responsabilidad civil que la empresa pretendía y al Ayuntamiento de derivar cualquier acción contra ella, según señala.

Queda pendiente una liquidación "millonaria"

Según alegó en julio el consistorio, solo queda pendiente un quinto proceso relativo a la liquidación de la concesión, donde el Ayuntamiento ha valorado el edificio "de acuerdo con el criterio técnico de los funcionarios, manifestado en el expediente y descontando las deudas que la mercantil tiene" con el consistorio.

Según sostenía Prieto, "todo lo que ha pasado han sido los intentos de condicionar una liquidación millonaria que fuera lo más favorable a una empresa que no ha cumplido con nada de los pliegos de condiciones". "Tenemos una empresa que sin hacer nada quiere llevarse 19.000.000 euros de todos los gandienses y no lo permitiremos mientras un juez no diga lo contrario", concluyó.