Si algo caracteriza a Margarita Robles es una voluntad de hierro, su impulsivo olfato político y una trayectoria dedicada a romper los techos de cristal que han limitado el acceso a la mujer al verdadero poder. Y también su ausencia de pelos en la lengua: prefiere decir la verdad a la cara que a la espalda, por mucho que duela y aunque se de un tiro en el pie.

Fiel a Pedro Sánchez, fue una de las escasas diputadas que se mantuvo a su lado cuando el líder socialista dimitió en 2016 como secretario general del partido y abandonó el Congreso. Fue una de los 15 diputados que votó “no” a la investidura de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno.

Robles acompañó a Sánchez durante su travesía del desierto. Este hecho, así como sus relaciones con PNV y Podemos, la catapultó como portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, cargo en el que ha estado estos dos años mientras Sánchez dirigía la política desde el exterior de la cámara baja.

Una pionera en la judicatura

La nueva ministra de Defensa es la cuarta mujer en la Historia de España en llegar a ser juez. Fue la número 1 de una promoción mítica, la de 1981 y logró ese mérito por delante de otros jueces de su oposición como Baltasar Garzón o Manuela Carmena.

Tenía sólo 25 años cuando accedió a la carrera judicial. Recibió como regalo una obra de Salvador de Madariaga titulada ‘Mujeres Española’, donde se alababa que, como mujer, antes debía ser esposa y madre. El número 2 de la promoción tuvo de regalo ‘El Quijote’. “Si un guardia civil venía a buscarme para levantar un cadáver, le costaba cuadrarse delante de un juez con delantal”. Así llamaban entonces a estas juezas pioneras.

En 1991 se convirtió en la primera mujer en llegar a la presidencia de una Audiencia Provincial, la de Barcelona, donde su inconformismo y convicción le llevaron a defender la investigación y el procesamiento del poderoso presidente de la Generalitat de Catalunya, Jordi Pujol, por el caso de Banca Catalana. Quedó en minoría y el caso fue archivado.

Fue secretaria de Estado de Interior y Justicia durante el Gobierno de Felipe González, entre 1995 y 1996, con Juan Alberto Belloch como ministro del Interior. Está dispuesta a levantar las alfombras y las estructuras paralelas que se han mantenido en el ámbito policial durante décadas.

Cortó el grifo de la guerra sucia contra ETA

A pesar de su escasa estatura, Robles se enfrentó entonces a otras estructuras ocultas: cortó el grifo de la financiación de la guerra sucia contra la organización terrorista ETA, como los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), con 28 asesinatos. E impulsó la investigación de los desaparecidos Lasa y Zabala, a pesar de las zancadillas que recibió, lo que desembocó en la condena del general de la Guardia Civil Enrique Rodríguez Galindo.

Dio órdenes estrictas de que no se destinaran los fondos reservados a ningún fin ilegal, como el pago que percibían los expolicías José Amedo y Michel Domínguez. Incluso un día llegó a abrir la puerta del despacho de un alto cargo de la Guardia Civil para espetarle que no iba a permitir una nueva bomba en las playas españolas. Lo soltó así, como fruto de su convicción de que las campañas veraniegas de bombas formaban parte de la guerra sucia, pero sin pruebas. Y no volvió a haber más atentados playeros.

También dirigió la busca y captura del exdirector general de la Guardia Civil Luis Roldán, una rocambolesca trampa que acabó con el político en la cárcel y condenado. Miembro de la asociación progresista Jueces para la Democracia, Robles forma parte de de la dura generación de mujeres pioneras empeñadas en romper los techos de cristal.

Perseverante, nunca ha dado importancia a las amenazas que ha recibido a lo largo de su trayectoria. Una cualidad que le ayudará en su nuevo destino en Defensa, donde deberá encargarse del Centro Nacional de Inteligencia, el servicio secreto español.

Magistrada del Supremo y vocal del CGPJ

Tras su paso por la política, regresó a la Audiencia Nacional, como magistrada de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, su especialidad. Y fue nombrada magistrada del Tribunal Supremo en la misma Sala. Durante los años 2008-2013 fue vocal progresista del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), donde votó a favor de la destitución de su presidente, Carlos Dívar, por el escándalo de los viajes.

“Es la guerra”. Ese fue el mensaje recibido desde el ministerio de Justicia que dirigía Alberto Ruiz Gallardón. Y fue la guerra: el PP recortó las competencias del órgano de gobierno de los jueces y creó una estructura piramidal. Al frente puso a Carlos Lesmes, un magistrado de su especialidad.

En mayo de 2016 saltó de nuevo a la política. Pidió una excedencia, pero su enemigo Carlos Lesmes consiguió que el CGPJ le quitara su destino en el Supremo por pasar a la política. Una decisión arbitraria en opinión de muchos jueces. Pero ella está contenta con su paso a la política de hace dos años. E ilusionada con su nueva responsabilidad de ministra de Defensa.