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Memoria Histórica El PP de Castilla y León reconoce que "tener muertos en las cunetas desde hace ochenta años" no es propio de una democracia

La Junta aprueba un decreto para elaborar un censo de víctimas de la Guerra Civil y subvencionar las exhumaciones que va en demérito del Gobierno de Mariano Rajoy, el cual, según el exjuez Garzón, ha eliminado "cualquier posibilidad de apoyo a la aplicación" de la Ley de la Memoria Histórica.

Restos de un fusilado durante la Guerra Civil en una fosa en Palencia. Archivo / EFE

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Castilla y León dispondrá de un censo de víctimas de la Guerra Civil, subvenciones para exhumaciones —con una primera orden de ayudas de 100.000 euros este mes de abril— y los alumnos de ESO y Bachillerato estudiarán "educación en la verdad" de los hechos ocurridos durante la contienda y la dictadura franquista.

Así se recoge en el decreto de la memoria histórica y democracia de Castilla y León, que el jueves aprobaba el Consejo de Gobierno y que detallaba en rueda de prensa el vicepresidente de la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez (PP). El objetivo fundamental es "colaborar en la búsqueda y exhumación de las víctimas de la Guerra Civil para que sus familiares les puedan enterrar", ha sostenido el también consejero de la Presidencia, para quien una democracia no se puede permitir "tener muertos en las cunetas desde hace ochenta años" y no saber dónde están enterrados los muertos.

Si eso es así, "algo hemos hecho todos mal", ha advertido el vicepresidente de la Junta, quien ha explicado que el 99 por ciento de las asociaciones que trabajan en el campo de la memoria histórica en la comunidad está de acuerdo con este decreto, que ha incorporado sus sugerencias como que se condene expresamente la dictadura franquista, con ese "apellido".

Por su parte, el exjuez Baltasar Garzón ha aplaudido la aprobación de este decreto de la Memoria Histórica y Democrática de Castilla y León y lo ha contrapuesto con la falta de apoyo de las instituciones del Estado hacia las familias de represaliados del Franquismo. Garzón se ha mostrado seguro de que iniciativas como la aprobada por el Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León van en demérito de las instituciones del Estado y, especialmente, del Gobierno actual, que "desde que tomó posesión Mariano Rajoy en 2011, prácticamente eliminó cualquier posibilidad de apoyo a la aplicación" de la Ley de la Memoria Histórica, vigente desde hace más de diez años.

Como efectos inmediatos del decreto, este mes de abril la Junta se reunirá con el Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca para colaborar a la hora de hacer un censo de víctimas de la Guerra Civil en la Comunidad, y también saldrá la convocatoria de ayudas para exhumaciones por 100.000 euros.

Otra de las iniciativas que incorpora el decreto es la posibilidad de hacer un banco de ADN, en el que puedan quedar guardadas las pruebas biológicas de los descendientes de alguna víctima de la Guerra Civil o el franquismo para ayudar cuando se encuentren restos. No obstante, De Santiago-Juárez ha explicado que desde el banco nacional de ADN de Salamanca y otros expertos se les ha indicado que no hay "homologación específica para hacer esos análisis".

"Educación en la verdad"

También se prevé que de forma inmediata, para lo que la Consejería de Educación elaborará una unidad didáctica, se pueda incluir en los contenidos de la ESO y Bachillerato estudios para "conocer la verdad de los hechos ocurridos durante la Guerra Civil y la dictadura franquista", que de Santiago-Juárez ha bautizado como "educación en la verdad".

Desde el punto de vista del reconocimiento y la memoria, se recoge que se elaborará un mapa de fosas y que se apoyarán los actos de reconocimiento y homenaje a las víctimas.

Finalmente, recoge la colaboración con los ayuntamientos y la posibilidad de requerirles al cumplimiento de la Ley de 2007 de Memoria Histórica a través de los instrumentos previstos en la normativa de régimen local de Castilla y León.

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