Un total de 1.044 de los más de 82.000 miembros escogidos para ser presidentes o vocales de las 9.117 mesas electorales para el próximo 14F han pedido amparo al Síndic de Greuges, Rafael Ribó, para que defienda su derecho a la salud.

Los miembros, el 1,2% de los designados, han dirigido un escrito a Ribó con un mismo texto, en el que expresan su "malestar" por haber sido elegidos y dicen sentirse "desamparados por la Administración Pública a la hora de defender nuestro derecho a la salud", han informado a Efe fuentes del defensor del pueblo catalán.

Alegan que, como todos los ciudadanos, se han visto afectados y han acatado todas las obligaciones y recomendaciones sanitarias desde el mes de marzo para controlar la covidi-19 "y proteger nuestra salud".

Tras asegurar que han "respetado y seguido el confinamiento, la distancia social, hacer teletrabajo en la medida de lo posible, usar mascarillas y una larga lista de recomendaciones", estos miembros designados para las mesas electorales consideran que la misma administración pública les "obliga" a "incumplir todas estas directrices".

Aducen también que los médicos y epidemiólogos han advertido "del peligro que todo esto conlleva". "En plena tercera ola nos vemos obligados a estar más de 12 horas en un local cerrado, en contacto con cientos de personas incluyendo una franja horaria, que sólo es recomendable, para recibir positivos y contactos estrechos de covid-19, a los que las mismas autoridades les están obligando a hacer cuarentena", alegan en su carta.

"Nos dicen -añaden- que nos proporcionarán equipamientos de protección (EPI), para los que no tenemos ningún tipo de formación, y sabiendo que está más que demostrado que su mal uso es un verdadero peligro. Además, estos equipos EPI sólo se proporcionarán a la franja de 19h a 20h, aunque existe perfectamente la posibilidad de que personas contagiadas y en cuarentena vayan a votar a cualquier hora".

También se quejan de que han constatado que "muchos colegios electorales serán los habituales y por lo tanto son locales pequeños sin la ventilación necesaria".

Por todo ello, argumentan que "se nos presenta una situación de alto riesgo para nuestra salud, la de toda nuestra familia y contactos cercanos sin ningún tipo de defensa, dado que la no presentación en la mesa electoral es delito que supone penas de prisión y multas bastante elevadas".

Al amparo de la Constitución

En su petición de amparo aluden a los artículos de la Constitución que protegen el derecho a la vida y la integridad física y moral y el derecho a la protección de la salud y recuerdan que "compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones de y servicios necesarios"

En su escrito, dicen que han tenido una "nula respuesta de ninguna administración pública (más allá de las alegaciones particulares que pueden ser atendidas o no por la Junta Electoral)" y por eso piden el amparo del Síndic "para que nos proteja un derecho fundamental reconocido en la Constitución como es el derecho a la salud".