Domingo de mitin y domingo de anuncios. Lunes de críticas —también del socio de Gobierno— y de reacción. Así se está articulando el camino del PSOE hacia la campaña de las elecciones generales en un tramo final de legislatura en el que ha decidido avanzar en la gran asignatura pendiente: el derecho a la vivienda. Lo hace robando protagonismo a Unidas Podemos en uno de sus ejes más combativos, y lo hace a golpe de anuncios de impacto y de grandes presupuestos públicos respaldados, en gran, parte con fondos europeos.

Ante las constantes críticas de la oposición y algunos socios parlamentarios, que hablan de electoralismo burdo, el Gobierno ha querido buscar el respaldo de diferentes actores en el sector de la vivienda, sobre todo el de la construcción y la promoción, aunque también de los agentes sociales y del tercer sector.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presidido este lunes un encuentro con representantes de la Federación de Municipios y Provincias (FEMP), la Sareb (banco malo), el Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (INVIED), la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), la Asociación de Promotores y Constructores de España (APCE), la Asociación Española de Gestores Públicos de Vivienda y Suelo (AVS), la Asociación de Gestoras de Vivienda (AGV), la ONG Hogar Sí, la Plataforma del Tercer Sector, los sindicatos CCOO y UGT, el Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España (CSCAE) y el Consejo General de Colegios Oficiales de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de España CGATE.

En la reunión también han participado la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez; la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transición Digital, Nadia Calviño; y la ministra de Defensa, Margarita Robles. Una mesa amplia en la que, según ha dicho en rueda de prensa la ministra Sánchez, el Gobierno ha desgranado la hoja de ruta con la que pretende hacer de la vivienda "el quinto pilar del Estado del bienestar" y que habría recibido el beneplácito del sector inmobiliario, que será uno de los grandes actores del modelo de colaboración público-privada que ha diseñado Moncloa para los próximos años.

"Excelente acogida" en el sector del ladrillo

Las propuestas de Moncloa han tenido una "excelente acogida" entre los invitados al encuentro, ha asegurado la ministra de Transportes. "El sector [inmobiliario y de la construcción] reconoce expresamente el buen trabajo del Gobierno en materia de vivienda y hemos contado con su complicidad y su compromiso en este camino hacia un cambio de modelo y de paradigma con medidas sin precedentes", añadía. 

Por el momento, ninguna de las organizaciones invitadas a Moncloa ha emitido un comunicado que confirme la buena sintonía de la que ha hecho gala la ministra.

En las últimas semanas, Moncloa ha ocupado grandes titulares con sus promesas en materia de vivienda. Desde las 50.000 casas que movilizará la Sareb para destinar a alquiler social y asequible hasta el anuncio este fin de semana de una línea de avales del ICO de hasta el 20% de la hipoteca para que familias con menores y los jóvenes hasta 35 años puedan pagar la entrada a la hora de comprar su primera vivienda. Un anuncio que se detallará el martes tras el Consejo de Ministros y que, según calcula el Gobierno, puede beneficiar a unas 50.000 personas.

Una medida "de Botín y del PP"

Pero que ya ha recibido duras críticas por parte de Unidas Podemos, su socio de Gobierno, que habla de "infamia" y critica que no se ha consultado internamiento antes de que el presidente la anunciara el domingo en un acto de campaña.

La líder de la formación morada y ministra de Derechos Sociales y Agenda 2023, Ione Belarra, criticaba en Twitter que se trata de una propuesta "que ya hicieron [Ana Patricia] Botín y el PP" y que "fracasó en Reino Unido. "Las propuestas del PSOE en vivienda son contrarias al interés general", decía, "en cuanto no dependen de Podemos". Y la misma línea se ha mostrado este lunes el portavoz de Podemos, Pablo Fernández, que habla de medidas propias del PP y de Vox, que fomentan la burbuja inmobiliaria.

La ministra de Transportes no ha querido valorar estas críticas de sus socios, aunque "discrepa" de ellas y asegura que el aval del ICO es solo una medida más de todo un plan y pide que "no se demonice" la compra, pues es una opción que se plantea gran parte de la población.

También ha echado balones fuera la portavoz de la dirección federal del PSOE, Pila Alegría, que ha señalado que "la cercanía de los procesos electorales magnifica los comentarios" de este tipo. "Estoy segura de que Podemos se siente satisfecho de la política integral de vivienda que ha llevado este Gobierno", ha añadido al respecto.

En cierto que este política es prácticamente calcada a la que propuso la presidenta del Banco Santander en 2020, aunque solo iba a destinada a los jóvenes. Entonces, el ICO la rechazaba porque "no era una prioridad" en ese momento. También la planteó en 2018 la Asociación de Promotores y Constructores de España, una de las organizaciones que ha acudido al encuentro con el Gobierno este lunes. En 2020 mantenía esta petición al Gobierno, aunque hablaba de avalar un 95% de la hipoteca de los jóvenes, muy lejos del 20% que ha anunciado el Ejecutivo. De hecho, esta política ya se aplica —y se ha aplicado en el pasado— en comunidades autónomas gobernadas por el PP, como Madrid, Andalucía y Murcia, aunque sin que se conozcan por el momento cifras ni efectos.

184.000 nuevas viviendas en marcha

Además de esta iniciativa, en las últimas semanas se ha aprobado la ley de vivienda que supuestamente podrá freno a las subidas abusivas de los alquileres en las comunidades que puedan y decidan aplicarla, un ambicioso plan de rehabilitación y eficiencia energética respaldado con fondos europeos y diferentes proyectos de promoción en suelo público. En total, el Gobierno se propone tener listas 184.000 viviendas públicas en el corto y medio plazo, fundamentalmente para destinar a alquiler social y asequible.

Un "reto", una "causa nacional", según Transportes, que "requiere de consenso e implicación de todos los sectores" y que ya ha recibido "una valoración positiva del sector". Los presupuestos destinados a ello, en los que Sánchez ha hecho hincapié, parecen ser uno de los principales alicientes para el visto bueno recibido. Desde 2018, ha recordado, los Presupuestos Generales del Estado han multiplicado por ocho su partida para vivienda gracias a los fondos europeos. 

La ministra se ha referido a la "oportunidad" que estas medidas general en el sector de la construcción, que "genera y aporta" al PIB nacional más de un 5% y da trabajo a más de 1,3 millones de personas, ha enfatizado. Más que ha construcción, Sánchez ha puesto en valor el plan de rehabilitación de viviendas para el que hay destinados 6.820 millones de euros acordados con Bruselas y que se extenderá hasta 2026. El Gobierno calcula que el objetivo de "medio millón de actuaciones" en este campo creará 400.000 puestos de trabajo y aportará al PIB alrededor de 13.000 millones de euros.

Al mismo tiempo, la ministra de Transportes ha recordado que se prevé levantar otras 20.000 viviendas en terrenos del Ministerio de Defensa que Transportes comprará por 500 millones para que no sean las comunidades autónomas o los ayuntamientos los que tengan que hacer frente a ese gasto. En se sentido, ha elegido como herramienta ideal a la Entidad Pública Empresarial de Suelo (SEPES), dependiente de su ministerio, y a la que ya ha había dotado de 365 millones de presupuesto para construir 15.000 viviendas. En paralelo, el Gobierno ha lanzado otro convenio con el ICO para una línea de crédito de 4.000 millones para proporción de vivienda asequible.

Esos son los primeros pasos del Gobierno para lograr los  últimos objetivos que se ha marcado en materia de vivienda pública, que apenas supera el 2,5% del total, muy lejos de la media europea, que se sitúa en el 9%. El nuevo objetivo del Ejecutivo es alcanzar en 20 años una proporción de vivienda social y asequible en alquiler cercana al 20% y que no pueda venderse para conservar el parque público, algo que ya recoge la nueva ley de vivienda.

"Contamos con todos los recursos legales, jurídicos y económicos para ello gracias a la inversión movilizada con mediante el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia" de la Unión Europea, ha confiado la ministra.