El Gobierno de Mariano Rajoy asegura que tiene previsto un plan con todas las actuaciones posibles para evitar que se celebre un referéndum de independencia en Catalunya. Esa estrategia implica a varios ministerios e incluye medidas jurídicas y coercitivas, como precintar los colegios, según fuentes del Palacio de la Moncloa que cita la agencia Europa Press.

Otras fuentes del PP, sin embargo, niegan que exista tal plan B, y señalan que se mantiene la política de mano tendida hacia la Generalitat para atender sus reivindicaciones, siempre que no se hable del referéndum.

El Secretario de Estado de Administraciones Territoriales, Roberto Bermúdez de Castro, ha comparecido para clarificar la posición del Ejecutivo en términos contundentes: "Puedo garantizar que el referéndum no se celebrará", "obligaremos a todos a cumplir la ley", ha asegurado. "A cada paso que se dé fuera de la ley se aplicarán medidas proporcionales", ha dicho cuando se le ha preguntado por el posible control por parte del gobierno central del Departamento de Enseñanza de la Generalitat.

Desde Moncloa recalcan que la situación actual no es igual que la de noviembre de 2014, cuando se celebró la consulta soberanista del 9-N, porque entonces, según explican, no podían impedir las urnas dado que era un proceso consultivo que partía del asociacionismo catalán. De hecho, reconocen que prohibir las urnas habría sido desproporcionado.

Sin embargo, ahora se está promoviendo una llamada ley de desconexión en el Parlament catalán y, por lo tanto, ese referéndum tiene una base jurídica ilegal que, según avanzan, será objeto de recurso ante el Tribunal Constitucional (TC). De momento, esa ley está oculta aunque los partidos soberanistas aseguran haberla pactado.

Ante el supuesto de que se incumpla la resolución del TC, el Gobierno activará una serie de medidas coercitivas para evitar el referéndum. En esas actuaciones podría figurar por ejemplo precintar los colegios o incluso hacerse con las riendas de la Consejería de Educación para impedir el acceso a los mismos.

Fuentes de Moncloa explican que se trata de una estrategia completa que abarca varios ministerios (Presidencia, Interior y Educación, entre otros) y que contempla todos los procedimientos y diferentes escenarios para actuar, siempre de forma proporcionada y de acuerdo a la ley.

Sobre la posibilidad de utilizar el artículo 155 de la Constitución, el Gobierno sostiene que en su repuesta está contemplada la Constitución en su conjunto. Por eso, las mismas fuentes subrayan que ese referéndum no se va a llevar a cabo.

El propio presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, afirmó rotundo este miércoles, antes de abandonar el Pleno del Congreso, que no se va a celebrar un referéndum "ilegal". Es más, ha criticado que haya dirigentes catalanes que quieran llevarlo a cabo "saltándose la ley" y que además lo digan públicamente. "No se puede celebrar un referéndum ilegal", ha abundado.

Las fuentes consultadas admiten que el Gobierno de Mariano Rajoy está decepcionado y preocupado por la falta de gestos de las autoridades catalanas en estos meses. Sin embargo, no dan por cancelada la operación diálogo puesta en marcha en esta legislatura.

Referéndum "legal y posible"

El referéndum en Catalunya "se puede celebrar, es legal y es posible", ha explicado el portavoz del Comité Ejecutivo del Pacte Nacional pel Referèndum, Joan Ignasi Elena. "Lo que no es legítimo se esconderse bajo una falsa legalidad para no dialogar", ha insistido.

El portavoz ha dicho que los partidos y entidades que apoyaron el Pacto suscrito el pasado 23 de diciembre han ratificado su manifiesto en reunión celebrada este miércoles y ha señalado que ahora trabaján sobre dos ejes.

En primer lugar, "explicar y buscar adhesiones" al mismo pacto. Y por otra parte, "generar diálogo entre partidarios y contrarios al referéndum".

En este sentido, Joan Ignasi Elena ha recordado que hay constitucionalistas que entienden y admiten que existen vías legales para la convocatoria y realización de un referéndum en Catalunya sobre el futuro de las relaciones con España, aunque entre ellos haya algunos que no les parece oportuno.

La decisión para que se pueda realizar "es política" y no administrativa, ha explicado.

Comisión parlamentaria

El diputado de En Común Podem en el Congreso, Xavier Domènech, ha descalificado las "amenazas" de Moncloa y ha explicado, también este miércoles, que 71 diputadas y diputados han propuesto la creación de una comisión sobre el Derecho a decidir, "para impulsar el diálogo" sobre la "grave crisis territorial" que sufre España.

Se trata, según Domènech, de "asumir la realidad de la crisis territorial" y hacer posible que los defensores de la convocatoria de un referéndum puedan explicar su posición favorable a que "hable la ciudadanía" y que otros puedan expresarse en sentido contrario.

Esta Comisión, ha dicho el diputado, debe poder hacer "un diagnóstico y buscar soluciones democráticas a la crisis territorial." Son tiempos excepcionales y nadie debe esconderse bajo interpretaciones de la norma ".