El dispositivo policial que puso en marcha el Ministerio del Interior, bajo el nombre de operación Kitchen, fue el encargado de hacerse en 2013 con una de las cajas que Luis Bárcenas guardaba repletas de documentos y anotaciones que presuntamente demostraban la financiación ilegal del PP y que, finalmente, desmontaba una de las mayores tramas de corrupción en un partido.

La Policía se apoderó del material aprovechando que Luis Bárcenas se encontraba en prisión preventiva y que Rosalía Iglesias, mujer del extesorero del PP, tenía en su poder dichos documentos. Sin embargo, las pruebas nunca pudieron ser utilizadas y no fueron puestas a disposición de la Audiencia Nacional, que en ese instante investigaba tanto la fortuna injustificada de Bárcenas como la presunta financiación ilegal del PP. 

Según ha informado este lunes el diario El Mundo, que ha tenido acceso a parte de esos documentos que hasta el momento se mantenían inéditos, entre la documentación requisada se encontraron desde una carta manuscrita del ex secretario de Organización del PP gallego, Pablo Crespo, en la que se remitía información que demostraba la contabilidad oculta del partido en la comunidad autónoma; a los papeles intervenidos en los que había tratado de borrar su nombre para no dejar constancia de su conocimiento sobre dichas operaciones.

Por su parte, el chófer de Bárcenas, Sergio Ríos, captado por la policía, sirvió para facilitar la incautación de los documentos que finalmente demostrarían, entre otros, la contabilidad en B del PP en Galicia; los contratos suscritos del PP en relación con las actividades de formación en Valencia; o las notas y facturas que señalaban que las campañas electorales de Madrid habían sido financiadas de forma irregular.

A su vez, entre la documentación requisada también había una carta con varias facturas sobre las campañas electorales del PP en Madrid que Pablo Crespo, número dos de la trama Gürtel, enviara a Bárcenas. Entre esta documentación se encontrarían múltiples anotaciones, disposiciones, ingresos bancarios y presupuestos de las campañas electorales del PP, que fueron modificados con el fin de tapar el rastro de la caja B del PP.

Todas las pruebas reunidas no sólo demuestran la presunta financiación irregular del partido en Madrid, sino el entramado corrupto del partido a nivel nacional y la cooperación de la tesorería nacional del PP para blanquear las donaciones obtenidas de forma ilícita —es decir, en negro— por sus líderes con el objetivo de evitar los controles legales.