La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha participado en un acto organizado por la compañía privada de VTC Uber, donde ha alabado la gestión de la empresa mientras ha señalado que el sector del taxi necesita ser "más competitivo". Ha defendido que desde su Gobierno no van a dejar que "unos sectores fagociten a los otros". 

Para la presidenta, "el mundo está cambiando" y ha añadido que si hay nuevas formas de transporte es "porque lo quieren los ciudadanos, no la Comunidad de Madrid". Durante el evento, en el que la empresa ha presentado su servicio de transporte eléctrico, la líder popular ha aprovechado para arremeter contra el Govern de Catalunya, afirmando que "no vamos a seguir el camino de otras regiones donde todo se prohíbe y donde todo se empobrece".

Ayuso ha explicado que van a "seguir permitiendo que las VTC sigan trabajando en Madrid". Del mismo modo, ha manifestado que ayudarán al sector del taxi para que "modernice su relación con el ciudadano" mediante la digitalización. De hecho, ha expresado que están trabajando para privatizar esa digitalización, "integrando el transporte público en aplicaciones de empresas privadas, como está haciendo Uber". 

El sector del taxi, en contra de las intenciones de Ayuso

Mientras tanto, el Gobierno regional pretende sacar adelante la denominada Ley Ómnibus, un paquete de medidas para modificar diferentes normas de la comunidad; entre ellas, la Ley de Transportes. La Federación Profesional del Taxi de Madrid (FPTM) ya ha expresado su rechazo y ha manifestado que pedirá "indemnizaciones por más de 2.500 millones de euros por los daños derivados de la modificación", que tildan que se ha gestado de forma "encubierta y sin comunicación". 

Desde la asociación aseguran que el cambio "incumple la promesa" de Ayuso de  regular este servicio de transporte. Julio Sanz, presidente de FPTM, ha exclamado que "el gobierno del Partido Popular incumple la promesa que trasladó al sector del taxi tras las movilizaciones de 2019 de no regular las VTC y demuestra de nuevo que antepone los intereses de tres empresas con autorizaciones VTC frente a las más de 20.000 familias que dependen de un servicio público como el taxi". 

La plataforma ha reclamado el apoyo del resto de grupos políticos frente al modelo de movilidad que el Partido Popular "quiere imponer". Asimismo, por estas "maniobras encubiertas", ha agregado tener sospechas "de la existencia de vínculos o intereses particulares del partido en el gobierno con los especuladores que aglutinan cientos de licencias VTC", por lo que "solo podemos recurrir a la justicia".