La herencia de la gestión del Gobierno PP-Par que presidió Luisa Fernanda Rudi en Aragón en la legislatura 2011-2015 sigue provocando descuadres en las cuentas de la comunidad autónoma; tanto, como para rondar los cien millones de euros pendientes de pago debido a irregularidades en la gestión de personal y a otros errores en la gestión que los tribunales han acabado tumbando. 

Una de esas chapuzas ("trabajo mal hecho y sin esmero", según la RAE), la costosa decisión de impedir a los médicos seguir en sus puestos hasta los 70 años y obligarlos a jubilarse a los 65, vuelve esta semana a las Cortes de Aragón, aunque quien tendrá que responder por ella no será el ejecutivo de Rudi, que fue el que impuso la medida a mediados de 2013, sino el cuatripartito de Lambán, que sigue sin liquidar las indemnizaciones que recogen las sentencias.

La consejera de Sanidad, Pilar Ventura, tendrá que responder el viernes en el pleno a una pregunta de la diputada de Susana Gaspar, de C’s, que intenta saber "cómo piensa hacer frente" a esas sentencias cuyo coste "se estima" que "supera los 50 millones de euros", señala la parlamentaria. 

El retiro forzoso afectó de golpe a 160 médicos, buena parte de ellos especialistas y jefes de departamento en hospitales, a los que los tribunales han ido reconociendo el derecho a seguir en activo hasta los 70 años y a cobrar con intereses las retribuciones que dejaron de percibir, de hasta cinco años en algunos casos. 

Fuentes de la consejería rebajan el valor de esas indemnizaciones a "entre 10 y 32 millones de euros", aunque admiten que la variada casuística de los demandantes dificulta el cálculo hasta que estén cerrados todos los pleitos, mientras las organizaciones médicas sitúan la factura final por encima de los 60 millones. 

El expediente caducado de los edificios de la Expo

A este boquete se le suma el abierto por la sentencia que hace unas semanas declaró nula la catalogación como BIC (Bien de Interés Cultural, equivalente al monumento) de ocho edificios emblemáticos de la Expo, una estratagema con la que el Gobierno de Rudi pretendía eludir el pago de la contribución urbana (el IBI) y que ha derivado en la obligación de pagar a partir de ahora casi dos millones anuales al Ayuntamiento de Zaragoza por ese concepto y de cubrir los atrasos, cuando menos de los últimos cuatro años. Es decir, diez millones de euros en 2019 y la duda de qué ocurrirá con los recibos de 2008 a 2014, que sumarían casi catorce más.

El Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) concluyó que el trámite por el que fueron declarados "ha de entenderse y declararse caducado" al haber transcurrido más de 18 meses entre el inicio del expediente (28 de diciembre de 2012) y la publicación de la resolución (18 de julio de 2014) en el Boletín Oficial de Aragón (BOA).

El fiasco de la demanda de las mermas tributarias 

A esta decisión judicial se le suma otra cuyo coste para las arcas autonómicas supera los 37 millones de euros y cuya ejecución está en manos del Ministerio de Hacienda, aunque sus dos últimos titulares, Cristóbal Montoro (PP) y María José Montero (PSOE), han eludido activarla. 

Se trata de la condena en costas que emitió el Supremo ante la carencia de fundamentos jurídicos que suponía haber demandado al Gobierno central para reclamarle a finales de 2011 una indemnización de 369,9 millones de euros por las llamadas mermas fiscales, que serían los impuestos dejados de cobrar a los aragoneses en 2007 y 2008 por la reforma fiscal con la que el ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero había rebajado un año antes tributos como el IVA, Patrimonio, Sucesiones, Donaciones, Actos Jurídicos Documentados y los Impuestos Especiales. 

La demanda era "un mero desiderátum", sentenció, "sin que sean necesarias mayores disquisiciones jurídicas", el Supremo, ante el que el Gobierno de Aragón había recurrido la sentencia inicial de la Audiencia Nacional con la esperanza de que le diera la razón en un grado suficiente como para eludir la condena en costas que ha había emitido ese tribunal. 

Poco antes, la misma Audiencia Nacional había descrito un cúmulo de errores contables en los números de la comunidad autónoma al rechazar la demanda por la que esta reclamaba rectificar una resolución del Ministerio de Hacienda que concluía que se había gastado 666 millones más de los que debía y 244 más de los que decía en 2013. 

La sentencia hablaba de anotaciones erróneas y de la aplicación de criterios inapropiados en unas cuentas cuyo objetivo era maquillar el desmesurado déficit en el que, en realidad, habían derivado unos duros recortes sociales disfrazados de austeridad.

El 38% de una deuda que cuesta casi medio millón diario

También la Cámara de Cuentas de Aragón detectó, en este caso en la gestión de ese mismo ejecutivo en 2014, irregularidades contables que incluían facturas por valor de 268 millones cuyo gasto había sido admitido sin que existieran consignaciones presupuestarias para cubrirlas. 

Sin embargo, el Tribunal de Cuentas descartó que los altos cargos del Gobierno de Rudi que habían ordenado esos gastos hubieran incurrido en "responsabilidades contables". De haber dictaminado que sí existían, podrían haber llegado a ser condenados a pagarlas de su bolsillo.

El último de los legados de esa etapa PP-Par que afecta a las cuentas actuales de la comunidad tiene forma de intereses bancarios: casi el 40% de los 8.467 millones de euros de deuda que según el Banco de España arrastra la comunidad autónoma (3.223) proceden de esa época, en la que ese registro estuvo cerca de duplicarse al pasar de 3.403 a 6.626, mientras el último informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas, referente al ejercicio de 2017, cifra en 180 millones la factura anual de intereses que la comunidad soporta por esos débitos. Sale, en su conjunto, a más de 490.000 euros diarios.