Los grupos municipales PP y Vox han firmado este jueves un acuerdo programático en el que se incluyen medidas concretas para Palma "con ciertas modificaciones en la organización de los servicios administrativos del Ayuntamiento y en las comisiones permanentes de Pleno", aunque sin implicar la entrada de Vox en el equipo de gobierno.

Por parte del PP ha firmado el presidente de la formación y alcalde de Palma, Jaime Martínez, y por parte de Vox ha firmado su coordinador, Fulgencio Coll.

"Después de dos mandatos del pacto de izquierdas nacionalista, Palma se encuentra en una situación que es preciso modificar con urgencia. Hablamos de seguridad, del estado de las infraestructuras urbanas, de la limpieza, movilidad, y otras muchas cuestiones que hacen difícil la vida de los palmesanos", han indicado ambas formaciones en un comunicado.

En esta línea, han enfatizado que "revertir esa situación hace preciso reforzar la gobernabilidad de la ciudad en lo que se refiere tanto a los acuerdos de pleno como a los presupuestos municipales".

Cambios

"Creemos que el trabajo conjunto entre las dos formaciones reforzará esta gobernabilidad y propiciará los cambios que demandan los ciudadanos de Palma", han añadido los partidos.

En esta línea, han destacado que se trata de un acuerdo en el que se reflejan aspectos programáticos que son comunes a las dos formaciones, pero también aquellos "que constituyen las señas de identidad del PP y de Vox".

De modo que, aunque este acuerdo no suponga la entrada de Vox en el equipo de gobierno, "su impronta quedará reflejada en las actuaciones que lleve a cabo el mismo".

PP y Vox han cerrado acuerdos a lo largo y ancho de la geografía española. El último de ellos, antes de este de Palma, fue en Murcia, donde ambos partidos abrieron la puerta a la censura parental y a eliminar las ayudas a sindicatos. El documento, como ha ocurrido en otros territorios donde la ultraderecha gobierna, están marcados por planteamientos reaccionarios y pinceladas negacionistas.

Penalizar la actividad sindical es una medida que ya ha sido llevada a término en Castilla y León, lo que provocó que el Ministerio de Trabajo enviase dos requerimientos.

Los partidos también plantean impulsar la censura parental en las escuelas, una medida que López Miras ya aprobó en la pasada legislatura y que permite que los padres puedan vetar contenidos de aprendizaje de sus hijos alegando motivos ideológicos.