Verdad, justicia y reparación. Las enmiendas formuladas por Unidas Podemos (UP) al proyecto de ley sobre bebés robados, que acaba de ser desbloqueado en el Congreso, buscan claras garantías para las víctimas de estos casos, al tiempo plantea hablar en el propio título de la normativa de "apropiación forzada de menores", una definición que adquirirá así, por primera vez, reconocimiento legal. 

El grupo confederal ha registrado este miércoles 22 enmiendas a esta ley, elaboradas por Enrique Santiago (IU) y Martina Velarde (Podemos), de tal forma que su futura redacción sea objeto de "mejoras técnicas" y ofrezca así "más garantías jurídicas y procesales al texto inicial", señalaron fuentes de la coalición de izquierdas.

Estas enmiendas son fruto del trabajo coordinado entre el grupo parlamentario y las asociaciones de víctimas que presentaron el texto de ley. En tal sentido, han recordado que la iniciativa ha sido desbloqueada "gracias a la perseverancia y la presión ejercida por los colectivos afectados y proponentes de la ley", que han exigido que se cerrase el periodo de enmiendas –ampliado durante casi 100 semanas– "para continuar con la tramitación de la ley". El grupo parlamentario confederal, a través de Santiago y Velarde, y la Secretaría de Estado de Agenda 2030, dependiente de Lilith Vestrynge, han impulsado muy de cerca el desarrollo de estas enmiendas.

En la exposición de motivos, el texto enmendado por UP subraya que "durante décadas, y hasta etapas muy próximas, un número inmenso de niños fueron sustraídos en cárceles, clínicas y maternidades, simulándose su fallecimiento y ocultándose su apropiación o desaparición forzada, incluso, con alteración o falsificación de documentación pública". "Sus familias biológicas siguen sin saber su paradero a día de hoy", subraya.

El grupo confederal subraya que "los bebés desaparecían de los centros hospitalarios a los que iban las parturientas, que abandonaban el hospital bajo la creencia de que su hija o hijo había muerto". "La ideología nacionalcatólica de regeneración del espíritu nacional justificaba estos hechos para reubicar a los bebés en 'familias de bien'", destaca.

El papel de la Iglesia

En esa línea, remarca que "a día de hoy, la impunidad continúa porque estos niños y niñas que fueron robados en cárceles, hospitales, clínicas, en cualquier centro estatal o privado de cualquier naturaleza o índole, donde las mujeres dieran a luz, continúan hoy desaparecidos, siguen hoy despojados de su identidad y su estado civil, de su derecho a saber quiénes son".

El texto enmendado por UP pone el foco en el papel de la Iglesia en la trama de robo de bebés. En esa línea, cita concretamente a "las confesiones religiosas, congregaciones reconocidas por el Estado y en especial la Iglesia Católica, representada por la Conferencia Episcopal y las demarcaciones territoriales".

Asimismo, el grupo confederal plantea que "los facultativos sanitarios deban dar cuenta de situaciones en las que un descendiente carezca de correspondencia biológica con sus progenitores". En otro apartado aboga por el derecho de las víctimas a "no modificar su filiación, aunque se descubra que su identidad de origen biológico es otra". 

UP busca además que el Instituto Nacional de Toxicología "registre los suficientes marcadores genéticos para que puedan acreditarse coincidencias de parentesco de hasta cuarto grado", una nueva garantía para contribuir al acceso a la verdad por parte de las víctimas. 

Archivo nacional

Por otro lado, propone la elaboración de un archivo nacional dependiente de la Fiscalía Especial sobre la Desaparición Forzada de Menores que "llevará a cabo las funciones de registro, inventariado, salvaguarda, catalogación y difusión selectiva de los materiales que lo integren".

Ese archivo "incluirá un censo de afectados –con independencia de la nacionalidad de los mismos–, los expedientes documentales resultantes de sus pruebas de ADN y la información recogida o generada por las instituciones pertinentes", apuntaron desde UP.