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De izquierda a derecha: Juan Ignacio García Braschi, alto cargo de Cabify; Juan Ortigüela, magnate de las VTC; y Eduardo Martín, presidente de la patronal de VTC Unauto.

Estos son los empresarios que se lucran con la burbuja de licencias de Uber y Cabify

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Aprovecharon una indefinición legal en la concesión de licencias VTC para solicitarlas a miles. Ahora las revenden a más de 1.000 veces su valor, según la información a la que ha tenido acceso 'Público'

Sociedad

La actividad de Uber y Cabify ha revalorizado el precio de las licencias VTC, con las que operan sus conductores, hasta precios nunca antes vistos. Gracias a dichas empresas, estas autorizaciones de transporte pueden sortear más fácilmente la regulación que, en teoría, impedía que compitieran con el taxi en el transporte discrecional de viajeros. 

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Pero Uber y Cabify no han sido las únicas causantes de la burbuja en torno al valor de las VTC, que ya alcanzan los 50.000 euros en Madrid. En algunos casos llegan hasta los 70.000, si se cumplen determinadas condiciones que facilitan su explotación. Teniendo en cuenta que en el momento de su concesión se cobra una tasa administrativa que no llega a los 50 euros, el proceso especulativo en torno a ellas se hace evidente.

[Más información: Así se ha creado la burbuja de licencias de Uber y Cabify]

En teoría, la ley prohíbe que las VTC cambien de manos excepto por causas de fuerza mayor. Sin embargo, los taxistas han descubierto la manera en la que un pequeño grupo de empresarios del sector están acaparando licencias —hoy imposibles de conseguir por vía administrativa— y revendiéndolas.

Ante la prohibición de vender las VTC, los empresarios las adjudican a sociedades y las traspasan

"Están utilizando la alternativa de montar una sociedad, que es la titular de la autorización en sí, y traspasando esa sociedad", explica el abogado de la Federación Profesional del Taxi (FTP) de Madrid, Jesús González: "De esta manera no vendes una autorización, sino tus particiones en esa sociedad".

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El letrado advierte de que con esta práctica se está cometiendo un "fraude de ley", ya que se "está utilizando una vía que no es la prevista para conseguir un fin que prohíbe la ley, que es la venta de esas licencias". 

Viejos conocidos del sector

La FTP señala a un pequeño grupo de empresarios como los principales responsables de la creación de este entramado societario para lucrarse con la reventa de licencias VTC. Entre ellos están Juan Ortiguela, el mayor empresario del transporte con chófer de España antes de la llegada de Uber y Cabify; Eduardo Martín, presidente de Unauto (patronal de los empresarios de las VTC) y Juan Ignacio García Braschi, alto cargo de Cabify.

Todos ellos aprovecharon un vacío legal durante el período 2013-2015 para acaparar licencias que han terminado concediendo los tribunales, aunque será el Supremo el que decida en última instancia sobre ellas.

Información sobre Ares Capital, la principal empresa de Juan Ortigüela. <i>Pulsa en la esquina superior derecha para ver la imagen completa.</i>

Juan Ortigüela seguramente sea el gran ganador del conflicto entre Uber, Cabify y el taxi. Durante ese vacío legal solicitó miles de licencias en Madrid y Barcelona. Es imposible saber cuantas, pero la cifra llegaría a 2.000 en la capital y otras 1.000 en la ciudad condal, según varios medios. A 50.000 euros por licencia: millones de euros en VTC. 

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Se calcula que Ortigüela tiene solicitadas unas 3.000 VTC de las 10.000 que aún están en litigio en los tribunales

La principal empresa de Ortigüela, Ares Capital, opera 458 autorizaciones, más otras 25 para el transporte de viajeros en autobús. No obstante este empresario participa en otras 164 empresas, casi todas ellas llamadas "VTC" más el nombre de una comunidad autónoma. La Federación Profesional de Taxistas de Madrid denuncia ante este medio que es una forma de no equivocar el lugar donde debe vender esa sociedad, puesto que las VTC solo pueden operar en la comunidad que las ha concedido.

Correrá a cuenta del comprador de esas sociedades, en realidad comprador de licencias VTC, cambiar el nombre de la empresa y su domicilio social. Así ha ocurrido con las últimas que ha vendido Ortigüela, que pasó de "VTC PI Andalucía diecisiete" a "Autoalcaidesa-Soto SL"; o con "VTC PI Andalucía ochenta y dos SL", renombrada a "Transfer Tarifa MC SL", ambas traspasadas a finales de mayo. 

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Eduardo MartínJuan Ignacio García Braschi no pueden competir con Ortigüela, pero hacen sus pinitos. Este último, director financiero de Cabify, cesó sus relaciones a finales de 2016 con este tipo de sociedades, pero estuvo a cargo de al menos 32 de ellas según el registro mercantil. Precisamente este viernes otra asociación de taxistas ha denunciado el entramado societario relacionado con Cabify ante la Fiscalía Especial de Delitos Económicos, en el que García Braschi es protagonista.

En contacto con este medio, Cabify ha defendido que Braschi "no era propietario de las sociedades sino su administrador, por lo que no procede aludir a un supuesto lucro personal".

Registro de Shuttle Vip-Madrid SL, vendida por Eduardo Martín con 11 licencias VTC aparejadas.<i> Pulsa en la imagen para verla completa.</i> 

Eduardo Martín, por su parte, aparece relacionado también con 32 empresas. También se ha desecho una decena de ellas en los últimos tiempos, casi todas con licencias VTC aparejadas. Una de ellas era Shuttle Vip-Madrid SL, que poseía 11 de estas autorizaciones, como aparece en la imagen superior. 

Posible "estafa"

La concesión de VTC por vía judicial debido al vacío legal en el período 2013-2015 aún tiene que ser refrendada por el Tribunal Supremo. Los abogados del Estado elevaron un recurso de casación al alto tribunal, que deberá decidir si existía esa indefinción que permitía su concesión o, por el contrario, esas autorizaciones no deberían haberse concedido. 

El abogado de FTP avisa de que, en caso de que la resolución del Supremo vaya en esta última dirección, "todas aquellas autorizaciones que se han concedido con posterioridad a 2013 habrá que tratar de anularlas". Por tanto, las ventas de esas licencias por precios 1.000 veces superiores a su valor administrativo, basado en una decisión jurídica contra la que aún cabe recurso, podría llegar a considerarse una "estafa". Todo dependería de la información que hubiera recibido el comprador y si era consciente de que su licencia podría quedar anulada.

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