Los grupos parlamentarios que forman la subcomisión del Congreso para negociar un Pacto de Estado contra la violencia de género, acaban pedir la habilitación del mes de julio para seguir negociando un documento de consenso. En principio el documento se tendría que haber cerrado a mediados de junio, pero se había solicitado una ampliación del plazo que vencía el próximo viernes 30. Sin embargo, según confirman fuentes de la subcomisión aún no se ha alcanzado el consenso en temas clave, por lo que dispondrán del próximo mes para cerrarlo.

Desde febrero pasado la subcomisión, que está formada por miembros de todos los grupos con representación parlamentaria, inició su trabajo con la comparecencia de expertos en distintas especialidades, feministas, políticos y organizaciones de la sociedad civil, para recoger propuestas. En total han pasado por la subcomisión unas 70 personas.

Los trabajos no se limitan a mejorar la Ley de medidas de protección Integral contra la Violencia de Género aprobada en 2004, sino a negociar un marco más amplio de actuación y de protección contra la violencia que sufren las mujeres. La ley actual sólo reconoce como víctimas de violencia de género a aquellas agresiones cometidas por las parejas o exparejas de las víctimas. Pero el Convenio de Estambul, ratificado por nuestro país insta a los Estados a regular otros tipos de violencias contra la mujer.

Según fuentes de la subcomisión, las negociaciones están siendo muy complejas y complicadas, precisamente por lo amplio del documento y por la falta de acuerdo, hasta la fecha de temas clave.

Sin embargo, todos los grupos parlamentarios han hecho un pacto de silencio sobre los aspectos específicos que se están negociando o que han impedido hasta hoy el acuerdo.

Por ahora los grupos negocian un documento "percha" (que recoge todos los temas en los que ha habido consenso entre todos los grupos parlamentarios), aunque algunos se hayan quedado fuera.

Una vez cerrado el documento, el dictamen tendrá que pasar por al Comisión de Igualdad del Congreso donde cada grupo podrá presentar los votos particulares (enmiendas) que consideren oportunos y que serán aprobado o rechazados por mayoría, lo que puede hacer que el documento de consenso que salga de la subcomisión sea nuevamente modificado de forma importante.

A partir del acuerdo, el documento será entregado al Gobierno que, según la Proposición No de Ley que regula este proceso, tendrá dos meses para someterlo a acuerdo con Comunidades Autónomas, Ayuntamientos, partidos políticos administración de Justicia, asociaciones sindicales y otro actores que considere relevantes.