La aplicación de la “Ley Mordaza” por parte de la Ertzaintza contra un periodista vasco no pasará, ni de lejos, desapercibida. Tras conocerse la multa recibida por un reportero de la radio Hala Bedi que en mayo pasado cubría una actuación policial en el barrio autogestionado de Errekaleor —situado en Vitoria—, colectivos profesionales, activistas a favor de la libertad de información y partidos políticos han pedido explicaciones sobre lo ocurrido.

Las luces de alarma se encendieron este jueves, cuando trascendió que el periodista Mikel Saenz de Buruaga había recibido una multa de 602 euros. El expediente provenía del Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco, que daba por buena la versión de la Ertzaintza sobre los hechos registrados el pasado 18 de mayo en Errekaleor. Aquella mañana, Saenz de Buruaga se encontraba allí para cubrir la intervención de la Policía Autonómica, que había acudido al barrio para custodiar a los técnicos de Iberdrola que pretendían cortar la luz a las 150 personas que viven allí.

El operativo incluyó una carga policial contra varios jóvenes que se habían encadenado junto a un transformador, mientras que el reportero de Hala Bedi —quien se encontraba allí para realizar la cobertura informativa— recibió varios golpes y empujones por parte de los ertzainas, quienes le rompieron el móvil que estaba utilizando para grabar la escena. Según ha denunciado la emisora, también hubo amenazas contra el periodista y un compañero suyo: “Sabemos quiénes sois, sabemos que sois del entorno radical”, habrían afirmado los policías.

Este viernes, el Colegio Vasco de Periodistas y la Asociación Vasca de Periodistas han emitido una declaración conjunta en la que “lamentan y denuncian la decisión tomada por el Gobierno vasco de sancionar aplicando la Ley Mordaza a Hala Bedi Irratia”. Recordaron además que aquel 18 de mayo, “los medios de comunicación que llegaron más tarde no tuvieron la opción de informar de forma adecuada ni acercarse al lugar, ya que la Ertzaintza impidió el acceso al barrio”. Por tanto, solamente Hala Bedi —que había accedido antes— estaba presente en el lugar y podía dar cuenta de lo que estaba sucediendo.

Tras destacar que se trata de la primera vez que la Policía Autonómica aplica la Ley Mordaza contra un periodista vasco, el colegio y la asociación subrayaron que esa normativa supone “un ataque directo al derecho de información y, por tanto, a la labor que desarrollamos los profesionales de los medios de comunicación, por lo que exigimos su retirada inmediata”.

“Proteger, no castigar”

Por su parte, EH Bildu ha anunciado que llevará este tema al Parlamento Vasco, donde reclamará que la consejera de Seguridad, Estefanía Beltrán de Heredia, ofrezca explicaciones sobre este tema. “Es grave que la Ertzaintza se sirva de esa ley para obstaculizar la labor de la prensa y, en este caso concreto, para sancionar a un periodista de Hala Bedi —destacó la coalición abertzale—. Lo que tiene que hacer la Ertzaintza es proteger el derecho a la información y la libertad de expresión, no castigarlos”.

En tal sentido, el grupo independentista en la cámara de Gasteiz hizo hincapié en un aspecto revelador: a finales de la legislatura pasada, el Parlamento Vasco “expresó su posición contraria a la Ley Mordaza porque vulnera derechos fundamentales y asumió por ello el compromiso de que no se aplique”. “PNV y PSE firmaron aquella declaración, pero no han cumplido su palabra porque la Ertzaintza ha seguido aplicando la Ley Mordaza desde entonces”, denunció EH Bildu.

Por todo ello, la coalición soberanista solicitó al Gobierno Vasco la inmediata retirada de la multa impuesta al periodista de Hala Bedi, así como el cese de la aplicación de esa restrictiva ley, dado que “vulnera libertades y derechos fundamentales y convierte en delito el trabajo periodístico y la libertad de expresión”.

Queja ante el Defensor del Pueblo

El malestar también ha llegado a Madrid. Esta misma mañana, la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI) presentó una nueva queja ante el Defensor del Pueblo “por la sanción impuesta a un periodista en el ejercicio de su función en aplicación de la Ley Orgánica 4/2015 de Protección de la Seguridad Ciudadana”. “Las multas contra la libertad de información responden a un patrón: el de su camuflaje bajo infracciones genéricas como ‘desobediencia o la resistencia a la autoridad’ (art. 36.6) o ‘faltas de respeto y consideración’ a miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (art.37.4)”, remarcó.

De hecho, la PDLI recordó que “según la reciente memoria del ministerio del Interior, estas sanciones se han incrementado desproporcionadamente en el último año, llegándose a triplicar en el caso del artículo 37.4”. “Se trata, una vez más, de una aplicación de la ley contraria a los principios constitucionales al no tomar en consideración que la persona sancionada está ejerciendo un derecho fundamental como es la libertad de información”, subrayó.