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La presidenta de la Junta de Andalucía Susana Díaz, conversa en una clase en el acto de apertura del curso escolar 2017-18, en el Colegio de Educación Primaria Rafael Aldehuela de Alcaudete (Jaén). EFE/José Manuel Pedrosa

Curso escolar Menos alumnos, más profesores, ¿misma ratio escolar?

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El descenso de la natalidad y la recuperación de plazas docentes eliminadas en 2012 no se traduce aún en una reducción del número de niños por aula. El Gobierno andaluz ha suprimido muchas unidades “semivacías” y reubicado a maestros en otros colegios

Sociedad

El curso escolar ha arrancado esta semana en Andalucía con un mantra repetido hasta la saciedad por todos los miembros del Gobierno autonómico, desde la presidenta, Susana Díaz, hasta el último delegado provincial de Educación: menos alumnos y más profesores.

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En otras comunidades, donde también han empezado las clases estos días, se ha rematado la fórmula matemática: menos alumnos y más docentes es igual a una reducción de la ratio escolar (el número de estudiantes por aula), a saber, el principal índice de medición de la calidad educativa. Así lo han anunciado los consejeros de Educación de la Comunidad Valenciana y de Aragón. ¿Por qué Andalucía no ha rematado la frase? ¿Por qué no ha dicho abiertamente lo que parecía querer decir?

En efecto, este curso se escolarizarán en Andalucía 1.826.592 alumnos (casi 7.000 menos que el anterior) y habrá 98.091 profesores (2.676 nuevos). Por separado, son dos datos objetivos, aunque al presentarse de forma conjunta inducen a pensar (con cierta lógica) que si hay menos niños y más maestros en las aulas, esto necesariamente revertirá en la calidad de la enseñanza. Inducen a pensarlo, aunque Díaz se ha cuidado mucho para no terminar de unir los puntos suspensivos.

Hay menos alumnos matriculados, debido sobre todo a un descenso de la natalidad. La población infantil lleva varios cursos disminuyendo (40.000 menos desde 2012), entran menos niños al sistema y la oferta de plazas es cuatro veces superior al censo escolar de 3 años (edad de ingreso).

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De modo que hay más espacio en las aulas de Infantil y Primaria, hay más maestros para menos niños y, en efecto, se puede bajar la ratio, para que donde antes había dos aulas con 27 niños cada una, ahora haya dos aulas con 15 estudiantes por profesor. Pero esto no es lo que ha pasado.

Muchas de las aulas que han quedado semivacías debido al descenso demográfico se han clausurado: 105 unidades menos en Infantil y 195 menos en Primaria, según algunas fuentes sindicales (la consejería elude confirmar los datos), y muchos maestros interinos han sido reubicados, les cambian de escuela porque en la suya hay menos alumnos y su plaza desaparece.

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Y es cierto que hay más profesores, pero la mayoría se incorporan a cursos superiores, a partir de Secundaria, de modo que no ayudan a reducir la ratio. Hay más docentes andaluces este año, en parte, porque se empiezan a recuperar los empleos destruidos en 2012, cuando el Gobierno central aprobó el drástico decreto de reducción del sector público, y la Junta prescindió de 4.502 profesores interinos que ese año no volvieron a sus aulas.

Hay más profesores que el año pasado, pero no más que en 2012. Aún queda algo más de un centenar de plazas perdidas para alcanzar la plantilla que había hace cinco años, cuando el objetivo de la Ley de Educación Andaluza era crear 12.000 puestos nuevos de profesor entre 2008 y 2012. En lugar de eso, aquel año se suprimieron casi 5.000 plazas de un plumazo.

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De modo que el Gobierno andaluz no ha anunciado una bajada generalizada de la ratio escolar, porque la ratio es básicamente la misma que en los últimos años. Según datos de la Consejería de Educación, en Infantil hay 21,4 alumnos por aula de media; en Primaria, 21,1 niños por clase; en Secundaria, la ratio sube hasta los 26,6 estudiantes por cada tutor, y en Bachillerato llega hasta los 30,5 alumnos.

Si se revisan los datos del año pasado, apenas han variado. Son números objetivos, pero si lo que se quiere es interpretarlos, hay tres formas honestas de hacerlo: 1) Desde la perspectiva legal; 2) Comparándolos con la ratio de otras comunidades; y 3) Comparándolos consigo misma y con la evolución del sistema escolar andaluz.

Tres formas de contar alumnos

Desde la perspectiva legal, son cifras razonablemente positivas, porque están por debajo o en el entorno del límite que marca la ley. A saber, un máximo de 25 alumnos por aula en Infantil y Primaria; hasta 30 en Secundaria y 35 en Bachillerato. Claro que cuando empiezan las clases, otra realidad se impone. Existe un concepto llamado escolarización sobrevenida, que tiene mucho que ver con la llegada de alumnos inmigrantes con el curso ya empezado, con hijos de familias de temporeros, traslados de domicilio, reescolarización de alumnos por vía judicial…

Todo eso hace que la ratio de un colegio no sea la misma el 10 de septiembre que el 10 de octubre. Lo sabe bien la nueva consejera de Educación, Sonia Gaya, que antes de ocupar su departamento se ha pasado dos décadas al otro lado de la mesa sectorial, como portavoz de la federación de enseñanza de UGT.

Gaya acude este miércoles al Parlamento a presentar el balance del inicio del curso escolar repitiendo la máxima de “menos alumnos, más profesores”, pero su otro yo sindical no ha podido reprimir explicar los matices a quien se lo ha preguntado: “La ratio no es homogénea en toda Andalucía, ni siquiera dentro de las grandes ciudades. Tenemos unas cifras de media razonables, pero es cierto que en las escuelas de una capital el número de alumnos por clase es muy superior al que existe en los pueblos”.

En efecto, aunque globalmente el reparto de alumnos por aula en Andalucía se ajuste a la norma, existen problemas de sobredemanda en ciudades como Sevilla o Málaga, y aulas con 26 y 28 niños por cada profesor (la ley permite ampliar la ratio máxima hasta tres alumnos más por clase). En cambio, hay zonas rurales donde apenas hay alumnado, y en un mismo aula se integran alumnos de distintos niveles educativos, aprendiendo a diferentes ritmos.

Ciudadanos, socio de legislatura de Susana Díaz, prevé llevar una iniciativa al Parlamento para reducir un 10% la ratio máxima establecida por ley, pasando de 25 a 22 alumnos por aula en Infantil, en centros con alta tasa de fracaso escolar y en escuelas ubicadas en zonas deprimidas. Esto, sin embargo, se escapa a las competencias de la Junta, porque implica cambiar una ley básica que depende del Gobierno central.

La segunda perspectiva es la comparación norte-sur de España. Si comparamos un aula de un colegio del centro de Sevilla con otra de una escuela del centro de Bilbao, veremos un desequilibrio abismal: en el primero estudian 27 chavales y en el segundo 14. Una brecha que tiene una explicación objetiva - la población andaluza es cinco veces superior a la vasca-, pero también simboliza el reparto desigual de la riqueza (y la financiación) entre el norte y el sur de España.

Un hecho persistente desde hace más de 40 años y que condiciona la realidad socioeconómica y cultural de Andalucía, la comunidad que más tarde se enganchó al desarrollo (la que más analfabetos y menos infraestructura escolar tenía a finales de los años 70) y, por ende, la que aún hoy aparece a la cola en los índices que miden el éxito escolar.

En esos mismos estudios comparativos, Andalucía siempre destaca como la región más equitativa, esto es, la que más invierte en apoyos sociales a las familias más necesitadas para equilibrar las desigualdades, para que nadie se quede descolgado en la escuela por razones económicas (gratuidad de libros de texto, aula matinal, comedor escolar, transporte…). La Junta asume el gasto que los hogares más deprimidos no pueden permitirse, unos 5.000 euros al año por familia si se suman todos estos conceptos.

Los datos objetivos, tratándose de la escuela, casi nunca lo son: un dato objetivo pudiera ser la inversión por alumno que hace cada comunidad autónoma, y en esa comparativa Andalucía suele aparecer muy relegada respecto a otras regiones del norte. Pero los sistemas educativos de las 17 comunidades no son homologables, el Gobierno andaluz no invierte lo mismo en libros de texto (gratuitos) que el vasco o el madrileño.

Tampoco es comparable la población escolar -la de Andalucía supera a los habitantes de Aragón (1,3 millones), Asturias (1 millón), Baleares, Cantabria (589.235), Extremadura (1,1 millones), Murcia (1,4), Navarra (630.578) y La Rioja (321.702)-; ni el número de alumnos inmigrantes, ni la dispersión rural ni el contexto socioeconómico.

La tercera perspectiva es la que observa la evolución de la ratio escolar andaluza en los últimos años, “sin apenas variaciones notables”, según CCOO. La Junta promete una bajada espectacular del reparto de niños por clase, basada en dos datos: 40.000 alumnos menos en los últimos cinco años y un aumento neto de la plantilla de 2.000 profesores a final de legislatura.

Las cuentas, de todas formas, hay que vigilarlas al detalle. Andalucía ha contabilizado este curso 2.676 docentes “nuevos”, una cifra similar a la que ofreció la Consejería de Hacienda cuando calculó los beneficios para la plantilla docente de volver a reducir la jornada laboral de los funcionarios de 37,5 a 35 horas semanales. También así se ha ajustado muy libremente la idea de más profesores y menos alumnos.

La medida, pese a estar recurrida por el Gobierno central y suspendida por el Constitucional en Extremadura, se implantó el 1 de enero. En marzo se planificó el curso siguiente con una reducción del horario lectivo de 20 a 19 horas. Luego el Gobierno de Rajoy volvió a recurrir la norma andaluza, que está a expensas de la suspensión cautelar del Constitucional, pese a lo cual, la Junta no ha tocado los horarios lectivos. ¿Cómo hacerlo? Si la planificación escolar se hace con seis meses de antelación, y el recurso de Rajoy contra las 35 horas llegó poco antes del verano.

El Ministerio de Hacienda está negociando con los sindicatos la reducción de la jornada laboral para todas las administraciones, y la Junta tiene esperanzas en que el diálogo fructifique y se remita un escrito al Constitucional para que no suspenda la norma andaluza, que lleva ocho meses en vigor, y afecta a casi 260.000 funcionarios andaluces.

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