Ramiro García de Dios (Palma de Mallorca, 1946) ha sido hasta el pasado sábado el titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Madrid. Después de tres décadas de ejercicio, le ha llegado el momento de jubilarse. Le echarán de menos muchas personas, algunas que ni siquiera le conocen, pero que le deben gran parte de la poca dignidad que ahora tienen. Ha sido uno de los primeros jueces de control de un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE), esos profundos pozos de oscuridad donde el sistema encierra a inmigrantes que no han cometido delito alguno. Gracias a jueces como él, los que tienen que pasar el desagradable y, a veces, traumático periodo de detención, pueden hacerlo con algunas garantías más, aunque García de Dios es tajante: "Los CIE son espacios de impunidad policial y de sufrimiento para las personas internadas".

Durante ocho años y un mes, precisa, ha sido uno de los tres jueces de control del CIE de Aluche (Madrid), el centro donde murió Samba Martine. “Recuerdo con dolor a esa pobre mujer que podía haber sobrevivido. La directora del equipo médico me intentó engañar, aquí mismo, en este despacho. Decía que no le atendieron bien en el hospital. La realidad fue que hasta diez veces pidió que la vieran los servicios médicos del CIE y para sus dolores le dieron una pastillita”, recuerda el juez, que estaba de guardia durante aquel episodio.

En su despacho de los Juzgados de Plaza Castilla, García de Dios  recibe a Público en su último día de servicio, que no de trabajo porque, como afirma, “no voy a quedarme quieto, aunque sí me apetece descansar un poco, porque ser juez es muy absorbente”.

La palabra juez indica autoridad, pero ¿tiene poder real el juez de control de un CIE?

Tiene cierto poder, pero bastante atenuado por la propia legalidad y por el legislador, que ha querido atenuar sus facultades. Cuando en 2009 se crear la figura del juez de control, pese a que los CIE llevan existiendo desde 1985, el legislador opta por una figura no devaluada, pero sí atenuada en control efectivo y real. El legislador debería haber previsto por ejemplo que, de forma motivada, el juez pudiera cerrar un CIE. Sin embargo, por más que hemos estudiado esa posibilidad, no hemos podido hacerlo. Sí podemos cerrarlo temporalmente por motivos de reformas u obras. No tenemos atribuidas tareas de control fuertes, pero hemos podido hacer algunas mejoras desde que existe la figura del juez de control.

¿Qué hay en un CIE que no hubiera cuando usted llegó?

Por ejemplo, en Madrid pudimos ordenar que se pusieran retretes y lavabos pequeños en las habitaciones-celdas para que las pobres personas internadas no tuvieran que hacer sus necesidades en una bolsa por las noches, cuando se cerraban las puertas. Me impactó mucho la historia de una mujer internada que sufría un derrame y sangrado vaginal. La mujer me contaba, aquí en este mismo despacho, cómo tuvo que orinar en una bolsa de plástico y que después no tenía cómo lavarse. Me impactó mucho. El trabajo como juez de instrucción es duro, pero cuando me puse en el lugar de aquella persona, de noche, encerrada, sangrando… vi que era un trato inhumano.

También hemos conseguido que las personas internadas puedan usar teléfonos móviles, algo que no gustó nada a los policías. En 2011 permitimos el acceso de las ONG al sistema de visitas, pusimos un buzón de quejas y denuncias en el CIE, obligamos a que se tramitasen peticiones de asilo... Lo que me hubiera gustado, no a título personal, sino desde el plano legislativo, es que nos hubieran permitido cerrar el CIE de Aluche porque, después de ocho años y un mes de servicio allí, veo que este CIE sigue sin reunir unas condiciones que sean respetuosas con un derecho fundamental: la dignidad de la personas y tratos humanos a una mayoría de personas que no han cometido ningún delito. El año pasado sirvió para internar sobre todo a cientos de personas recién desembarcadas de pateras. ¿Qué delito van a cometer si acaban de llegar al país?

¿Se puede controlar realmente lo que ocurre dentro de un lugar tan oscuro como un CIE?

Es muy opaco. Se puede controlar algo si te tomas en serio el trabajo. Mis tres compañeros en el control del de Aluche fuimos introduciendo cosas que nos ayudaron, porque no podemos estar permanentemente visitando el CIE, también somos jueces de instrucción. Aspectos como las visitas de ONG, nuestras inspecciones y un sistema de audiencias con las personas internadas en los despachos de los jueces ayudan a la labor. Entrevistar a personas internadas les daba mucha más confianza, venían aquí y veían que estaban ante un juez que les escuchaba. Les decía lo que yo podía y no podía hacer podía hacer. Podía pedir su libertad, pero no dictarla. Eso a las personas internadas les hacía sentirse seres humanos, te agradecían que les hubiéramos escuchado. Y así hemos logrado libertades, hemos descubierto menores internados y hemos podido emprender actuaciones judiciales para garantizar y hacer efectivos ciertos derechos. Otros no podemos hacerlo.

El juez Ramiro García de Dios en su despecho del Juzgado de Instrucción número 6 de Madrid.- JAIRO VARGAS

¿Qué es lo peor que ha visto durante este tiempo?

Siempre me ha hecho sentir muy mal la impunidad policial que queda debido a que el sistema contribuye a esa opacidad. Por ejemplo, está la dificultad que tienen las personas internadas, víctimas o testigos, para identificar a los policías. Dentro, los agentes que llevan su número, lo llevan en una plaquita diminuta, si la llevan. Yo me tengo que acercar mucho para verla. Los policías invocan la distancia de seguridad y no les dejan acercarse. En casos de denuncias de malos tratos físicos y verbales y algunos delitos penales graves contra la integridad moral, los jueces de control no podemos instruir esas causas. Una vez que recibimos una denuncia sí podemos actuar en prevención, tramitación, tomar declaración al denunciante, ver los análisis forenses y escuchar a los testigos.

Después ocurre mucho que, cuando ha habido casos graves, los testigos desaparecen, se les expulsa. Algunos compañeros han intentado instruir casos y, cuando los han llamado a declarar, los testigos esenciales ya no estaban allí. Se expulsa a muchas personas de los CIE para eliminar testigos incómodos.

Recuerdo el caso de un colombiano. A mí me reconoció que insultó a los policías pero después lo que le hicieron fue un total delito contra la integridad moral. Le castigaron, le dieron de palos, le hicieron desnudar, en fin, un delito grave. Él denunció, lo expulsaron muy rápido y yo tuve que localizarle en Colombia a través de la Embajada. El caso tiró para adelante, pero no sé cómo quedó. Pasa mucho tiempo desde que yo mando a reparto un delito serio hasta que un juez lo instruye.

¿Por qué cree que hay tanta violencia policial en estos centros?

Mi opinión personal se deriva de la explicación del primer director del CIE de Aluche. Le pregunté por qué no había allí funcionarios especializados, sin armas, sin porras, asistentes sociales... Me dijo que tenía razón y que los chicos salían de la academia preparados para luchar contra la delincuencia, entonces asocian a las personas internadas con delincuentes.

Según el Gobierno y el ministro del Interior, los CIE son necesarios y no pueden dejar de existir. ¿Está usted de acuerdo?

No, en absoluto. Las personas que sean expulsables por causas penales pueden ser expulsados desde la prisión en la que se encuentran, no hace falta que vayan a un CIE. En cuanto a los extranjeros irregulares, están los irregulares de origen o los sobrevenidos. En primer lugar soy partidario de que desaparezca la figura del irregular sobrevenido, es decir, el que teniendo una situación regular, pierde el permiso de residencia por no tener un contrato de trabajo. Adecuando al ordenamiento jurídico los convenios internacionales de Derechos Humanos no debería ocurrir que una persona que ha estado trabajando caiga en la expulsión del país sólo porque se haya quedado sin contrato durante la crisis económica.

El tercer supuesto es el de los inmigrantes irregulares de origen. Es al que más se aferran las políticas europeas y españolas para decir que nos invaden. Son los que que vienen en patera, en avión, cruzan la frontera como sea. Se impone ese lema, el “nos invaden”. Mi compromiso con los Derechos Humanos no me lleva a la inconsciencia, sé que España no puede en solitario ser un país con las fronteras abiertas para todo el mundo pero, dentro de la UE en su conjunto, somos alrededor de 500 millones de habitantes. No veo por qué no puede haber vías regulares y seguras para que gente en situación de necesidad por hambre y miseria o por guerra o conflicto puedan ser atendidas aquí. Ahí discrepo de los ministros de Interior de la UE y de los ministros económicos.

Ahora bien, si la UE tolera políticas racistas y xenofóbas como las de Hungría o Polonia y no pasa nada, eso se va extendiendo poco a poco y el mensaje de que nos invaden acaba produciendo un efecto que tiende a justificar la existencia de los CIE. Mis argumentos serán mejores, peores o muy malos, pero hay argumentos.

Uno de los temas recientes más polémicos respecto a los CIE ha sido el de la cárcel de Archidona. Como juez de control, ¿cómo resume lo que ha ocurrido allí?

Pues francamente ha sido un auténtico fraude de ley y un abuso de derecho por parte del Ministerio del Interior. Es cierto que la sentencia de Tribunal Supremo admitió que, por razones extraordinarias o de urgencia, se pudieran habilitar un CIE en otros centros, pero los fundamentos jurídicos dicen que tienen que tener condiciones similares, análogas a los de los centros de internamiento. Eso no se hizo allí.

Además, el autoritarismo en Archidona fue de tal calibre que los agentes que controlaban a las personas internadas eran antidisturbios. Tengo fuentes muy muy fiables que dicen que estaban continuamente con escudos, cascos y porras en las manos. Si en Aluche las condiciones son ya precarias, allí es que directamente no había condiciones. Todo era carcelario. Murió un hombre y está archivado, no puedo decir más, pero si te encierran en una celda en plan prisión, pues... no sé lo que puede pasar. El ministro del Interior tomó una decisión arbitraria, totalitaria y de abuso de derecho, pero Zoido es un antiguo juez que se caracteriza por retorcer el Derecho en contra de las garantías de las personas.

Como Zoido, conservadores,  son la mayoría de jueces en España, ¿no es así?

Bueno como Zoido… [Risas]. Es cierto que la carrera judicial es mayoritariamente conservadora, pero dentro de la mayoría conservadora hay un número importante de jueces que retuercen el derecho y obvian las garantías. Pero ya lo de Zoido es muy acusado. Yo lo conocí cuando fue director general del Ministerio de Justicia y sé qué clase de jurista retorcido es. Podemos llamarlo jurista no del Estado de Derechos, sino de la razón de Estado, jurista del poder. De esos hay bastantes, pero no son mayoría dentro de los conservadores.

¿Es normal que la muerte de Archidona se archivara en seis días?

No conozco bien los detalles, los supuestos ni qué informes ha leído el juez, pero no me parece normal la celeridad con la que ha sobreseído y archivado el aso. En un supuesto de muerte no pasa nada por tardar en sobreseer.

El archivo se basó prácticamente en un “amplio informe policial”. ¿Hay connivencia entre la Policía y los jueces?

Bueno, el subsistema policial opera en una conexión que algunos magistrados definen como “promiscuidad” entre Policía y poder judicial. Hay complacencia con el poder y beligerancia con el humilde o el marginal. Esa “relación de promiscuidad” de una parte del subsistema policial con otra parte del sistema judicial hace que se produzcan situaciones de desequilibrio en la imparcialidad que debe tener un juez.

Yo creo que los jueces debemos ser más rigurosos precisamente con quien tiene el poder, el poder de la violencia y las armas, en lugar de con quien no lo tiene.

El problema es que la trayectoria de la Transición en España ha sido lo que ha sido y, aunque es cierto que los personajes más siniestros e impresentables del sistema policial de la dictadura franquista fueron apartados, la gran mayoría de toda la plantilla de Policía y Guardia Civil siguió. Y la formación no ha sido precisamente intensa en pedagogía democrática y formación para las garantías y el respeto de los Derechos Humanos.

Si encima a eso le añades leyes como la ley de la patada en la puerta de Corcuera en el 92, que es doctrinalmente autoritaria, y la ley mordaza actual, que es totalitaria, tenemos un resultado en el que lo que puede hacer un funcionario de policía es prácticamente lo que le dé la gana.

Una parte de la Policía se alegrará bastante de su jubilación. Hubo un sindicato que llegó a quejarse al CGPJ. ¿Se siente  cuestionado?

Por parte de la judicatura no. Por parte de un sector de la Policía, más que cuestionado, han intentado dos veces inventarse algo, la mentira absurda. Siempre han fracasado. Una de ellas fue, a raíz de una visita amplia, de varias personas, al CIE. Estaban allí los antidisturbios y le pregunté al director del centro que por qué estaban allí si no había pasado nada. Me dijo que para protegernos. Yo le respondí al director, que estaba al lado de un comisario, “si llega a pasar algo llamáis a la Legión”. Esta ironía mía la denunciaron como frase despectiva hacia ellos, pero se archivó. En otra ocasión, en una entrevista dije cosas muy similares a las que digo aquí, incidiendo en la idea de la impunidad policial en los CIE. Me denunciaron por animadversión y acoso a la Policía, aunque tampoco llegó a nada. Lo que no admite la Policía es que haya alguien que controle sus actuaciones. Hace poco descubrí a dos agentes de servicios en el CIE sin el número identificativo. Les van a sancionar después de que yo lo comunicara. Eso para ellos es una ofensa. Lo que les gustaría es que el juez mirara para otro lado, pero yo ejerzo rigurosamente mis funciones de juez, y eso molesta.

¿Algún agente ha sido condenado por sus actuaciones en los CIE?

Es difícil encontrar casos porque la mayoría se han quedado en juicios de faltas. Ha habido algunas. Sanciones disciplinarias por denuncias de malos tratos físicos, pero el número es nimio. Ha habido varias causas penales iniciadas, pero han quedado en nada.

En Málaga hubo una por agresión sexual y otra por abusos sexuales compartidos, no tuvieron consecuencias. También es cierto que ha habido un bajón importante de denuncias por maltrato físico. Los primeros años en los que llegamos los jueces de control había más que ahora. Los policías notan que están más controlados, saben que están las ONG haciendo papel de denuncia, que los jueces de control nos tomamos en serio el trabajo y eso retrae la sensación de impunidad.

También sabemos pocas cosas porque los periodistas no podemos entrar ahí.

Es cierto. Quizás, algún periodista sin cámaras puede hacer una visita, pero con cámaras no tenemos poder para autorizar ni para obligar a la dirección del centro a que le dejen pasar. Eso es una muestra clara de opacidad. En las prisiones hay cantidad de reportajes con cámaras y eso es sencillamente porque las condiciones de los CIE son muchísimo peor que las de las cárceles. Por ejemplo, las celdas son de ocho y seis personas; eso ya no existe en las cárceles actuales.

¿Se va preocupado con el sistema judicial español?

Me voy preocupado con la deriva autoritaria y la pérdida de calidad democrática del conjunto del sistema político vigente. Ha habido un recorte de derechos y, como ciudadano, me voy preocupado y triste. Yo no soy juez vocacional, entré con 40 años. Siempre he tenido una concepción garantista de la ley y he luchado por la democracia contra la dictadura. Cuando creía que podíamos avanzar hemos asistido a un retroceso que no me imaginaba y eso entristece mucho.