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Juana Rivas, a su salida de los juzgados de Granada, tras haberse entregado casi un mes después de incumplir la orden de devolver a sus dos hijos a su expareja. EFE/Pepe Torres

Maltrato judicial El Defensor del Pueblo abre una actuación sobre posibles irregularidades en el caso de Juana Rivas

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Tras una queja presentada por representantes de casi un centenar de organizaciones de mujeres, el Defensor del Pueblo entiende que existen indicios de irregularidades, y ha solicitado al ministerio fiscal más información sobre el caso.

Sociedad

El Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, ha abierto una actuación sobre el caso de Juana Rivas. Lo hace tras haber recibido una queja de representantes de varias organizaciones de mujeres, que el pasado 25 de enero se reunieron con él y le entregaron la documentación sobre posibles irregularidades en que pueden haber incurrido jueces y fiscales en le caso Rivas, la madre de Maracena que el pasado verano permaneció cerca de un mes en paradero desconocido para impedir que sus hijos (de 4 y 11 años ahora) fueran entregados a su padre, condenado en el pasado por malos tratos y sobre el que Rivas había presentado una nueva denuncia en julio del 2016.

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Precisamente sobre esta denuncia, es donde las organizaciones han puesto el foco en su queja al Defensor del Pueblo. Rivas volvió a denunciar a Francesco Arcuri, su expareja, hace ahora año y medio por malos tratos habituales, una vez que ya estaba instalada con sus hijos en Maracena. Entonces, el juzgado de Violencia contra la Mujer nº 2 de Granada se declaró incompetente para investigar y juzgar unos hechos sucedidos en Italia y archivó la denuncia.

La queja presentada ante el Defensor del Pueblo afirma que esto supone un incumplimiento del artículo 17 de de la ley del Estatuto de la Víctima del Delito que establece que " en el caso de que las autoridades españolas resuelvan no dar curso a la investigación por falta de jurisdicción, remitirán inmediatamente la denuncia presentada a las autoridades competentes del Estado en cuyo territorio se hubieran cometido los hechos”.

Sin embargo, la denuncia presentada por Rivas por malos tratos habituales no se tuvo en cuenta y durmió en un cajón durante más de un año, hasta el pasado agosto, cuando una reclamación ante la fiscalía de Granada instó a darle curso. Según fuentes del Ministerio de Justicia, la denuncia se envió entonces a traducir al italiano para enviarla a aquel país, y a partir de aquí se le perdió la pista. Según fuentes conocedoras del caso y de los propios abogados de Juana Rivas, la denuncia no ha llegado a ningún juzgado, ni Italiano, ni español, por lo que el proceso judicial de Rivas no ha tenido en cuenta la posible existencia de malos tratos continuados hacia ella y sus hijos, tal como se afirmaba en la denuncia.

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"La omisión de esta obligación ha generado una clara situación de indefensión para Rivas y para sus hijos, que ha marcado todo el devenir del proceso posterior en el que se halla inmersa", afirman en la queja al Defensor del Pueblo. 

Según el escrito presentado ante esta institución, "a fecha de hoy, ningún órgano judicial, ni italiano, ni español, ha entrado a conocer los hechos recogidos en la denuncia por violencia de género interpuesta por Juana Rivas hace ya más de 16 meses, investigarlos y, en su caso, dictar las medidas de protección de la denunciante y sus dos hijos".

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Tampoco se ha tenido en cuenta durante todo el proceso, la condición de víctima de violencia de género que Rivas y sus hijos tenían en España, y por la que han recibido apoyo psicológico y social durante el tiempo de Rivas ha residido con sus hijos en Maracena (Granada).

Por todos estos hechos, y por las irregularidades que se produjeron en algunas de las sentencias dictadas en el caso de Juana Rivas (una de las cuales relata hechos que nada tienen que ver con su caso y nombra a una menor e cinco años de nombre Estela), las representantes de cerca de cien organizaciones feministas presentaron solicitaron el pasado cuatro de diciembre sendas quejas ante el Consejo General del Poder Judicial, el Defensor del Pueblo y la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, pidiendo la investigación de dichas irregularidades y, en su caso, que se depuraran responsabilidades.

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El Defensor del Pueblo entiende que existen indicios de irregularidades, ha admitido la queja y ha solicitado al ministerio fiscal más información sobre el caso.

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