El funcionario que fue despedido por la Diputación de València —tras un expediente disciplinario— por no haber asistido a su puesto de trabajo en el Archivo General y Fotográfico de la Diputación, culpó este martes a quienes eran los responsables de la corporación provincial por no asignarle un lugar para desarrollar su labor, una situación que según el funcionario había denunciado desde el primer día que comenzó a trabajar.

Sin embargo, La Fiscalía Provincial de Valencia ha archivado las diligencias de investigación penal abiertas contra los exjefes del funcionario Carlos Recio, encargado de la jefatura del archivo de la Diputación de Valencia, quien durante 10 años cobró sin ir a trabajar.

La denuncia que originó esta investigación penal fue interpuesta ante la fiscalía por María José Gil directora del archivo y jefa de Carlos Recio, al considerar que en la contratación de Carlos Recio en 2006, durante la gestión de Fernando Giner (del PP) al frente de la Diputación, podían haberse cometido delitos de prevaricación y malversación.

En el escrito-denuncia presentado en fiscalía, la directora del Archivo cuestionaba "si el puesto creado en 2006 -bajo la presidencia de Fernando Giner (PP)- para Recio era necesario y si los entonces responsables de la Diputación eran conscientes de que no iba a trabajar".

En la resolución dada a conocer este jueves , la fiscalía no observa indicios de que se hayan cometido esos delitos, por lo que ha decidido archivar el caso, han informado fuentes del ministerio público.

El archivo de esta denuncia supone que la Diputación de Valencia podrá retomar de nuevo el expediente por falta grave contra la directora del archivo, María José Gil, por haber consentido estas ausencias y que había quedado en suspenso al acudir a la vía penal.

El expediente de la Diputación de Valencia contra Carlos Recio concluyó con la imposición de una falta muy grave, que supuso el despido de este funcionario de la corporación provincial, aunque el afectado ha presentado un recurso contencioso-administrativo que está todavía pendiente de resolución.

En el auto, la fiscal responsable de esta investigación no ha observado indicios delictivos y las fuentes consultadas  apuntan a que los hechos podrían suponer una posible infracción administrativa.

En agosto de 2017, la Diputación procedió al despido del funcionario por una falta muy grave y otra grave, tras abrir un expediente informativo en febrero de ese mismo año. Por este trabajo, Carles Recio percibía cerca de 50.000 euros al año.