El principio del fin de la privatización sanitaria por excelencia empieza este domingo 1 de abril. La primera concesión privada de la sanidad pública en España, el Hospital de Alzira, vuelve a la gestión pública directa tras 18 años del ya conocido como "modelo Alzira", criticado por concebir la sanidad como un negocio y suponer enormes sobrecostes a la Administración pública.  

La sanidad pública valenciana ganó la batalla judicial a finales del año pasado, cuando el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) rechazó suspender cautelarmente la decisión que tomó la consellería de Sanidad de no prolongar la concesión de la gestión privada del centro al grupo empresarial Ribera Salud.

Esta concesión expira este sábado y la Generalitat ya comunicó hace meses a esta Unión Temporal de empresas (UTE) que gestiona varios hospitales en la Comunitat Valenciana que no iba a prorrogar la concesión que tenía en el Hospital de Alzira. 

Ribera Salud había solicitado al TSJCV la suspensión cautelar de la decisión de la consellería de Sanidad, pero el tribunal entendió que no prolongar el contrato con la UTE "no produce perjuicios de imposible o difícil reparación". Entonces empezó la ofensiva judicial del grupo Ribera Salud contra la Generalitat, que supera los 50 contenciosos administrativos. La Generalitat de Valencia denunció en su día que "la mayoría de ellos trataban de obstruir el funcionamiento normal con recursos ante temas tan dispares como la designación de unidades de referencia, las instrucciones de la consellería sobre la organización de redes asistenciales, o la resolución sobre unidades oncológicas".

El cambio de gestión fue una promesa firmada en el Pacto del Botánico entre PSOE y Compromís: terminar con el mayor experimento de gestión privada en la sanidad pública española porque, como dijo la consellera de Sanidad Universal de la Generalitat valenciana, Carmen Montón, "la sanidad es un derecho y no debe estar sujeta a la gestión empresarial". Los promotores de la externalización defendían en su día que el modelo supondría un ahorro a la Administración; sin embargo, el sindicato de médicos cifró recientemente en 65 millones de euros los sobrecostes de este modelo para las arcas públicas en los dos últimos años. Ribera Salud —a quien el Gobierno valenciano ha pagado 2.000 millones en 15 años por la gestión del hospital de Alzira— es uno de los grupos empresariales más beneficiados por el modelo privatizador de la sanidad que instauró el PP del entonces presidente Zaplana en la Comunitat valenciana en 1997 y que exportó, años después, a la Comunidad de Madrid.

Las reglas del juego son simples: la Administración encarga construir un hospital a una empresa —que lleva también la gestión y la contratación de personal— y, a cambio, la Administración le paga una cantidad (canon) por cada persona que vive en el área de influencia del hospital, aunque no sean, necesariamente, pacientes del mismo. El modelo aplicado en Alzira, impulsado por  fue un fracaso desde el principio.

La Generalitat tuvo que rescatar la concesión

Primero, porque la inversión final de la UTE fue de 72 millones de euros, frente a los 41 millones anunciados inicialmente. Y segundo, porque cuatro años después de la puesta en marcha del hospital de Alzira, la Generalitat valenciana tuvo que rescatar la concesión porque Ribera Salud —que acumulaba por aquel entonces pérdidas por valor de 5,24 millones de euros—  no podía mantenerlo. "Extinguir el contrato obligó a rescatar el hospital y abonar a Ribera Salud el importe de la inversión realizada, para lo que se dedicaron 43,9 millones de euros", según explicó a Público la Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad de Madrid (CAS-Madrid).

Después del rescate, la Generalitat volvió a sacar el hospital a concurso con una mejora de las condiciones económicas y ¿quién se lo llevó? Pues Ribera Salud, la misma empresa que lo había hecho fracasar.