Cargando...

Secciones

Publicidad

Los listados de registradores han aflorado 2.023 inmatriculaciones en 656 de los 731 municipios de Aragón. / ARCHIVO

INMATRICULACIONES La Iglesia se anotó más de 2.000 edificios y fincas en Aragón con la prerrogativa de Aznar

Publicidad

Obispados y parroquias anotaron a su nombre todo tipo de inmuebles en al menos el 90% de los municipios de la comunidad, donde la actividad registral de las instituciones eclesiásticas superó a la constatada en cualquier otro territorio

Sociedad

Los registradores de la propiedad están aflorando la asombrosa hiperactividad inmatriculadora que la Iglesia católica llevó a cabo entre 1998 y 2015 en Aragón: obispados y parroquias se anotaron la posesión de 2.023 inmuebles (edificios y fincas) durante los 17 años que estuvo vigente la reforma hipotecaria del primer Gobierno de José María Aznar, que les permitía anotar a su nombre la titularidad en el Registro basándose en certificados emitidos por las propias autoridades eclesiásticas.

Publicidad

¿Codicia o regularización? ¿Afán excesivo de riquezas ajenas o acción y efecto de regularizar un patrimonio indocumentado? Está por determinar, pero, en cualquier caso, los datos que los registros han remitido al Gobierno de Aragón (PSOE-Cha), que inició esta investigación patrimonial a instancias de Podemos, pulverizan las estimaciones sobre la actividad inmatriculadora de la Iglesia que manejaban los colectivos laicistas y de conservación del patrimonio, que apuntaban a una bolsa de 4.500 anotaciones en toda España.

Los datos, incluidos en una solicitud de información de la diputada de Podemos Amparo Bella a la Consejería de Hacienda, ubican esas 2.023 inmatriculaciones en 656 municipìos agrupados en 29 partidos registrales. Eso supone que, a falta de que envíen sus respuestas 14 registradores, está documentado que la Iglesia inmatriculó propiedades en casi el 90% de los términos de la comunidad.

Más que en ninguna otra comunidad

En cualquier caso, ese volumen de anotaciones a nombre de la Iglesia católica en Aragón, pendiente de completar con las del periodo 1978-1998, en el que los registradores avalaron la mayoría de las 49 inmatriculaciones que el arzobispado y varias parroquias han realizado en Zaragoza ciudad, incluida la de un templo de propiedad estatal como San Juan de los Panetes, superan las documentadas en otras comunidades autónomas que han desarrollado investigaciones similares: 1.086 en Navarra (114 anteriores a 1998), algo más de medio millar tanto en Euskadi como en Baleares y 401 en Córdoba.

Publicidad

“El dato de 40.000 [inmatriculaciones] igual se queda corto, para toda España”, apuntó el consejero aragonés de Hacienda, Fernando Gimeno, tras conocer, hace cuatro meses, que los 22 primeros registros que cumplimentaron sus requerimientos sumaban 1.571 fincas y edificios inmatriculados. Los siete siguientes han añadido 452.

La inmatriculación no garantiza la propiedad de una finca o un edificio de manera inmediata. Inicialmente, solo certifica la posesión, aunque abre la puerta a que quien se la anota se convierta en dueño si en los 30 años siguientes nadie impugna esa inscripción. Acaba de ocurrir con El Pilar de Zaragoza, cuyo ayuntamiento ha impedido con un acto de conciliación que ocurra lo mismo con la catedral de La Seo.

Publicidad

La mitad, en el Pirineo

Llama la atención que la mitad de esta intensa actividad registral se concentrara en el Pirineo y el prepirineo, una de las zonas de la comunidad que mayor concentración de templos románicos y góticos presenta.

Así, el obispado de Jaca inmatriculó 299 propiedades en ese templo, entre ellas un paquete de 14 iglesias románicas y 9 góticas y también la propia catedral de San Pedro, inscrita como “obra nueva antigua” en 2015 pese a que fue construida entre 1077 y 1130 por orden de Sancho Ramírez, el primer rey de Aragón. La mitad de las inmatriculaciones de esta diócesis se concentran en su capital (59) y en Sabiñánigo (58).

Un tercio del total de inmatriculaciones documentadas hasta ahora por el Gobierno de Aragón a través de los registradores corresponden al obispado de Barbastro-Monzón, que anotó 724 de las 2.023, con concentraciones asombrosas en algunos pueblos del Pirineo: 37 en La Fueva, 33 en Aínsa, 32 en Montanuy, 28 en Puértolas, 22 en Bisaurri, 20 en Fanlo, 17 en Arén y en Benabarre, 16 en Beranuy y Fiscal, 15 en Valle de Lierp y Puente de Montañana o 14 en Foradada de Toscar.

Publicidad

Ambas diócesis incluyen poblaciones con amplios términos municipales en los que abundan las ermitas y las pequeñas iglesias de la época medieval.

En el caso de Barbastro-Monzón destaca que ese afán inmatriculador apareció nada más nacer, ya que fue creado por el Vaticano en 1995 al segregar 111 parroquias que habían formado parte del obispado de Lleida desde el siglo XII.
La actividad inmatriculadora ha sido menor en otras diócesis como Tarazona, con 142, o Huesca, que anotó a su nombre 20 propiedades y 21 en Loporzano.

"Un escándalo monumental"

“El panorama es sombrío y muy preocupante”, sostiene la entidad laicista Mhuel (Movimiento Hacia Un Estado Laico), para la que la oleada de inmatriculaciones de edificios y fincas realizada por la Iglesia católica supone “un escándalo monumental”.

“Tal y como nos temíamos, el expolio patrimonial ha sido masivo amparado en el silencio de una normativa inconstitucional que pasó de tapadillo en 1978 ante la dejación de los poderes públicos y la complicidad de la jerarquía católica”, sostiene en un comunicado, en el que apunta que la cifra de anotaciones “puede ser escalofriante y validar que estamos ante un escándalo monumental sin precedentes en la Unión Europea.

Los laicistas piden al Gobierno de Aragón que cierren el listado de inmatriculaciones del periodo 1998-2015, lo complete con el de los veinte años anteriores y lo documente con “la nota simple registral de cada inmatriculación para saber de qué bienes inmuebles se trata , examinarlos y proceder a su reclamación administrativa o judicial”.

Mhuel también propone a ayuntamientos y diputaciones que, en caso de litigar por considerar pública alguna propiedad inmatriculada, “presenten en el juzgado medidas prejudiciales elevando la causa a tribunales de orden europeo y así evitar la práctica de la justicia española de no entrar en el fondo de la cuestión en esta materia”.

Publicidad

Publicidad