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Beatriz Figueroa (derecha) en una imagen de archivo.- CHANGE.ORG

Del cáncer a la exclusión social ante el abandono del Estado

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Hace cinco años que la gallega Beatriz Figueroa inició una huelga de hambre tras ser diagnosticada de cáncer de mama. La Seguridad Social le denegó la incapacidad laboral permanente, pero su enfermedad no le permitía trabajar, por lo que apenas tenía ingresos. La situación, dice, ha cambiado muy poco desde entonces. Sin ingresos, sin poder trabajar y luchando contra la enfermedad, 25.000 personas diagnosticadas en 2017 están en riesgo socioeconómico, según un reciente estudio de la AECC

Sociedad

Beatriz Figueroa lleva cinco años librando una doble batalla. La primera empezó hace más tiempo, cuando en 2011 le diagnosticaron un cáncer de mama, la segunda causa más frecuente de baja laboral de más de un año de duración. La otra pelea le sobrevino cuando se dio cuenta de que su enfermedad también se había convertido en el inicio de un tortuoso camino hacia la exclusión social. Tras 20 años cotizando a la Seguridad Social, esta abogada y periodista de Vigo cayó enferma cuando estaba sin empleo. Una vez agotada su prestación empezó a tener dificultades para hacer frente a los gastos corrientes y médicos y a su hipoteca sin poder trabajar y sin apenas ingresos. "No estaba recuperada, estaba en tratamiento y esperando una segunda cirugía, aunque el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) consideraba que el cáncer no me impedía desarrollar una actividad laboral", afirma a Público.  Figueroa tenía que subsistir con 426 euros mensuales.

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El proceso de enfermedad oncológica suele consumir un importante número de días de incapacidad temporal, conocida comúnmente como baja médica. En muchos casos supera la duración máxima de un año, aunque hay prórrogas hasta un máximo de 545 días. Una vez que vencen los plazos es más que frecuente que los afectados sigan en fase de recuperación, con un tratamiento o a la espera de nuevas intervenciones quirúrgicas. En ese momento sólo le queda recurrir al INSS para solicitar la incapacidad permanente, que tiene diferentes grados: parcial, total, absoluta y gran invalidez. La prestación económica varía en función de la categoría que el Tribunal Médico de la Seguridad Social le otorgue al afectado, si es que se otorga alguna.

Fue en ese momento, en mayo de 2013, cuando Figueroa decidió iniciar una huelga de hambre que poco después tuvo que abandonar. “A día de hoy sigo siendo la loca de la pancarta para muchos, porque nadie más protestaba públicamente contra esta situación de abandono”, afirma Figueroa. No le quedaban más alternativas que hacerse oír después de que el INSS le denegara la prestación por incapacidad permanente. Hasta tres veces le fue rechazada, recuerda. “Tuve que recurrir a los tribunales con el esfuerzo físico y económico que eso supone para la gente en mi situación. Y esto es así por sistema con todos los que la solicitamos, las deniegan de oficio y hay que recurrir judicialmente”, remarca.

No fue hasta octubre del 2014 cuando un juez le concedió la incapacidad permanente total, es decir, una “miserable pensión de 550 euros al mes", afirma la afectada. "Cuatro años después no sólo no he mejorado sino que mis limitaciones físicas y psicológicas son mucho más incapacitantes. Aún así el INSS me denegó en 2017 la incapacidad permanente absoluta”, relata.

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25.000 diagnosticados, en peligro cada año

El suyo es el caso más conocido de esa otra cara de la enfermedad que puede convertirte en pobre en muchas ocasiones. "Siempre he dado la batalla sin apenas apoyos", lamenta Figueroa. Según la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), cerca de 25.000 personas diagnosticadas de cáncer en 2017 (casi el 11% del total) tenían una situación de riesgo socioeconómico en el momento del diagnóstico o bien la enfermedad ha generado este riesgo, según el estudio "El impacto económico del cáncer en las familias en España", que publicó el pasado febrero con motivo del Día Internacional contra el Cáncer. Cinco años después de que Figueroa empezara su campaña de denuncia pública.

Más de 5.000 personas diagnosticadas de cáncer cada año no tienen ninguna prestación económica

Este informe señala que casi 10.000 personas en desempleo son diagnosticadas de cáncer cada año y, de ellas, más de la mitad no recibe ninguna prestación económica. Por ello, la organización, que ha mantenido reuniones con el Gobierno, ha pedido “crear un Plan de Protección Integral a las Familias con Cáncer con medidas concretas orientadas a evitar esta situación de vulnerabilidad.

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La situación fue denunciada por Figueroa mucho antes, en 2013, bajo el lema "El SERGAS te cura, el INEM y el INSS te matan de hambre". Aunque tuvo que abandonar su huelga de hambre por razones médicas, esta gallega recogió medio millón de firmas para modificar la Ley de Seguridad Social y que se reconociera una mayor protección para los enfermos de cáncer, que no fuera tan difícil conseguir la incapacidad permanente, pero la mayoría absoluta del PP en el Congreso impidió en 2014 que prosperaran sus iniciativas.

"Para llegar al Congreso hubo que buscar una vía legalmente válida. Jaime Cabeza, catedrático de Derecho del Trabajo y Seguridad de la Universidad de Vigo redactó la modicicación de la ley de Seguridad Social que yo consideraba necesaria y promovía, y le pedimos a la diputada viguesa Olaia Fernández del BNG, que en aquel momento estaba en el Grupo Mixto, la presentara como Proposición de Ley y luego como Proposición No de Ley en diciembre del 2013. El PP las tumbó cuando se debatieron en la cámara en 2014", recuerda con indignación.

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Beatriz Figueroa durante su huelga de hambre, en 2013.-CEDIDA

"Cuando inicié esta lucha quería visibilizar mi situación, pero en los últimos años mi objetivo ha sido poner otros rostros a esta dramática e injusta situación y desmontar los argumentos del PP cuando votó en contra diciendo que el mío era un caso único”, sostiene Figueroa, que ha recibido más de mil cartas de personas en una situación parecida a la suya desde que denunció públicamente este “abandono por parte del Estado”.

Según el reciente estudio de la AECC, para las 24.943 personas diagnosticadas el año pasado en edad laboral, ya sea por encontrarse en desempleo (con o sin prestación), ser autónomos (uno de los perfiles con más vulnerables antes la enfermedad) o disponer de bajos ingresos, “el cáncer supone un serio agravante a su situación socioeconómica previa”. Otro informe reciente elaborado por Amnistía Internacional sobre los efectos de las medidas de austeridad y el copago farmacéutico en España reflejaba que muchos enfermos crónicos, como los supervivientes del cáncer, tienen que elegir entre hacer frente al coste de los medicamentos o destinar sus escasos ingresos a cubrir otras necesidades básicas.

El diagnóstico de un cáncer supone un aumento del gasto familiar de entre un 7% y un 11% de media

Tras diagnosticarse el cáncer, el gasto medio de una familia aumenta entre un 7% y un 11%, revela el citado estudio. Si, como Figueroa, no tiene más ingresos que una prestación de poco más de 500 euros con la que también tiene que hacer frente al gasto de sus medicinas, la situación es dramática para miles de personas, ya que gran parte de los medicamentos para tratar los efectos secundarios del tratamiento contra el cáncer o los dolores que provoca la enfermedad no están subvencionados por la Seguridad Social. Muchos de ellos quedaron fuera tras el Real Decreto de 2012, que eliminó la cobertura pública de más de 400 productos, entre ellos, medicamentos para aliviar dolor o síntomas de enfermedades crónicas.

"Las cosas apenas han cambiado desde que empecé la campaña”, lamenta Figueroa. Recorrió multitud de platós de televisión y toda España vio en su cara el calvario que puede suponer algo tan arbitrario como el cáncer. Ella no responsabiliza sólo al PP, sino a “todos los partidos políticos con representación parlamentaria” que, en su opinión, están mirando hacia otro lado. Le duele, por ejemplo, que la actual ministra de Sanidad, Dolors Monstserrat, cancelara una reunión con ella el pasado febrero por problemas de agenda. “Ellos no entienden que con un cáncer te preocupe más el pago de tus facturas que salvar tu vida. Y lo digo porque así lo he vivido”, destaca.

"El INSS me ha denegado la incapacidad absoluta porque dice que puedo trabajar. ¿Dónde? Hay semanas enteras que no es que no salga de casa sino que ni me levanto de la cama y, si lo hago, necesito ayuda para realizar las tareas cotidianas básicas. La he vuelto a solicitar, pero los tribunales requieren, además de recursos, mucho tiempo; algo que muchas veces no tenemos los enfermos de cáncer y, si lo tenemos, es un periodo en el que vivimos sin ningún tipo de ingreso estando enfermos”, denuncia apenada porque "el cáncer no entiende de burocracia" y no son pocos los conocidos de Figueroa que han fallecido esperando una resolución favorable.

La primera vez que demandó al INSS tuvo que esperar 15 meses para que se celebrara el juicio. “En una milésima de segundo de lucidez opté por la huelga de hambre cuando estaba en el alfeizar de mi noveno piso decidida a quitarme la vida. Y no era por el cáncer. Era por la situación de exclusión social a la que éste me había abocado”, asevera. Figueroa ha podido ir ganando alguna batalla, aunque sus dolencias no se lo ponen fácil. “Ni siquiera puedo teclear a causa del dolor en los dedos que padezco”, añade.

Despedidos tras la baja laboral

Pero no se trata sólo de personas desempleadas. Determinados tipos de cáncer hacen que el resto de tu vida dependa de un tratamiento que, por sus efectos secundarios, convierte en imposible cualquier rutina. Es frecuente que, tras varias bajas laborales, las empresas acaben prescindiendo de los trabajadores en tratamiento. Ése es el caso de Toni Montserrat, uno de los enfermos que enviaron a Figueroa esas miles de cartas relatando una situación idéntica.

En 2015 fue diagnosticado de leucemia mieloide crónica, un tipo de cáncer de la médula ósea que puede tratarse mediante medicación oral. “Una pastillita diaria —resume a Público Monstserrat— que evita que las células cancerosas se continúen reproduciendo, pero produce múltiples efectos adversos", ilustra Montserrat. "Si no la tomas te mueres, es así de crudo", asevera.

"Me reincorporé al trabajo al cabo de unos días… así intentaba tener la cabeza ocupada en algo más productivo. Pero en un par de meses tuve que reconocer que no podía mantener mi ritmo habitual, y mis ánimos no estaban nada bien, igual que mi humor. Reduje el tiempo de trabajo en la oficina a las mañanas, y por la tarde, tras una siesta, seguía trabajando desde casa hasta que era necesario”, explica.

"Ahora soy un desempleado,
sin derecho a subsidio y los ingresos de
la familia son
430€ al mes"

Decidió aceptar la baja médica por incapacidad temporal pero acabó siendo despedido, aunque permaneció 12 meses de baja consumiendo su subsidio por desempleo. “A los 50 años, tras cerca de 30 años de cotización, era un mileurista”, ilustra. Pero una vez acabado el periodo, era el turno del Tribunal Médico del INSS, el que decide si concede una incapacidad y en qué nivel. "Presenté toda la documentación de diferentes médicos que reconocían astenia, trastornos psicológicos, dolores articulares y musculares, incontinencia fecal con las diarreas y otras dolencias que me incapacitan para trabajar y para tener una vida normal”, recuerda. Pero “todos los informes fueron ignorados y los recursos presentados, no aceptados por el INSS. Desde hace casi un año soy un desempleado, sin derecho a subsidio de desempleo y los ingresos de la unidad familiar (mi esposa y mi hija de 12 años) son 430€ al mes. Ya no soy ni mileurista”, critica.

"No pido trato de favor, sólo pido que los profesionales médicos tengan una visión global de mi situación médica y olviden criterios económicos. Si no, además de sufrir los efectos secundarios del tratamiento de una enfermedad crónica, vamos a tener que dejar de pagar suministros, o dejar de comer porque los ahorros se van agotando”, relata este enfermo crónico que el pasado jueves asistió al juicio con el INSS. Esperando que el juez decida si puede o no trabajar, Montserrat no tiene mucha confianza en lograr la incapacidad permanente.

Para Figueroa la solución es fácil y la propuso en su iniciativa legislativa el catedrático Jaime Cabeza: modificar la Ley de Seguridad Social para que se garantice “una protección suficiente y eficiente a los enfermos graves de carcinoma o patologías similares, confiriéndoles cierta seguridad jurídica y económica mientras dure ese trance". Es decir, que se conceda la incapacidad permanente cuando sea necesario, algo que no se está haciendo, sobre todo, desde los recortes de la crisis económica”, afirma Figueroa.

La huella de la crisis económica

La propia AECC añade en su último informe que, "fruto de la crisis económica y del contexto social en el que nos encontramos", desde 2010 hasta la actualidad, la asociación ha notado un incremento del 197% de las demandas sociales que recibe por parte de los pacientes y familiares de cáncer. También han aumentado un 104% las demandas de ayudas económicas y que ha constatado "un mayor nivel de gravedad en los motivos de dichas demandas". Así, se ha pasado de solicitar apoyo social vinculado al afrontamiento de las necesidades derivadas de la enfermedad (gastos ocasionados por esta y desajustes sociofamiliares leves) a necesitar ayudas para garantizar una cobertura mínima de necesidades básicas durante el proceso oncológico (vivienda, suministros, alimentación, etc.) y un
apoyo a nivel familiar de mayor intensidad (relaciones deterioradas, situaciones de desprotección y/o soledad, inexistencia de vínculos, dinámicas viciadas,  precariedad laboral, sobrecarga de la persona cuidadora, funcionamiento insatisfactorio, etc.).

Por ello, la AECC ha pedido dentro de su Plan de Protección Integral una mejora del proceso de gestión de la incapacidad por cáncer, aplicación de los baremos de discapacidad en los pacientes con cáncer en base a un informe realizado por la organización; revisar la Ley de dependencia para introducir una vía de urgencia para personas en fase avanzada de la enfermedad; la necesidad de un mapa de recursos sociales que incluya una ventanilla única para informar sobre prestaciones sociales; o la revisión de ciertos medicamentos excluidos de la financiación del Sistema Nacional de Salud necesarios para paliar efectos secundarios y secuelas de los tratamientos oncológicos.

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