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De izquierda a derecha: Toni Mejías, Valtonyc y Juan, vocalista de S.A.

Valtonyc Prohibido cantar (lo que no me gusta)

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El rapero Valtonyc se da a la fuga para evitar su entrada en prisión. Entre el año 2010 y el 2014 numerosos grupos vieron cómo ayuntamientos les cancelaban sus conciertos por presunto enaltecimiento. Organizaciones de víctimas del terrorismo han tratado de sentar en el banquillo de los acusados a varios grupos de música por sus canciones.

Sociedad

Josep Miquel Arenas, alias Valtonyc, ha huido del país para evitar su inmediata entrada en prisión. Iba a ser el primer músico que ingresará en la cárcel por el contenido de sus letras. Sin embargo, ha preferido darse a la fuga y defender su inocencia en Europa. El rapero mallorquín se ha convertido así en la última página de lo que sería algo así como El libro negro de la música en España, una publicación imaginaria que abarcaría las diferentes canciones, conciertos o incluso libretos que han sido censurados de muy diferentes maneras en la historia reciente del país. Desde que el ministro franquista Manuel Fraga implantara  y desarrollara un órgano censor en 1966 hasta la actualidad, en la que los raperos Valtonyc, Pablo Hasel y el colectivo La Insurgencia están condenados a penas de prisión por el contenido de sus canciones y, en el caso de Hasel, también de sus tuits. .

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Hasta ahora la democracia española había conocido la suspensión de conciertos alegando que los cantantes "enaltecían el terrorismo". Había conocido multas a grupos por injurias a la Corona, como la que le impuso la Audiencia Nacional a cada uno de los tres miembros del grupo Ardor de Estómago. E incluso había visto como la Asociación de Víctimas del Terrorismo interponía un buen número de querellas contra diferentes grupos por, supuestamente, "humillar a las víctimas". Incluso había visto cómo el festival Rototom suspendió la actuación de un artista por no condenar los crímenes de Israel contra el pueblo palestino para después rectificar tras ser reprobado hasta por el Gobierno por supuesto antisemitismo. Sin embargo, nunca se había llegado a esta situación. El rapero Valtonyc se ha dado a la fuga para evitar su ingreso en prisión, mientras que Pablo Hasel y los de La Insurgencia esperan el dictamen del Supremo para conocer su futuro. Pero, ¿cómo hemos llegado hasta aquí?

Hasta 1978 la censura fue habitual en la música española. Tanto para la que se producía aquí como para el pop rock que llegaba del extranjero. Desde Los Brincos a cantautores protesta, como Lluis Lach o Joan Manuel Serrat, sufrieron el intento del Estado franquista por controlarlo todo. Sobre todo tras la llegada de Fraga al ministerio de Información y Turismo. Los censores lo tenían bastante claro: el régimen no se tocaba; la moral católica, menos; y, por supuesto, ni el rey ni la monarquía estaban para bromas.

'Lucía' por 'Sofía'

Especialmente curioso, por poner un ejemplo, fue el caso de la canción Sofía, de Doctor Pop, que en 1975 este órgano censor mandó cambiar por el de Lucía. La letra de la citada canción decía: "Siempre se acuesta de día / va sola, sin compañía", por lo que la censura consideró necesario cambiar el nombre de la protagonista para que nadie pensara que se trataba de la reina de España. La monarquía y sus cosas. 

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Los censores lo tenían bastante claro: el régimen no se tocaba; la moral católica, menos; y, por supuesto, ni el rey ni la monarquía estaban para bromas

En total, durante los últimos años de la dictadura, cerca de 4.300 canciones fueron eliminadas del soporte musical de las radios y televisiones y una cantidad innumerable de discos vio cómo su imagen principal era falseada o retocada para salvaguardar la más conservadora de las morales católicas, según la obra La censura en los discos pop durante el franquismo. En 1978, con la aprobación de la Constitución española, quedó proclamada, en el artículo 20, la libertad artística y creativa en todo el país.  Era el fin de la censura. Ni previa ni a posteriori

Los problemas con la libertad de creación y artística, de hecho, parecían haber desaparecido. España era una democracia. Por fin. Pero regresaron los fantasmas poco tiempo después. Concretamente, en 1983. El programa de TVE Caja de ritmo emitió la canción de Las Vulpess Me gusta ser una zorra, una versión de la canción de los Iggy Pop y The Stooges I wanna be your dog. La canción había pasado más o menos desapercibida (3% de audiencia) hasta que el periódico ABC le dedicó un editorial exigiendo que se tomaran medidas y reproduciendo la letra.

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Fue entonces cuando la Fiscalía General del Estado interpuso una querella contra las jóvenes cantantes, entre 18 y 21 años, y contra el director del espacio televisivo, Carlos Tena, por "escándalo público" y “ofensa del pudor y las buenas costumbres”. La Fiscalía solicitó cinco años de prisión. La causa, tras un intenso debate social, fue sobreseída. Esto decía entonces El País sobre la voluntad censora de la justicia: "Ningún código criminal puede obligar a la juventud de un país a no tocar, no cantar o no escuchar un determinado tipo de música, gústenle o no al fiscal general del Estado sus letras y sus estribillos".

Sin embargo, 35 años después de aquello, la Audiencia Nacional ha condenado a los raperos de La Insurgencia, a Pablo Hasel y a Valtonyc por el contenido de sus letras. El también músico y líder de Def con Dos, César Strawberry, está condenado por unos tuits sarcásticos y los juicios por delitos de opinión se han multiplicado en España en los últimos años. 

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Ahora hay menos libertad 

"Los cambios en la ley, pero también el endurecimiento de los discursos en los medios de comunicación tradicionales, han propiciado que haya menos libertad de expresión ahora que hace 10 o 15 años. La Justicia está condenando a gente por frases, chistes o expresiones que sería impensable hace unos años. Eso provoca a su vez que la sociedad esté cada vez más cerrada y que cada vez haya más ciudadanos dispuestos a actuar como censores", señala a Público el rapero Toni Mejías, integrante de las bandas Los Chikos del MaízRiot Propaganda.

La salida del país del rapero supone la cristalización de un proceso de recorte de libertades que se inició años atrás y que se introdujo en el Código Penal en el 2015

La salida del país del rapero supone la cristalización de un proceso de recorte de libertades que se inició años atrás y que se introdujo en el Código Penal en el 2015 con la excusa de luchar contra el terrorismo yihadista. Mejías recalca, no obstante, que las denuncias contra músicos no comenzaron durante los gobiernos de Mariano Rajoy. Fermín Muguruza y su grupo Negu Gorriak ya se vieron envueltos en los 90 en un largo proceso judicial de 7 años por una querella del excoronel de la Guardia Civil Enrique Rodríguez Galindo por una canción que acusaba al agente de narcotráfico basándose en un informe del fiscal Luis Navajas. Galindo pedía 15 millones de pesetas por daños a su honor. Finalmente, el Supremo archivó la causa por un error de planteamiento en la querella. 

La justicia, sin embargo, no ha sido la única vía para atacar la libertad artística y de creación de muchos grupos alternativos de la escena musical. El rapero Mejías explica que la censura en la música se puede ejercer de diferentes formas. Los Chikos del Maíz, por ejemplo, ha sufrido campañas de criminalización y acoso desde medios de comunicación, cargos del PP y organizaciones de víctimas del terrorismo que han provocado la suspensión de conciertos o, directamente,su veto  en determinadas localidades, como en Burgos, donde no pudieron tocar hasta que el PP perdió el poder tras las municipales de 2015. La acusación siempre fue la misma: sus letras son humillantes para las víctimas del terrorismo. La acusación resulta más que curiosa cuando la misma Audiencia Nacional ha rechazado este extremo. 

Especialmente dura fue la campaña que sufrieron tras tocar en Sevilla en 2010 en un festival promovido por el Ayuntamiento para conmemorar el aniversario de la II República. La exalcaldesa de la ciudad Soledad Becerril, posteriormente defensora del Pueblo entre 2012 y 2017, criticó duramente al grupo por "atentar contra la dignidad de las víctimas". En la Cadena Cope, la periodista Cristina López Schlichting se refirió a la polémica como "ignominioso concierto" y acusó al grupo de rap valenciano de "escarnecer la figura de Ortega Lara" y "apoyar a la red juvenil de ETA Segi". Asimismo, también señaló que los raperos eran "de origen vasco". No era real, son valencianos, pero daba igual. Ayudaba a criminalizar. 

"Hemos visto cómo tras alquilar una sala en una localidad llegaba un técnico municipal enviado por el político de turno y advertía a los responsables de que si el concierto se celebraba enviarían inspectores, revisarían todos los papeles, permisos, etc. así que el dueño del local terminaba suspendiendo el concierto para no verse en problemas. Esto nos ha pasado a nosotros, pero también a otros muchos como Fermín Muguruza, Soziedad Alcohólika o Lendakaris Muertos", prosigue Mejías. 

"Nosotros tenemos claro de qué hablamos en nuestras letras y que nunca hemos enaltecido el terrorismo ni humillado a las víctimas", dice el vocalista de Lendakaris

El cantante de Lendakaris Muertos es Aitor Ibarretxe y este grupo de punk es la provocación hecha letra y música. No eluden ni una polémica. Ya sea sobre la organización terrorista ETA, sobre la kale borroka, el nacionalismo, el euskera o las drogas... Cuanto más delicado es un tema, más posibilidades hay de que este grupo haga una canción al respecto. De hecho, el grupo ha conseguido algo especialmente raro: despertar antipatías en personas de la izquierda abertzale, ser golpeados por red-skins en Madrid y amenazados por grupúsculos nazis. Sentirse ofendido con una letra de Lendakaris es habitual y durante años han estado vetados en muchas localidades del Estado por, presuntamente, enaltecer el terrorismo. Una vez más, la Audiencia Nacional había rechazado previamente semejante acusación, pero servía para azuzar el ambiente cada vez que acudían a una localidad. 

"Nosotros tenemos claro de qué hablamos en nuestras letras y que nunca hemos enaltecido el terrorismo ni humillado a las víctimas. Hacemos letras ambiguas, provocadoras. Jugamos mucho al doble sentido y tocamos temas complicados", explica a Público Ibarretxe, que apunta que su grupo nunca ha tenido que sentarse en el banquillo, pero que sí han sufrido otro tipo de censuras y campañas de acoso y derribo para que les anularan conciertos. "Hemos visto cómo ha sido habitual que nos utilizaran como arma arrojadiza entre partidos. Sobre todo el PP en localidades donde acaba de perder el poder. También nos han hecho boicot durante mucho tiempo. La misma Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) ha mandado cartas a salas con denuncias veladas para que no acogieran nuestro concierto", prosigue el cantante. 

La represión económica

Este tipo de censura, dice Ibarretxe, es una "represión económica" que ataca donde más duele al grupo: el bolsillo. Si las bandas no consiguen rentabilizar económicamente su música lo normal es que se dediquen a otra cosa. Es una manera de seleccionar qué está bien y qué esta mal de una forma más indirecta y que causa menos revuelo que meter a un cantante en prisión. "Un grupo necesita conciertos para sobrevivvir... Si no puedes tocar, es difícil continuar adelante", señala Ibarretxe. 

Por ejemplo, el propio Pablo Hasel, actualmente condenado por la Audiencia Nacional por enaltecimiento e injurias a la Corona, ha denunciado en este periódico presiones de policías a salas de conciertos donde él actuaba para que su actuación fuera cancelada. Berri Txarrak también ha visto cómo le anulaban una actuación a pocos días en Rivas Vaciamadrid. El PP también suspendió en 2012 la actuación de Reincidentes, Porretas, Boikot y Yesca en la localidad de Casarrubuelos. Un año después, en 2013, era el presidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González el que cancelaba el festival Irreductibles Fest, que en un primer momento iba a tener lugar en la Sala Rock Kitchen. También en 2013, Alcalá de Henares prohibió la actuación de Fermín Muguruza en el festival Planet Babylon alegando "una vulneración de los valores y normas de convivencia propugnados en nuestra Constitución". En el mismo año, la sala Caracol de Madrid canceló un concierto del grupo H Kanino por supuestas presiones por parte de la Policía. 

Por otro lado, antes de la reforma del Código Penal de 2015, la Asociación de Víctimas del Terrorismo trató (sin éxito) de sentar ante los jueces a varios grupos. En 2009, por ejemplo, denunciaron a Piperrak, a Lendakaris Muertos y a Su Ta Gar. La misma asociación se había querellado previamente contra Soziedad Alkohólica. En todos los casos por humillación a las víctimas y en todos los casos la acusación fue rechazada por la justicia. En el caso de Soziedad Alkohólika, la Audiencia Nacional desestimó que su canción Explota zerdo enalteciera el terrorismo, pero aún así, nueve años después, el Ayuntamiento de Madrid, gobernado por la conservadora Ana Botella, censuró un concierto de la banda basándose en un polémico informe policial que advertía de posibles "alteraciones del orden".

"El Estado español se está comportando de una manera cada más represora", denuncia Soziedad Alkohólika

La propia delegada del Gobierno en Madrid, por entonces Cristina Cifuentes, pidió a la Fiscalía que estudiara la prohibición de esta actuación. "Saben que ETA no va a volver a actuar y pretenden alarmar a la población creando enemigos donde no los hay para así rentabilizar políticamente el miedo que generan ellos mismos", relataba durante aquellos días el grupo a Público. Hoy la situación es diferente. Un rapero acaba de darse a la fuga para no entrar en prisión por el contenido de sus canciones.

El cantante de Lendakaris Muertos señala que es evidente que el Estado "ha metido una marcha más" en la máquina represora. "Ahora llegan hasta puntos donde antes no se atrevían. No me cabe duda de que medirán la respuesta de la sociedad al encarcelamiento de Valtonyc para ver si siguen por esta línea o no", comenta. Por su parte, Soziedad Alkohólika, señala a Público que "mientras la sociedad avanza y se hace más plural y diversa, el Estado español se está comportando de una manera cada más represora". 

"Queda claro que las leyes las hacen para acallar a los que se rebelan. Nosotros apoyamos el derecho de Valtonyc y el de cualquier artista para expresarse como crea conveniente", defienden los miembros de Soziedad Alkohólika, que ya han confirmado su presencia en el festival por la libertad de expresión que se celebrará el próximo 17 de junio en Mallorca. 

Hacia la autocensura

En estas circunstancias, los artistas consultados por este periódico explican que "no tienen miedo" a componer nuevas canciones aunque saben que las denuncias que otrora fueron archivadas pueden volver a interponerse con diferente resultado. El propio Toni Mejías, de Los Chikos del Maíz, reconoce que es difícil aislarse del contexto en el que artista trabaja.

"Aunque todos digamos que esto no afecta a la hora de escribir, la verdad es que, queramos o no, lo vamos interiorizando. Sabemos que hay determinadas líneas que es mejor no cruzar. Estamos en un punto muy delicado para la libertad en el Estado. Si han conseguido prohibir una canción o meter en la cárcel a alguien por una canción es que ya puede ocurrir cualquier cosa. Ya no existe la libertad de expresión. Además, nos han dejado claro que pueden cambiar la ley para convertir en delito lo que antes no lo era. Hay que salir a la calle a protestar. No puede ser que quieran encarcelar a un rapero y medio país hable del chalé de Pablo Iglesias e Irene Montero. No puede pasar lo mismo que con Alfon, que sigue en prisión y ya casi nadie se acuerda", sentencia Mejías. 

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