La libertad de expresión vive un "momento crítico" en España, según la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI), que advierte que sentencias condenatorias como la del rapero mallorquín Valtonyc tendrán un impacto de autocensura en la creación artística. 

"Estamos en un momento que consideramos crítico. (...) En España desde hace unos años hay una persecución al disidente, a todo aquel que rompe con lo políticamente correcto se le castiga. Esto viene derivado del paquete de leyes mordaza", ha asegurado la presidenta de la PDLI y codirectora de Público, Virginia Pérez Alonso.

Por su parte, los juristas y asesores de la PDLI Carlos Sánchez Almeida y Joan Barata han alertado del riesgo que suponen las condenas a prisión de Valtonyc, y otros raperos, para el resto de artistas. 

"Nos preocupa la libertad y el efecto que la sentencia puede tener sobre la creación artística. El Tribunal Supremo está creando un clima determinado que va a afectar a la actividad de los artistas", ha dicho el experto en Derecho Internacional y exasesor de la OSCE sobre libertad de expresión Joan Barata durante la rueda de prensa que se ha celebrado este jueves para analizar la situación del rapero mallorquín y del actor Willy Toledo, que ayer, por el miércoles, estaba citado a declarar por un delito contra los sentimientos religiosos. 

"El problema no son las canciones por las que se ha condenado a Valtonyc, sino las que se dejarán de componer por esa condena", ha añadido el director legal de la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI) y abogado experto en redes, Carlos Sánchez Almeida, que ha señalado que, en su opinión, la sentencia del Supremo que envía a prisión a Valtonyc es "errónea". 

"No explica cuál es el riesgo real de las palabras o canciones de Valtonyc", ha defendido Sánchez Almeida, que también ha pedido, en nombre de la PDLI, que se deroguen los delitos enaltecimiento del terrorismo y de injurias a la Corona. 

Por su parte, el letrado Joan Barata ha criticado que se utilice el derecho penal para "dar escarmientos y limpiar ofensas" en lugar de para evitar los riesgos reales en una sociedad y ha recordado que no existe el derecho a no ser ofendido.

Ambos juristas han lanzado duras críticas a las reformas del Código Penal y las denominadas leyes mordazas -que han calificado de "liberticidas"- y han incidido en que la libertad de expresión ha de ser la regla que prime y sus límites, la excepción, por lo que han de interpretarse de la manera más restrictiva posible. "Rechazamos que la legislación antiterrorista se utilice para castigar discursos extremos. (...) Ese marchamo del terrorismo es la excusa perfecta para cometer tropelías antidemocráticas", ha aseverado Virginia Pérez Alonso.

La responsable de la PDLI ha lamentado también que la figura del delito de odio se esté convirtiendo en una especie de "cajón de sastre" en el que cabe todo y ha exigido a España que respete la libertad de expresión según lo que dicta el marco internacional al que está suscrito.