Los veterinarios, adiestradores y cuidadores del Centro de Protección Animal (CPA) del Ayuntamiento de Madrid se encuentran desbordados ante la imposibilidad de dar salida o encontrar adoptantes para los 148 perros catalogados como potencialmente peligrosos que están albergados en las instalaciones.

Del total de 182 canes que ocupan los cheniles, 148 de ellos (un 81,32%) responden a las características previstas para su calificación como potencialmente peligrosos, según consta en el Real Decreto 287/2002, que regula la tenencia de estos animales

Las instalaciones ubicadas en el Barrio de La Fortuna, en Cuatro Vientos (Latina), atienden a 55 pit bull terrier, 36 american staffordshire terrier, 53 mestizos, 30 cruces de pit bull, 4 cruces de american stafford, 1 rottweiller, 1 dogo argentino, 1 presa canario y un american bully.

En los últimos años, la recogida de estos animales abandonados por sus dueños ha experimentado un notable aumento. Así, entre los meses de enero y febrero de 2018 el porcentaje de entradas de este tipo de perros fue del 16%, mientras que en el mismo periodo del año actual la cifra se ha disparado hasta el 26%, según datos facilitados a este diario por los gestores municipales.

Encontrar un adoptante para ellos es una misión casi imposible. Por un lado, la legislación sobre la tenencia de estos canes, que obliga a los dueños a cumplir muchas normas, y los casos de ataques a personas que aparecen recogidos con relativa frecuencia en los medios de comunicación ha hecho que sobre ellos pese una “leyenda negra” que los condena a permanecer sine die en centros especializados.

Equilibrados y con buen carácter

En este sentido, los empleados del CPA destacan que, si bien en el momento de su ingreso la mayoría de ellos tiene un buen carácter y son considerados como animales equilibrados, la estancia prolongada, que les impide realizar el ejercicio necesario y tener un mayor contacto humano, hace que muchos de ellos entren en estado de estrés crónico, lo que complica todavía más su salida.

A estas circunstancias hay que sumar la obligación que tienen los dueños de cumplimentar unos trámites administrativos complejos y de llevar al perro permanentemente atado y con bozal, lo que mueve a los posibles adoptantes a elegir una raza más tranquila que no le suponga tantos problemas.

La saturación de perros potencialmente peligrosos en el centro del barrio de La Fortuna no es un obstáculo, sin embargo, para garantizar la recogida y el mantenimiento del resto de perros abandonados.

Las fuentes consultadas se muestran tajantes a este respecto: “Hacemos un esfuerzo constante para atender a los animales que se encuentran en situación de abandono. Ahora bien, para garantizar unos mínimos estándares de bienestar en los animales, así como la salud y seguridad de las personas que los cuidan, la respuesta no puede ser el hacinamiento en condiciones que superen la capacidad de atención disponible, sino ofrecer a un número limitado de ellos condiciones humanitarias durante su estancia en las instalaciones, y agilizar al máximo su salida, minimizando los tiempos de estancia”.

“Para evitar el riesgo de hacinamiento por el desequilibrio entre los ingresos y las salidas, el cupo diario de entrada de animales ha de calcularse igual que se hace en cualquier organización con capacidad finita para ofrecer una determinada atención o servicio: una vez cubierto el número de animales que se pueden albergar en condiciones que garanticen su salud y bienestar, el número admitido de ingresos está dictado, en última instancia, por el número de adopciones o de devoluciones a su propietario que se produzcan”, subrayan las mencionadas fuentes.

Vacunas y microchips

El CPA colabora con otras asociaciones protectoras para promover la búsqueda activa de un nuevo hogar para estos animales peligrosos. Y durante ese tiempo se ocupa de esterilizar a los canes, vacunarlos, desparasitarlos, realizarles las pruebas de leishmania e identificarlos con un microchip a nombre de una asociación o, en su caso, de un particular.

En el centro municipal reconocen, con pesar y hasta con resignación, que estas asociaciones privadas tienen las mismas dificultades y están empezando a mostrar los mismos signos de saturación que las instalaciones del Ayuntamiento.
La actual legislación, que entró en vigor en febrero de 2017, prohíbe el sacrificio de animales de compañía excepto por motivos sanitarios, de seguridad para las personas o animales, o de existencia de riesgo para la salud pública o medioambiental.

Esto significa que no se pueden sacrificar animales por el simple hecho de su permanencia en centros de acogida, independientemente del tiempo transcurrido desde su entrada. Igualmente, tampoco se puede sacrificar animales con enfermedades tratables en las que la mascota pueda llevar una vida digna, previo informe veterinario.