La abogada de Ángel Hernández, el marido que ayudó a morir a su mujer, María José Carrasco, enferma terminal, ha asegurado que le conoció el pasado mes de octubre porque quería impugnar la decisión de la Comunidad de Madrid de denegarle una residencia temporal a ella mientras él se operaba de una hernia.

Fuentes de la Consejería de Políticas Sociales y Familia han señalado que "en ningún caso" se dejó a esta pareja desamparada y que se le ofreció una plaza en una residencia en el 2011. La letrada de Ángel pedirá que se aplique el atenuante que contempla el artículo 143.4 del Código Penal para que no tenga que entrar en prisión, pero no descarta pedir el indulto si hay una sentencia condenatoria.

Ángel acudió a su despacho en octubre para impugnar la decisión de la Comunidad de Madrid: "Nos pusimos con el tema. A ella la mandaron a paliativos, y luego él le dijo que dejara (el procedimiento iniciado), porque parecía que el fallecimiento parecía inminente, pero la realidad es que han pasado bastante meses y mira al final como se ha desarrollado la cosa", ha explicado.

Este viernes, el propio Hernández ha dicho que tenía una hernia discal y que tuvo una umbilical por los esfuerzos. Además, ha asegurado que había hecho un escrito de quince páginas relatando cómo se habían sentido "abandonados completamente" en este proceso por la Comunidad de Madrid.

Fuentes de la Consejería de Políticas Sociales y Familia han señalado, sin embargo, que la Administración autonómica madrileña "en ningún caso ha dejado a esta pareja desamparada". Desde el primer momento, según las fuentes, esta persona ha recibido asistencia por parte de los profesionales de los diferentes departamentos de atención a la dependencia y discapacidad.

En el 2011 se le ofreció una plaza en una residencia y unos días después, según las fuentes, "renunció a ella", lo que provocó que automáticamente fuera excluido de la lista. Dos años después solicitó otra vez la plaza y reingresó en la lista de espera, pero se le calculó un nivel de ingresos muy elevado que penalizaba al solicitante.

Desde la Consejería se asegura también que no consta ningún escrito que acredite una situación de emergencia social para priorizar su caso sobre otros. Hace tres meses solicitó un nuevo recurso, en este caso de ayuda a domicilio, que actualmente estaba en tramitación, por lo que se le había solicitado la documentación relativa a su nivel de ingresos, según la Consejería.

Además, "estaba siendo atendida regularmente" por los equipos de cuidados paliativos de la sanidad madrileña tanto de atención domiciliaria como del Summa 112. Esta misma semana recibió atención domiciliaria, según estas mismas fuentes.