El juzgado de lo Penal Nº2 de Pamplona ha condenado a dos presidentes de un coto de caza y a un guarda de caza a dos años y ocho meses de prisión por un delito contra la fauna al haber envenenado 138 aves rapaces y 4 cuervos a través del uso de cebos con veneno. Se trata del mayor caso de envenenamiento registrado y la sentencia más contundente hasta la fecha, ya que los acusados tendrán que ingresar en prisión al recibir una condena superior a los dos años. 

La sentencia, además, condena a los responsables a indemnizar a la Comunidad Foral de Navarra con el pago de 67.538,68 euros y les impone a cada uno el abono de una cuarta parte de las costas judiciales. A la sanción económica y la pena de prisión, se debe añadir el dictamen de la Justicia que inhabilita a los responsables del delito en 5 años y cuatro meses para ejercer su derecho a caza y pesca, así como para para el desarrollo del oficio de guarda.

Los hechos se produjeron en los cotos de caza de Tudela y Cintrúenigo (Navarra) en 2012, donde murieron 138 aves rapaces y 4 cuervos por ingerir cebos envenenados. El uso de veneno en cebos–tipificado como delito por el artículo 336 del Código Penal– provocó la muerte de especies protegidas como son los alimoches, milanos negros, aguiluchos laguneros, los buitres leonados y de especies "en peligro de extinción" como el milano real.

"En los cotos de caza el uso de venenos es un uso ilegal de control de depredadores", explica a este diario David de la Bodega, responsable del programa legal de SEO/BirdLife, una de las organizaciones que se han personado en la causa junto a WWF y Ecologistas en Acción. Con el uso de cebos envenenados se pretende maximizar la repoblación de especies cinegéticas dentro del entorno del coto. Sin embargo, este es un método que no es selectivo, ya que cualquier animal puede acceder al veneno, sea depredador o no, y terminar muriendo. 

Desde las organizaciones ecologistas recalcan el valor de las investigaciones previas del Guarderío Forestal y la Policía Foral de Navarra, que mediante una investigación sustentada en escuchas telefónicas consiguieron constatar como los responsables efectuaban el procedimiento del envenenamiento. De hecho, estas escuchas son pruebas "esenciales" para entender la contundencia de esta sentencia.

El uso de cebos envenenados es una práctica común en España, pese a ser ilegal. Según las denuncias ecologistas, el registro de animales muertos por esta causa asciende a los 18.503, una cifra que podría ser mayor, ya que la mayoría de los sujetos envenenados no son localizados.

"Existe un cierto número de especies vulnerables que resultan mucho menos detectables en los envenenamientos, como numerosos mamíferos predadores y algunos reptiles", concluye el informe de Ecologistas en Acción Casos graves de envenenamiento en España.