Faltan siete semanas para el inicio del curso escolar en el País Valenciano y, aunque el período de admisión a las escuelas ya estaba cerrado y todas las familias ya tenían la plaza adjudicada, la planificación ha quedado alterada. El Tribunal Superior de Justicia Valenciano (TSJCV) ha decidido suspender cautelarmente la orden de la Conselleria de Educación por la cual se reduce la ratio de 25 a 23 alumnos por aula en el primer nivel del segundo ciclo de educación infantil (3 años) en diversos centros educativos de 34 municipios. El fallo considera que hay invasión de competencias estatales.

La medida, si bien aún no es firme, afecta a un centenar de unidades y a un máximo de doscientas familias que ahora tienen la opción de matricularse en aquellos centros en los que se ha ampliado la ratio por dictado judicial. No en vano, la Inspección General de Educación ya se ha puesto en contacto con los centros implicados y, por consiguiente, las comisiones de escolarización de los municipios afectados ya trabajan en la ejecución de la medida cautelar.

La afectación, a pesar de ello, no es especialmente masiva. Desde la Conselleria de Educación informan que, en la mayoría de los centros de los 34 municipios, existían más plazas ofrecidas que demanda. De los 238 centros de Infantil y Primaria de estas localidades, solo en 75 se daba el caso de una demanda por encima de la oferta. En Albaida, por ejemplo, en ningún centro educativo ha habido lista de espera. En otros casos, como en Alcoi, sí se han dado listas de espera en dos centros educativos de los 14 existentes.

Sea como sea, desde la Conselleria ya han declarado que, una vez la sección cuarta del TSJCV emita una sentencia firme, la Abogacía de la Generalitat la recorrerá. El secretario autonómico de Educación y Formación Profesional, Miquel Soler, admitió su sorpresa ante el hecho de que Escuelas Católicas, una de las grandes patronales de la concertada, presente un recurso ante una medida que encuentra consenso entre la comunidad educativa como es la de la reducción de manera progresiva del número de alumnos por aula.

El Gobierno valenciano recuerda, asimismo, que la competencia exclusiva en materia de planificación educativa es autonómica y que “la normativa estatal marca máximos de ratio, no mínimos”. De hecho, la valenciana no es la única autonomía que tiene establecidas las ratios de las etapas educativas por debajo de las máximas que marca el decreto estatal de 2010. En Aragón, por ejemplo, la ratio máxima en Infantil está fijada en 22 alumnos.

Pulso a la escuela pública

“Cuantos menos alumnos por aula, más calidad y mejor atención educativa a la diversidad. Se puede atender mejor a aquellos alumnos con necesidades especiales, en riesgo de exclusión o con altas capacidades. Es evidente”. Son palabras de Màrius Fullana, presidente de FAMPA-València y vicepresidente de la Confederació de Mares i Pares d’Alumnes Gonzalo Anaya. Su valoración no difiere de la del resto de entidades valencianas por una escuela pública de calidad. Fullana lamenta que este tribunal ponga sistemáticamente impedimentos a cualquier avance en la línea de mejorar la educación pública y apunta que la decisión judicial refuerza los intereses de la enseñanza concertada: “A la concertada le interesa el mayor número de alumnado porque se abren vías de ingresos. Cuantos más, mejor para ellos. No les interesa la calidad de la educación, solo el negocio. Nosotros lo miramos al revés. Queremos más calidad, más medios, más profesorado y clases menos pobladas”.

El rechazo público a la decisión judicial no se ha hecho esperar. El sindicato mayoritario de la enseñanza pública valenciana, STEPV, se concentró el pasado jueves ante el TSJCV para denunciar lo que consideran un retroceso que afecta a los alumnos tanto de los centros públicos como de los concertados. Además del impacto sobre la calidad educativa, el sindicato remarca que la medida judicial atenta contra las condiciones laborales del profesorado. STEPV ha anunciado que está preparando mociones para que los ayuntamientos y los consejos escolares afectados manifiesten su contrariedad a una decisión que parte, dicen, de la obstinación de la patronal de la concertada en su pulso a la escuela pública.

De hecho, el mismo tribunal ya anuló en octubre del año pasado otra orden que rebajaba el número máximo de alumnos por aula en Infantil correspondiente al curso 2017-2018. La Conselleria había planificado esta reducción de la ratio en algunas localidades donde había bajado más la natalidad y el contexto lo permitía. En aquella ocasión, la patronal concertada también obtuvo sentencia favorable pero el fallo llegó con el curso acabado y no tuvo efecto ninguno. Escuelas Católicas argumenta siempre que se está limitando la libertad de elección y ve perjuicio en el acceso de las familias a una plaza en la red concertada.

Lo cierto es que las patronales concertadas se han convertido en el azote judicial de la Conselleria de Educación desde la llegada en 2015 de Vicent Marzà (Compromís) a los mandos del departamento. El conseller formuló desde el inicio que, con el cambio de color en la Generalitat, se iba a poner “fin a la barra libre de la concertada”. No era para menos: durante las mayorías absolutas del PP, la escuela concertada gozó de un absoluto blindaje mientras la política de desgaste sobre la pública desembocó en la proliferación de barracones que afectaron a más de 70.000 alumnos y una drástica reducción de aulas. Todo ello, con la sombra añadida de pagos excesivos a colegios concertados.

De hecho, actualmente hay una causa judicial en marcha al expresidente y el exgerente de la patronal concertada Feceval por presuntas contrataciones irregulares de personas que habrían cobrado por una labor docente no realizada con cargo a la Conselleria de Educación durante el mandato del PP pero que realmente realizaban tareas para esta patronal aprovechándose del convenio con la Administración. Un informe de los auditores de la Generalitat, además, revelaba en 2013 cobros a los padres de forma indebida en concepto de material escolar o uniforme (las llamadas “cuotas voluntarias” que el gobierno del Botànic ha prohibido). 

Tras los primeros pasos dados por el gobierno progresista valenciano, las escuelas privadas con subvenciones públicas clamaron contra lo que calificaron una persecución del Consell contra la concertada. La creación de una Mesa por la Educación en Libertad —un paraguas organizativo donde confluyen las entidades en defensa del modelo educativo privado y concertado— y alguna protesta en la calle al lado de los dirigentes de PP y Ciudadanos protagonizaron una reacción sin precedentes durante los primeros meses de gobierno botánico. El arreglo escolar de Marzà, que ha igualado los criterios de todos los centros con fondos públicos y que ha supuesto la recuperación de las más de cuatrocientas unidades públicas suprimidas por el PP desde 2012, han llevado a los principales actores de esta red a acudir sistemáticamente a los tribunales —también contra la aplicación del protocolo sobre identidad de género en las aulas—. Ha sido precisamente con la bajada de las ratios que el gobierno valenciano ha empezado a revertir las altas concentraciones de alumnado por aula que se dieron con el PP, apuntaladas por el conocido como “decreto estatal de los recortes” (Real Decreto-Ley 14/2012, de 20 de abril).

Judicialización efectiva 

Y, visto en perspectiva, a la concertada le ha ido bien acudir a los tribunales. Las diversas sentencias del TSJCV que obligan a la Conselleria a mantener las aulas concertadas que no se renovaron (en algunos casos, se trata de centros elitistas o que segregan por sexo) ponen en cuestión la delimitación de la política educativa de los gobiernos y chocan con el papel mucho menos activo que estos mismos tribunales llevaron a cabo ante la supresión de centenares de aulas públicas durante la etapa del PP, cuando sí se argumentaba que se trataba de “una prerrogativa del ejecutivo”.

Así pues, las enmiendas a las políticas educativas de la actual Conselleria de Educación a través del capítulo judicial se han convertido en una constante. Recientemente, el TSJCV estimaba parcialmente un recurso interpuesto por el Arzobispado de València contra la exclusión de la asignatura de Religión en segundo curso de Bachillerato y obligaba, de esta manera, a que forme parte del bloque de materias optativas específicas de esta etapa cuando nunca se ha ofrecido en este escalón educativo. Es el mismo tribunal que obliga a ofrecer Religión el que persiguió la política de plurilingüismo durante toda la legislatura pasada por “discriminación del castellano”.