“¿Qué dice? Hábleme en castellano” respondía a Irene G., la hija de una paciente, un trabajador del servicio de urgencias del 112 de la localidad de Sant Vicent del Raspeig (Alicante). Así lo recoge la denuncia de la Plataforma per la Llengua País Valencià, en torno a un caso acontecido el pasado junio cuando la afectada llamaba a una ambulancia para que atendiera a su madre.

Tras esta negativa, Irene cuestionó la respuesta del sanitario, preguntándole por qué le contestaba a todo lo que decía si, según él, no le entendía, según recoge la denuncia. Después, tras asegurar al operario que le dolía el corazón y estaba sufriendo “ansiedad”, este, lejos de preocuparse por la salud de la mujer, le contestó exaltado: “¡Viva España, viva el rey, viva el orden y la ley”.

En este convulso contexto, el pasado 24 de junio la consellera de Justicia, Administración Pública e Interior de la Generalitat valenciana, Gabriela Bravo, aseguró en una entrevista para Las Provincias se mostraba a favor de incorporar la capacitación lingüística en el servicio sanitario. Sin embargo, puntualizaba que se debe hacer de “manera ordenada y proporcional” e incluso valoraba “contemplar la exención” en el ámbito sanitario. “Entre una buena atención sanitaria y exigir el título de valenciano, hay que garantizar la salud del ciudadano”, sentenciaba.

Otros casos recientes de ‘valencianofobia’

Este caso de discriminación es, sin embargo, uno más dentro de una amplia lista de denuncias de la plataforma en la comunidad. Hace apenas unos días, a mediados de julio, la polémica se centraba de nuevo en los servicios sanitarios. Esta vez en la localidad valenciana de Beniparrell, un vecino preguntaba en su centro de salud por los resultados de una analítica de su padre. Sin embargo, la operaria de la institución declaró no entender valenciano y se negó a escuchar al atendido, pese a que este reclamó su “derecho a hablar en valenciano”.

Saliendo del ámbito sanitario, el pasado mes de junio un repartidor de comida a domicilio fue detenido por la Policía tras adelantar a unos coches que ocupaban el carril bici y no llevar encima el DNI. Pese a comunicar a los agentes su número de identificación en valenciano de manera oral, estos le pidieron que hablara en castellano y finalmente lo trasladaron a la policía por negase a identificarse.

Un derecho garantizado por la ley

Tal y como recoge la Plataforma per la Llengua en su comunicado, se trata de un derecho protegido por el Estatuto de Autonomía de 2006, pero al mismo tiempo resulta necesario que la Consejería realice un informe que recoja de manera detallada dichos derechos y “se elabore un protocolo a fin de evitar que estas situaciones se vuelven a repetir”.

Según lo dispuesto en el artículo 9 de este escrito, los valencianos tienen derecho a “dirigirse a la Administración de la Comunidad Valenciana en cualquiera de sus dos lenguas oficiales y a recibir respuesta en la misma lengua empleada”.

Algo que se complementa con lo dispuesto en el artículo quinto de la Ley de uso y enseñanza del valenciano: “La Administración adoptará las medidas necesarias para impedir la discriminación de ciudadanos o actividades por el hecho de usar cualquiera de las dos lenguas oficiales”. Y también en su artículo 16, donde se explicita que las empresas y servicios públicos “deben garantizar que los empleados que tienen relación directa con el público tengan el conocimiento suficiente del valenciano para atender con normalidad”.