La mañana del 6 de febrero de 2014, tras haber intentado previamente burlar a pie el perímetro fronterizo de Ceuta, el mar se tragaba a 15 personas (que se sepa) que trataban de alcanzar a nado la costa española vadeando el espigón de la playa de El Tarajal, mientras los agentes de la Guardia Civil les disparaban pelotas de goma y botes de humo.

Además, los 23 supervivientes que llegaron al arenal ceutí fueron entregados inmediatamente a los agentes marroquíes de manera irregular a través de la valla, sin tener en cuenta si se trataban de potenciales asilados, lo que popularmente se conoce como devoluciones en caliente.

Ahora, la Justicia ha decidido procesar por homicidio involuntario a un total de 16 miembros de la Guardia Civil —un sargento, un capitán, un teniente y 13 agentes— por aquellas muertes, y la magistrada encargada del caso es contundente: la protección de la frontera frente a intentos de entrada ilegal "no puede ser justificación para recurrir a prácticas incompatibles con los derechos humanos".

Todo el caso está plagado de dudas que cuestionan directamente la actuación del Gobierno del PP de entonces. En un primer momento, el delegado del Gobierno en Ceuta y el director de la Guardia Civil llegaron a negar que hubiese disparado siquiera una pelota de goma, pero posteriormente el ministro del Interior Jorge Fernández Díaz —que siempre defendió la actuación de los agentes— reconoció en el Congreso que sí se habían producido esos lanzamientos, aunque "lejos" de donde estaban los migrantes.

La polémica que se levantó en torno a estas muertes fue tal que el Ministerio tuvo que publicar varios vídeos —editados— que grabaron las cámaras del SIVE y de la valla fronteriza para defenderse y, de alguna forma, criminalizar a las víctimas.

A finales de 2014, las primeras declaraciones los agentes negaron en rotundo que su actuación fuese errónea, aunque habían hecho uso de material antidusturbios (pelotas de goma y gas lacrimógeno) sin pedir permiso.

El propio secretario de Estado de Seguridad de entonces, Francisco Martínez, tuvo que explicar los detalles en la Comisión de Interior del Congreso a la luz de esa información: "Ante la Guardia Civil no había nadie que se estuviera ahogando; murieron en aguas marroquíes", llegó a decir en el Parlamento.

En una de ellas, los agentes advierten de que hay migrantes nadando y piden instrucciones: "¿Los cogemos?" "No lo sé —contestan en el centro operativo— por lo menos retenerlos y que no sigan avanzando, que van para Ceuta". La respuesta: "Es imposible, han pasado por detrás de nosotros y o los cogíamos o los dejábamos avanzar".

El 15 de octubre 2015, el Juzgado de Instrucción 6 de Ceuta exculpó a los 16 guardias civiles imputados en este caso. No había pruebas suficientes de que la actuación de la Guardia Civil hubiera contribuido a la muerte de estas personas. De acuerdo con el texto del auto, los migrantes asumieron el riesgo de entrar ilegalmente en territorio español por el mar a nado, en avalancha y haciendo caso omiso a las peticiones de las fuerzas marroquíes y de la Guardia Civil.

Dos años más tarde, en enero de 2017, la Audiencia de Ceuta reabrió el caso. Se asumía que no había pruebas suficientes, pero también que no se buscaron como es debido, decía el auto. Quizás hubo "prisas innecesarias".

Las muestras de solidaridad con las víctimas y de denuncia pública por la actuación de la Guardia Civil han mantenido viva esta causa. Dos documentales sobre el tema y la presión de organizaciones que defienden los derechos humanos consiguieron que las voces de las víctimas de esta tragedia no se apagaran.