El Gobierno de Aragón ha autorizado la caza de conejos en vivo y con trampas durante todo el año y sin licencia en los 118 municipios afectados por superpoblaciones de esta especie dentro de una batería de medidas que tiene como objetivo intensificar la captura de ejemplares de esta especie en el territorio de la comunidad, y entre las que se incluye que los socios de los cotos puedan abatirlos “durante todos los días del año mediante cualquiera de las modalidades de caza y captura permitidas en cada fecha concreta”.

La finalidad de la medida consiste en atajar una plaga que oficialmente afecta a 118 de los 731 municipios de la comunidad (más los que puedan incluirse hasta la primavera de 2021, en los que “está provocando daños desproporcionados, de extrema gravedad, sobre los cultivos agrícolas” y un “consumo excesivo de las especies vegetales silvestres” que “está afectando no sólo a la agricultura, sino también a la ganadería extensiva de ovino y a muchas otras especies animales silvestres con los que comparten el hábitat”.

Así lo explica la Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente que dirige Joaquín Olona en el decreto por el que “se adoptan medidas extraordinarias y urgentes para el control de la población silvestre de conejo común en Aragón”, y que obliga a los responsables de los cotos afectados (ayuntamientos en la mayoría de los casos) a optar en treinta días por presentar un “Plan de medidas de intensificación de la caza del conejo” con un mínimo de veinte jornadas de batidas al mes o por solicitar a la comunidad que intervenga “a través de la Federación Aragonesa de Caza, en los cotos y en los terrenos no cinegéticos”, con el objetivo de “intensificar la caza del conejo y reequilibrar su población”.

El escuadrón del conejo se adelanta al del jabalí

Esa intervención se llevará a cabo mediante los llamados “cazadores habilitados”, una especie de unidad específica de escopeteros cuyo registro y control queda en manos de la Federación de Caza y cuya presencia podrán solicitar los ayuntamientos de los 118 pueblos afectados para que se encarguen, a tiros, del ”control poblacional del conejo”.

El decreto autoriza al Departamento de Agricultura “para que pueda apoyar económicamente a las entidades colaboradoras en materia de caza que participen en el logro de los objetivos de control poblacional perseguidos por este decreto-ley”, es decir, al ente federativo.

El Gobierno de Aragón se adelanta así al Ministerio de Agricultura, que lleva meses estudiando la viabilidad de poner en marcha un cuerpo de cazadores de elite para diezmar la creciente cabaña de jabalíes y evitar que, como está ocurriendo en buena parte de Europa, este animal silvestre actúe como vector de expansión de la Peste Porcina Africana (PPA) y acabe poniendo en riesgo el boyante (y contaminante) negocio de la ganadería industrial del porcino, que está arrasando las explotaciones familiares.

Matar al depredador natural de la pieza

La plaga afecta a la quinta parte de los municipios de una comunidad en la que, según los datos del Ministerio de Agricultura, más del 95% del territorio está declarado como cinegético y donde la caza del conejo ha sido históricamente, y sigue siéndolo, intensa: el volumen anual de abatimientos supera el medio millón de ejemplares, con 376.661 en Zaragoza, 143.054 en Huesca y 47.810 en Teruel, y pasa de 600.000 con las 41.000 liebres cuando el registro estatal se sitúa en 6,023 millones de piezas (6.765 con liebres).

Eso significa que casi la décima parte de los conejos silvestres que cada año se matan en España son abatidos en Aragón, comunidad sobre la que las mismas estadísticas oficiales ofrecen otro dato relevante: los cazadores acaban anualmente con más de 20.000 zorros, el principal depredador natural de la especie que, a base de desequilibrar los ecosistemas, ha terminado por convertirse en una plaga.

El propio Gobierno de Aragón ha acabado por reconocer ese desequilibrio en su último Plan de Caza, en el que ha prohibido tanto el uso de trampas de lazo como el empleo de perros de madriguera contra el zorro en los pueblos afectados por la superpoblación cunícola mientras restringe en el resto de la comunidad a tres meses y medio el periodo en el que permite aplicar primera de esas técnicas.

En cualquier caso, la caza del zorro no es algo exclusivo de Aragón, sino que el volumen de animales abatidos de esta especie se acerca al cuarto de millón (248.537 en 2017) y resulta especialmente intenso en Extremadura (37.811), Castilla-La Mancha (70.514), Castilla y León (28.129) y Andalucía (55.595). En estos tres últimos territorios, junto con Aragón y también con Madrid, Navarra y la Comunitat Valenciana, es donde más se han extendido en los últimos años las superpoblaciones de conejos.

Cazar todo el año con trampas y sin licencia

El decreto aragonés, vigente hasta que termine 2021, contempla que los cazadores habilitados de la Federación visiten los cotos cuando “el plan de medidas de intensificación de la caza del conejo no está surtiendo el efecto deseado en la reducción de daños agrícolas”, así como multas de mil euros por mes para los titulares de cotos que no los elaboren ni pidan la intervención de los escopeteros, y también que esos grupos actúen en zonas no cinegéticas a petición de sus propietarios y de los alcaldes.

El texto establece otras novedades como que a partir de ahora “se podrá cazar el conejo a la espera en madriguera durante todos los días del año” en esos 118 municipios, en los que será obligatorio el uso de luminarias para la caza nocturna con el “objeto de aumentar la seguridad y eficacia” de los disparos y en los que “la tenencia de hurones para la caza del conejo” deja de requerir la autorización previa del Inaga (Instituto Aragonés de Garantía Ambiental).

Paralelamente, “se autoriza la captura en vivo de conejos durante todo el año mediante jaulas-trampa u otros dispositivos apropiados, sin necesidad de licencia de caza por parte de quienes lleven a cabo la acción” y “tanto en los terrenos cinegéticos como en terrenos no cinegéticos de los municipios con sobrepoblación de conejo”. Para hacerlo en los primeros bastará con la autorización del titular, mientras que en los segundos será necesaria la del propietario o arrendatario.